Comunidad Valenciana

La Confederación del Segura y la del Júcar no tenían sensores en barrancos y arroyos que arrasaron Valencia y Letur

La actuación de ambos organismos y la gestión posterior ha tenido paralelismos que destapan una grave imprevisión

  • Miguel Polo en el Tribunal de las Aguas -

La falta de información sobre el caudal de barrancos y arroyos en zonas inundables resultó fatal para la provincia de Valencia y la localidad albaceteña de Letur. La Confederación Hidrográfica del Júcar que preside Miguel Polo y la Confederación Hidrográfica del Segura, liderada por Mario Urrea, han tenido actuaciones casi miméticas en la gestión previa y posterior de la catástrofe provocada por la DANA del pasado 29 de octubre que se llevó por delante la vida de 230 personas (223 en Valencia, 6 en Letur, 1 en Mira), mientras que 3 permanecen desaparecidas.

El alcalde de Letur, Sergio Marín, se quejó amargamente que "no hubo aviso de la Confederación Hidrográfica del Segura, ningún correo electrónico ni llamada telefónica" en la jornada del 29 de octubre. Esta situación se pudo gestionar de otra forma, ya que el propio organismo había publicado en septiembre una actualización del riesgo de inundación que destacaba como zona de riesgo los más de cinco kilómetros del arroyo de Letur.

Sin elementos de medición

Pese a esta declaración de inundabilidad, el arroyo no tiene sensores y tampoco pluviómetro asociado al Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), como reconoció el comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, Francisco Javier García, lo que impidió alertar a la población “con suficiente antelación”, explicaba.

Esta explicación es mimética a la ofrecida por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, durante la última Junta de Gobierno de este organismo celebrado el pasado jueves.

Allí aseguraba que tener más sensores en el letal barranco del Poyo (sólo había 1 que fue arrastrado por la corriente) o colocar en otros barrancos como el de la Horteta que no tenían este elemento de medición y que llevó, según las estimaciones un caudal de 1.500 metros cúbicos por segundo, no era útil. "No aporta mucho", indicaba, al considerar que al no tener regulación de paso del agua no se puede hacer nada al respecto en cuanto a prevención de la población.

En el caso de la zona de influencia del barranco del Poyo y de otros como la Saleta, la Horteta, el Pozalet o el Gallego, es evidente que son áreas inundables, así definidas por la Confederación Hidrográfica del Júcar y que han sido arrasadas por la velocidad y altura del agua.

Sin cambios en el futuro

La respuesta de los responsables de la Confederación del Seguria y del Júcar ante qué se puede mejorar para próximos episodios extremos es también calcada. No hay autocrítica ni aprendizaje de lo sucedido y se centran en la imposibilidad de prever estos eventos climáticos tan extremos, por lo que se van a centrar en reconstruir las mismas infraestructuras que ya había antes de que la DANA del 29 de octubre las revelara como insuficientes.

Es el caso del organismo presidido por Mario Urrea que tras la devastación y la pérdida de vidas en Letur ha autorizado la realización de obras de emergencia. El alcalde de la localidad albaceteña pide que se busquen soluciones hidráulicas "tanto aguas arriba del municipio como aguas abajo” para que no se repitan desgracias como la de hace casi dos meses.

Ese ruego se ha concretado en la autorización para la realización de los trabajos de emergencia por valor de casi 2 millones de euros. Las actuaciones estarán centradas en trabajos de retirada de arrastres y reparación del encauzamiento del arroyo de Letur; la restitución de los caminos de servicio y motas; y la reconstrucción del muro de la rambla de la Dehesa de Letur.

No hay previstas a corto plazo otro tipo de actuaciones que minimicen los efectos de una eventual crecida tan brutal como la del pasado día 29 de octubre.

En Valencia, igual

La Confederación Hidrográfica del Júcar, por su parte, también ha declarado obras de emergencia por cifras mucho más elevadas tales como la reparación del encauzamiento del Poyo, y otros barrancos; también actuaciones en el río Magro y en el río Turia, así como en obras de reparación de la presa de Forata.

No está previsto a corto, plazo, sin embargo, que se instalen más sensores en zonas que se han revelado claves para analizar la masa de agua que se encaminaba hacia poblaciones del sur del área metropolitana de Valencia, aunque el propio Polo explicaba en la pasada Junta de Gobierno que "supongo que sí" se instalarán cuando se analice todo lo que ha ocurrido.

Tampoco son prioritarios los 7 proyectos que deben mejorar, entre otras cuestiones, el encauzamiento del agua hacia el nuevo cauce del río Turia procedente de otros barrancos. Tan sólo el de la Saleta tiene opciones de que se adjudiquen las obras a lo largo de 2025. Los otros seis tendrán que esperar años por lo poco avanzado que están los trámites administrativos, según reconoció Polo.

La Generalitat Valenciana y los ayuntamientos afectados por la triple riada han pedido a la Confederación –como hizo el alcalde de Letur– que se mejore la tarea de anticipación a estos fenómenos con el uso de la tecnología y Miguel Polo sí ha firmado un acuerdo para que se insalte un sistema de alerta temprana del que también carecía la cuenca valenciana, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en el Ebro.

 "Lo que hemos hecho siempre"

Las fuentes consultadas por Vozpópuli en el Gobierno valenciano lamentan la inacción de la Confederación Hidrográfica del Júcar a la hora de evaluar riesgos futuros y, sobre todo, "hacer autocrítica" e "invertir en tecnología e infraestructuras" para evitar que episodios como el del 29 de octubre tengan consecuencias tan catastróficas.

La frase de Miguel Polo en la Junta de Gobierno del pasado jueves es demoledora en ese aspecto: "Estamos en el foco por hacer lo que hemos hecho siempre", validando la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar en todo lo concerniente a la DANA y traspasando toda la responsabilidad a los encargados de las emergencias y protección civil que "debían trasladar la información" que suministraba el organismo que preside.

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