La funeraria investigada subastaba al mejor postor los cadáveres entre las universidades valencianas

Comerciar con la muerte al mejor postor. Así actuaban los responsables de la funeraria que traficaba con cadáveres y los subastaba entre las universidades de la Comunidad Valenciana. Los dueños de esta empresa acordaron una cantidad con una facultad de medicina por un cuerpo pero al tener una oferta mejor cambiaron a última hora el destino del finado, según informan fuentes de la investigación a Vozpópuli.

La 'Operación Thanatos', desarrollada por los agentes de la Comisaría de Policía Nacional del distrito de Ruzafa (Valencia), comenzó en enero de 2023 cuando los funcionarios descubrieron que se habría retirado el cadáver de un fallecido de la morgue de un hospital de manera irregular por parte de una funeraria. Los investigadores constataron se habían realizado falsificaciones en el libro registro del mismo, así como también en la documentación facilitada al Registro Civil.

Con estos datos, los funcionarios comprobaron como dos trabajadores de una funeraria, tras falsificar documentos, se habrían apoderado de un cuerpo que se encontraba en la morgue del hospital y lo habrían trasladado a una universidad para su estudio en vez de haberle dado sepultura. El centro en cuestión era el CEU Universidad Cardenal Herrera (UCH) de Valencia. Cabe reseñar que no hay ningún investigado por estos hechos dentro de la comunidad educativa.

El CEU aportó documentación a la Policía

Según informó el CEU en un comunicado, en enero de 2023 se les solicitó la entrega de la documentación relativa a un cadáver que acababa de llegar a la Facultad y que, según informó la Policía, "presentaba irregularidades por parte de la funeraria". "Colaboró con la investigación y puso a disposición de la Policía toda la documentación de este caso y de todas las donaciones tramitadas con esta funeraria", aseguró la institución en un comunicado.

La CEU UCH ha subrayado que su Facultad de Ciencias de la Salud "cumple con los criterios de calidad definidos a nivel nacional e internacional y acreditados por diferentes instituciones". Cada año tienen que gestionar entre 15 y 10 cadáveres que proceden de donaciones y únicamente sufragan a la funeraria "los gastos de traslado y cremación de los cuerpos, como es habitual en las universidades".

El primer caso que llamó la atención de los investigadores fue el de un hombre que debería de haber sido enterrado en su localidad de residencia en un sepelio de beneficencia abonado por el ayuntamiento de dicha localidad valenciana. Sin embargo, fue vendido para su estudio por casi 1.200 euros, sin que ningún familiar o amigo hubiera dado consentimiento.

La subasta de la muerte

Los agentes constataron que las prácticas de esta funeraria eran habituales. Localizaron otro caso de un hombre que poco antes de fallecer, cuando tenía menoscabadas sus capacidades mentales ya que sufría un deterioro cognitivo severo, firmó una donación para que su cuerpo fuera remitido a una determinada facultad de medicina.

Pero el dinero es el dinero. Y en este caso la oferta subió. El cadáver de este hombre fue finalmente trasladado a otra universidad "la cual pagaba más dinero por el mismo". Los trabajadores de la funeraria consiguieron mediante el "engaño que el personal sanitario firmara el cambio de destino del cuerpo", según explicó la Policía.

Los dueños de esta funeraria siempre buscaban los mismos cadáveres. Personas que no tenían familiares, preferiblemente extranjeros o que en vida hubieran tenido condiciones de vida precarias. El objetivo era levantar las menos sospechas posibles para realizar las irregularidades. Así se aseguraban que no se hiciera ningún seguimiento sobre dichas donaciones por parte de algún familiar, buscando así una mayor impunidad.

Sus negocios y la falta de escrúpulos abarcaban todos los negocios relacionados con la muerte. Los agentes también averiguaron que se habrían producido irregularidades en las incineraciones de los cuerpos que habían sido supuestamente donados a la ciencia. Al parecer, una vez que las universidades hubieran finalizado los estudios con los mismos, estas tenían que costear las incineraciones, haciéndose cargo de ellas la misma funeraria.

Se investigan más cadáveres

Tras varias gestiones, los agentes averiguaron que la empresa funeraria habría facturado a una universidad 5.040 euros por 11 incineraciones, las cuales no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en Valencia. Parece ser que los investigados aprovechaban la disección y desmembramiento de los cuerpos para introducirlos en los féretros de otros difuntos, realizando en una sola incineración la cremación de varios cadáveres, ahorrándose pagar por ellas y a la vez facturándolas a la universidad, sacando notables beneficios con esta práctica. 

La investigación policial no ha terminado y se investigan posibles nuevos casos de tráfico de cadáveres. Los agentes detuvieron por la misma a cuatro personas, los dos responsables de la funeraria y dos trabajadores que también estaban implicados. Se les imputa un delito de estafa y también a los empleados falsedad documental.

Los cuatro arrestados son hombres, de nacionalidad española, que tienen entre 41 y 74 años. Uno de ellos ya tenía antecedentes, según explican fuentes de la investigación a Vozpópuli. Todos quedaron en libertad tras declarar ante el juez por este presunto tráfico ilegal de cadáveres.