El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sacado adelante su informe contrario a la amnistía. El Pleno, reunido este jueves para valorar dos textos opuestos sobre la polémica ley, ha respaldado finalmente el que redactó Wenceslao Olea y que tilda de "inconstitucional" la norma. Se trata pues del tercer varapalo seguido para el Gobierno después de que letrados del Senado y del Congreso también cuestionaran su constitucionalidad.
En este caso, y como ya ocurriera en noviembre, se ha impuesto el sector conservador -mayoritario en el órgano de gobierno de jueces- para respaldar el texto de Olea. En concreto, nueve vocales han votado a favor del mismo, frente a cinco que se han decantado por la propuesta de Mar Cabrejas y que han formulado voto particular. Por contra, los vocales Enrique Lucas y el presidente interino, Vicente Guilarte, han votado en blanco.
Cabe recordar que el CGPJ fue el primer órgano en pronunciarse en contra de la amnistía cuando PSOE y Junts anunciaron su acuerdo de investidura, que pasaba por la aprobación de esta medida de gracia que beneficia a todos los líderes del procés y también por admitir la existencia del 'lawfare' o guerra judicial contra los independentistas.
"La amnistía es inconstitucional"
En aquella ocasión advirtieron del peligro que entrañaba la amnistía para la separación de poderes apuntando además que la norma, que ahora inicia su tramitación en el Senado, es incompatible con el Estado de Derecho. Ahora, toda vez que se conoce la letra pequeña de la ley, el informe que se ha impuesto apunta a su "inconstitucionalidad" y a su "deficiente técnica jurídica".
El pronunciamiento del CGPJ se produce en respuesta a la petición del Senado. Al tramitarse la ley de amnistía por la vía de urgencia, se evitaba el informe del Consejo Fiscal, el Consejo de Estado y del CGPJ. Sin embargo, el órgano de gobierno de los jueces se ha pronunciado a petición del Senado, cámara a la que ahora llega la ley tras aprobarse en el Congreso de los Diputados.
(La amnistía) no se resiste a la más elemental idea del valor justicia, del principio de igualdad y de separación de poderes, por lo que la inconstitucionalidad que de la ley proyectada se concluye en este informe quedan ahora reforzadas Informe definitivo del CGPJ
Tras recibir la solicitud formal de la cámara alta, el CGPJ decidió designar a varios ponentes para que elaborasen sus respectivos informes sobre la medida de gracia. Como viene ocurriendo en este CGPJ desde los últimos años, el Pleno se ha dividido en la votación, imponiéndose el criterio del sentir mayoritario. De esta manera sale adelante el texto de Olea, especialmente crítico con los aspectos troncales de la amnistía.
El informe, de 155 páginas, reprocha al legislador que aluda a un "interés general" cuando la ley responde a los intereses del partido del Gobierno. "La justificación de la amnistía proyectada no es otra que la de atender a los intereses partidistas de las fuerzas que suscribieron el pacto ya mencionado de noviembre de 2023", indica.
Frente al criterio de Cabreras, que no ve inconveniente en que la Constitución no regule expresamente la amnistía, Olea entiende que esa "consciente" exclusión de la Carta Magna exige al legislador una justificación de la adecuación de la proposición de ley; algo que no se aprecia en el texto.
Duro informe del CGPJ
Del mismo modo cuestiona el alegato del Gobierno acerca de que ninguno de los preceptos legales vigentes, ni la doctrina del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en nuestro Derecho. Al hilo, tilda de "arbitraria" la tramitación de una ley de este calibre, en sintonía con lo advertido por la Comisión de Venecia.
Del mismo modo, advierte de la desigualdad que genera el hecho de que unas personas vayan a ser amnistiadas por delitos tan graves como el terrorismo cuando otras, por los mismo hechos, han sido penadas y cumplen condena. "Ello no se resiste a la más elemental idea del valor justicia, del principio de igualdad y de separación de poderes, por lo que la inconstitucionalidad que de la ley proyectada se concluye en este informe quedan ahora reforzadas", expone.
Votos particulares
Por su parte, tanto Mar Cabrejas como los otro cuatro vocales que han respaldado su propuesta, han emitido voto particular en el que manifiestan que la amnistía no colisiona con el derecho comunitario y que no hay en la Carta Magna una prohibición expresa de la norma. El voto, que suma más de cien páginas, reconoce que la amnistía es la excepción a la regla, aunque descarta que vulnere el principio de igualdad.
"La diferencia de trato entre clases de conductas debe perseguir un fin legítimo y la diferencia debe ser adecuada para conseguirlo, necesaria, en el sentido de no existir una alternativa menos gravosa e igualmente eficaz, y proporcionada en sentido estricto, esto es, que la diferencia de trato resulte proporcionada", alegan.
Por otro lado, el magistrado Enrique Lucas que ha votado en blanco, ha firmado un voto particular separado del resto de discrepantes en el que ha precisado que, aunque comparte en líneas generales su argumentario, discrepa en cuanto a la presunta potestad del CGPJ para valorar la ley de amnistía. "No comparto en absoluto tal renuncia a un estudio completo de la constitucionalidad de la iniciativa. Su elusión es errónea e injustificada. La política es la materia propia del Derecho Constitucional", ha aseverado.
En lo que respecta al presidente del CGPJ en funciones, éste ha justificado su voto en blanco explicando que participa de muchas de las reflexiones de ambos informes pero que entiende que se debería haber profundizado en un hecho omitido en la ley de amnistía como es el acuerdo suscrito por el PSOE y Junts per Catalunya, en el que se ofrecía esta ley que salvará a Carles Puigdemont y otros líderes independentistas como contraprestación al apoyo de Sánchez. Guilarte ha expuesto que esta es la "causa real y onerosa" de la ley de amnistía que se presenta como un marco pacificador de la sociedad catalana.
