Mazón imprime el sello del PP en la macrorreforma legislativa y Vox no logra sus grandes retos

Carlos Mazón ha impulsado desde el grupo parlamento popular la reforma legislativa en educación, comunicación y transparencia sin que Vox haya podido meter la 'cuchara' ni cumplir sus objetivos en estos ámbitos.

La aparente unidad de los socios de Gobierno exhibida con una comparecencia conjunta de los portavoces parlamentarios el pasado jueves esconde diferencias claras de planteamiento en las que el PP valenciano ha salido ganador y despeja su legislatura a nivel legislativo.

La orden de Mazón a su portavoz parlamentario, Miguel Barrachina y al portavoz adjunto y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca fue clara: "Hay que sacar adelante estas leyes".

Desgaste, ahora; efectos, en un año

El desgaste de las decisiones sobre À Punt, la Agencia Antifraude, el Consell de Transparencia, la nueva ley educativa o la de Concordia (antigua Memoria Democrática) debía ser "en el primer año de legislatura" y los efectos de esos cambios legislativos "en los dos últimos". Esto es lo que ha transmitido el presidente de la Generalitat, según ha podido conocer Vozpópuli.

Bajo esas premisas tanto Barrachina como Pérez Llorca comparecieron junto al portavoz parlamentario de Vox, José María Llanos y el adjunto, David Muñoz. Formalmente, todos estaban satisfechos de las cinco proposiciones de ley que se presentaron, pero los que realmente cumplieron su programa electoral fueron los representantes del PP, no así los de Vox.

La nueva ley que se quiere aprobar sobre la radiotelevisión pública valenciana, À Punt, establece requisitos de mayorías parlamentarias inferiores al texto anterior y con la mayoría absoluta bastará para elegir al director general y al presidente del Consejo de Administración. Además, la adscripción de este órgano de control a Presidencia de la Generalitat también queda reflejada, tal y como informó en su día Vozpópuli.

Supervivencia de À Punt y Antifraude

Para Vox, esta cuestión es un varapalo porque lo que anunciaron a bombo y platillo pasadas las elecciones del 28 de mayo de 2023 es que si eran socios de Mazón en el Gobierno valenciano uno de sus retos era el cierre de À Punt.

Llanos dejó entrever esa decepción y explicó que "no somos partidarios de que la comunicación sea un servicio dado desde la Administración, preferimos la iniciativa privada, pero formamos parte de un Gobierno. Lo que hemos consensuado es mayor austeridad, reducción del gasto y objetividad". Primer punto para el PP de Mazón.

Barrachina y Pérez Llorca también anunciaron que la elección del director de la Agencia Antifraude requerirá de una mayoría absoluta, por lo que con los dos partidos que tienen ahora esa mayoría en la Cámara autonómica será suficiente.

Vox no participó de esta proposición de ley porque no está a favor de la existencia de la citada agencia que a día de hoy encabeza Joan Llinares. Segundo naufragio de la formación de Santiago Abascal.

Revolcón educativo

La proposición sobre la nueva Ley educativa sí que es claramente una asunción del programa electoral del PP valenciano. La libertad de elección lengua para los alumnos de zonas castellanohablantes a la hora de examinarse es un ejemplo de ello.

El modelo del PP es un híbrido entre el que usaba el Gobierno de Ximo Puig (de inmersión lingüística al valenciano) y el que reclama Vox (libertad 'pura' de las familias para elegir la lengua en la que se educan sus hijos).

Los populares han optado por que las familias puedan mostrar su preferencia, pero los Consejos Escolares tendrán importancia en la decisión, como sucede en el caso de los colegios concertados y hasta el curso 2025-26 no se verán todos sus efectos.

Un día antes de presentar esta ley junto al PP, el portavoz de Vox, José María Llanos, votaba a favor en las Cortes Valencianas de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por Hablamos Español y que defendió su presidenta Gloria Lago. Ésta reclamó que los alumnos puedan estudiar en su lengua materna sin ningún tipo de cuota. El PP votó en contra y anunció una ley educativa propia que se presentó al día siguiente.

