Publicado: 29/03/2024 04:45
Carlos Mazón salvó del cierre a la Agencia Antifraude, pese a la presión de Vox que se inclinaba por "ahorrar los recursos económicos" que se destinan al funcionamiento y personal que la integran. La posición del PP valenciano como socio mayoritario en el Gobierno autonómico ha hecho que Vox se replantee su posición inicial ante la negativa de Mazón.
La postura de partida de Vox sobre la pervivencia de la Agencia Antifraude que lidera Joan Llinares era totalmente contraria, según ha podido constatar Vozpópuli. Y así se lo trasladaron al presidente de la Generalitat.
Esa posición de la formación de Santiago Abascal es clara a nivel nacional y así lo aplicó el pasado 26 de marzo en las Islas Baleares que votó (PP y Vox) en el Parlament a favor de la supresión de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción.
Prohens se pliega a Vox
Marga Prohens se ha plegado a los deseos de Vox porque eran parte del acuerdo para investirla como presidenta el pasado mes de junio. También existía esa exigencia de Vox para que Mazón llegara a la Presidencia de la Generalitat, pero ese requisito no se ha cumplido.
Vox, según las fuentes consultadas, también pretendía el cierre de À Punt y la eliminación de la Ley de Memoria Democrática.
Carlos Mazón evitó la primera exigencia de Vox sobre la radiotelevisión pública y ha maquillado la otra petición bajo la denominación de Ley de Concordia extendiendo el período de reconocimiento de las víctimas hasta 1931 y también a víctimas del terrorismo de ETA y los Grapo.
Las víctimas del franquismo siguen dentro de esa futura ley y Vox sí se puede apuntar una parte de su éxito argumental sobre la necesidad de que en España "no haya una única verdad oficial", como siempre explicita el vicepresidente primero, Vicente Barrera.
Adscrita a Presidencia
En Baleares, el cierre de la oficina de lucha contra la corrupción ya se ha acordado y su director, Tòfol Milan ya ha sido destituido. Y en los próximos seis meses se aplicará la Ley de creación del Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las actividades de los cargos públicos que supondrá el cierre efectivo de la citada oficina.
El control de la corrupción dependerá a partir de ahora de la Presidencia del Gobierno balear, mientras que en la Comunidad Valenciana la Agencia Antifraude seguirá abierta y se mantendrá adscrita a las Cortes Valencianas (lo que garantiza una lógica independencia del Ejecutivo).
Impulsada por Podemos
La importancia de la pervivencia de la agencia que dirige Joan Llinares radica en que ha podido sobrevivir a un cambio del Gobierno autonómico que implica un viraje ideológico por sus nuevos inquilinos (pasa de la izquierda a la derecha).
La Agencia Antifraude estuvo impulsada por Podemos -que llegó a enfrentarse a sus entonces socios de Gobierno, PSPV y Compromís–.
Antonio Montiel, portavoz entonces de Podemos en las Cortes, quería que la oficina estuviera adscrita a las Cortes y el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, prefería que estuviera adscrita al Ejecutivo autonómico. Montiel impuso su modelo y el PP votó en contra.
Por ello, la decisión de Mazón de mantener la oficina es destacable. Su partido votó en contra y 8 años después esta misma formación salva la agencia frente al criterio de Vox que lo ha intentado hasta el último momento. Ya no está previsto que la formación populista cambie de opinión en el trámite parlamentario de la ley.
La Agencia Antifraude nació para cubrir una especie de 'zona muerta' de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía y la Intervención de la Generalitat, o la propia sindicatura de Cuentas.
La realidad que se ha vivido en las últimas semanas con Vox pidiendo a Mazón el cierre de la Agencia Antifraude la ha reconocido el propio Llinares. En la presentación ante las Cortes de la actividad durante 2023 de la oficina que dirige explicaba aliviado que “lo más importante es que durante siete años hemos vivido con el sambenito de que, cuando lleguen los otros la agencia sería eliminada", y eso no se ha producido.
Por eso, que el director de la Agencia Antifraude vaya a ser elegido por mayoría absoluta en las Cortes Valencianas frente a los tres quintos que eran obligatorios ahora, es algo que a Llinares no le preocupa. Lo importante estaba conseguido y es que este organismo se consolida.
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Así que el PP cuando está en la oposición se niega a que se abra esa Oficina, pero cuando está en el poder y puede mangonearla prefiere mantener ese chiringuito que está claro que no sirve más que para despilfarrar recursos públicos.
Visto lo ocurrido en esas comunidades,no parace que esa agencia sirva para mucho