El juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Garea, ha enviado a la cárcel al tesorero de la organización mayoritaria de cuantas integran Comisión Islámica de España (CIE) tras la operación que se saldó este miércoles con tres detenciones, incluida la del presidente y máximo representante de esta religión en España, Mohamed Aiman. Según informan fuentes del caso, el magistrado investiga el envío a grupos afines a Al Qaeda el dinero que pedían en concepto de donación para niños huérfanos del conflicto sirio.
El tesorero forma parte formalmente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y ha ingresado este jueves en la cárcel tras prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional. El magistrado le imputa indiciariamente un delito de pertenencia en organización terrorista y financiación. Esto es más de lo que le solicitaba la propia Fiscalía, que tan solo pedía una acusación por financiación.
La CIE es el órgano de interlocución con el Estado de las distintas asociaciones que integran la comunidad islámica de España. Las principales son la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI). El presidente fue arrestado este miércoles en Tenerife en el marco de la operación, pero quedó en libertad unas horas después tras pasar por Comisaría igual que el tercer arrestado. Las fuentes consultadas aseguran que en función de cómo avancen las pesquisas, el juez decidirá si les cita o no y en calidad de qué.
La mezquita Abu Bakr de Madrid
La investigación tiene su origen en una operación realizada en 2019 y los agentes de la Comisaría General de Información (CGI) creen que la operativa llevaba años en funcionamiento. El fin era obtener sumas de dinero de decenas de personas repartidas por toda España. En su mayoría no sabían del destino real que la CIE le daba a su dinero. Los investigados les pedían donaciones caritativas. Principalmente se hacían valer de su influencia en la Mezquita de Abu Bakr, situada en la barrio madrileño de Tetuán.
Al menos el investigado se dedicaba a recolectar dinero de diversas organizaciones islámicas ubicadas en ese centro y lo destinaba de forma opaca a una ONG llamada Organización Humanitaria Al Bashaer. Según creen los investigadores, esta organización sin ánimo de lucro estaba vinculada a una organización terrorista llamada Yeish al Islam, que ha llegado a operar con la filial de Al Qaeda en Siria.
Parte de la recaudación era destinada a sufragar los gastos de un centro escolar para niños huérfanos situado en zona de conflicto, cuyas actividades se centraban en el adiestramiento de futuros muyahidines. La educación impartida se centraba en la enseñanza más radical de la Sharía y el entrenamiento de los niños en la lucha armada, motivándolos a continuar la actividad terrorista de sus padres muertos en combate.
Clan Kutayni
La operación antiyihadista tiene su origen en la desarticulación a mediados de 2019 de un clan familiar sirio asentado en España conocido como los Kutayni. Aquel operativo se saldó con el arresto de una decena de personas. Tenían miembros en la organización terrorista Al Qaeda, según informó el Ministerio del Interior. Los detenidos fueron acusados de pertenencia a organización criminal, colaboración y financiación del terrorismo, blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal.
El clan familiar se sirvió presuntamente durante años de una estructura empresarial legal para ocultar operaciones ilícitas con las que defraudaban a Hacienda y blanqueaban importantes cantidades de dinero. Un entramado de empresas con las que generaban facturas falsas de forma masiva. La operación se desarrolló en Madrid, Toledo y Valencia.
El que fuera histórico líder del Islam en España durante décadas, Riai Tatary (fallecido el año pasado por Covid) expresado su "profundo dolor" por la detención del clan familiar. Admitido tener vínculos familiares con ellos y expresó, en declaraciones a Europa Press, que confiaba en su inocencia, respetando la decisión judicial. Vozpópuli ya informó de que los servicios de Información de la Policía y la Guardia Civil seguían con inquietud el proceso de sucesión dentro de la CIE.