Pese a que Llanos disimuló con la satisfacción de que la proposición de ley recupera "la libertad educativa", la realidad es que su votación en la víspera indica lo contraria y la reacción de Lago a la misma, también.

La presidenta de Hablamos Español asegura que lo pactado por PP y Vox, a quienes critica con dureza, es un "modelo de inmersión lingüística obligatoria parcial. Los alumnos habrán de estudiar asignaturas en una lengua diferente de la suya. Es una aberración pedagógica. Es axiomático que obligar a estudiar las asignaturas no lingüísticas en una lengua diferente de la materna es negativo. Se resienten el aprendizaje de los contenidos, la adquisición del registro culto y el manejo de la terminología en el idioma del alumno”. Tres a cero para el PP de Mazón.

A vueltas con la transparencia

La cuarta reforma planteada es la de Transparencia e Incompatibilidades. El Consejo de Transparencia garantiza el acceso a la información pública, entre otras cuestiones y para la elección de sus integrantes también se necesitará 'sólo' la mayoría absoluta de las Cortes Valencianas y no tres quintos como sucedía anteriormente, cuestión que lo mantiene bloqueado en su renovación.

La posición de Vox sobre la transparencia es que quedara reducida a buenas prácticas sin un rango tan elevado como el que figura en el actual organigrama del Gobierno valenciano. La mayor concesión en este apartado para Vox llega en el capítulo de incompatibilidades para ser cargo público que se hace más laxo y se equipara al que existe para los concejales frente a lo que marca la actual ley autonómica.

El propio Llanos explicaba en el tramo final de la legislatura pasada que “la Conselleria de Transparencia se está dedicando a abrir tumbas y a hacer ideología en otros países en lugar de preocuparse de los de dentro, que son quienes les pagan el sueldo”.

Las políticas de transparencia como tal ya no tienen un departamento propio, pero siguen con un alto rango, adscritas directamente a Presidencia, que Vox no deseaba. Cuarto punto para Mazón.

La Memoria Democrática

Y es en la quinta reforma presentada, la que tiene que ver con la ley de Memoria Democrática, donde Vox se siente algo más confortable, aunque no cumple con la promesa de Santiago Abascal de la "derogación completa" de estas leyes allá donde pudieran gobernar.

El cambio de denominación a ley de Concordia y la extensión del periodo de reconocimiento a "todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o la persecución ideológica y religiosa" hasta el año 1931 ha forzado a Vox a impulsar la proposición junto al PP.

Aragón eliminó la ley de Memoria Democrática el pasado 15 de febrero y está elaborando (el Gobierno de PP y Vox) una ley de Concordia que puede acabar pareciéndose bastante a la valenciana. El objetivo de Vox era evitar el "guerracivilismo", como expresa habitualmente José María Llanos e "igualar a todas las víctimas" y en ese aspecto sí lo ha logrado.

Todo queda a la espera de ver qué sucede con las exhumaciones ya programadas por la anterior ley y a partir de ahora saber cuáles serán los próximos objetivos a desarrollar por el nuevo texto propuesto cuando sea aprobado.

Será difícil, en cualquier caso, retirarle al completo la 'etiqueta' de 'guerracivilista' porque abarca el periodo de la preguerra, la guerra y la posguerra, con la dictadura de Francisco Franco en la diana. Cinco a cero.

Y la oposición ve ganador a Vox...

Lo más llamativo de esta cuestión es que la oposición parlamentaria, tanto PSPV como Compromís, ve ganador en esta reforma legislativa a Vox. Interpretan tanto José Muñoz como Joan Baldoví que los valencianos han asistido a una "involución democrática" que se debe a que "el PP se ha arrodillado ante los deseos de Vox".

Han sido muy duros con esta reforma –que el PP se abre a debatir y "mejorar" en su tramitación parlamentaria– y defienden que va contra el uso del valenciano y que demuestra la falta de confianza del PP en la tarea de los periodistas de À Punt y de los profesores.

La realidad, por contra, indica que es Vox quien en cuatro de las cinco proposiciones legislativas (À Punt, Agencia Antifraude, Ley Educativa y Ley de Memoria Democrática) ha renunciado a la parte capital de su argumentario y en una quinta (Transparencia) ha realizado claras concesiones.