Ada Colau gasta 40.000 € públicos en arreglar un local a los okupas del barrio de Gràcia

Eva Parera, concejal y candidata a la alcaldía de Barcelona de Valents, ha denunciado que la alcaldesa Colau destina 40.000€ de dinero público de todos los barceloneses, para hacer obras y arreglar el local okupa Tres Lliris, en la calle Nil Fabra 19-25. El conseller de Valents en el distrito de Gràcia, Jordi Daura pedirá explicaciones sobre esta partida al gobierno municipal y el documento “Autorizaciones y disposiciones de pago para el periodo comprendido entre el 26 de septiembre y 22 de noviembre de 2022” se tratará como punto de la orden del día del Pleno del distrito de Gràcia, donde está el local.

La líder de Valents ha recordado a Colau que “los barceloneses no pagamos impuestos para mantener a los okupas y financiar sus fiestas. Con esta actitud lo único que consigue el gobierno municipal es provocar un efecto llamada y convertir Barcelona en un paraíso okupa”. “Primero cedieron el local de Nil Fabra a grupos okupas, una decisión que le ha costado la imputación al concejal Eloi Badia por presunta malversación y prevaricación. Luego les permiten todo tipo de fiestas que molestan a los vecinos. Y ahora, sumamos que les pagan las obras. Les recuerdo que okupar no es un derecho, es un delito”, ha declarado.

Desde Valents proponen invertir para cambiar la normativa para que haya una expulsión inmediata de los okupas de la propiedad, si no se acredita un título de propiedad o un contrato de alquiler al día de pago. También piden bonificaciones del IBI para aquellos que tengan una propiedad okupada. Asesoramiento gratuito por parte de la administración que ofrezca servicio a las víctimas y no a los delincuentes. Además de un teléfono específico de denuncia conectado con la policía para agilizar la respuesta y tolerancia cero ante estos delitos.

España acumula 9.000 'okupaciones' el año y medio

España acumula 9.949 denuncias por 'okupaciones' de viviendas en el último año y medio, de las cuales 3.646 (el 36,64%) estaban habitadas y 5.803 (el 58,23%), según los últimos datos enviados al Congreso por el Ministerio del Interior. Se trata de las cifras que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha remitido a un grupo de diputados de Vox que se interesaron por la evolución de este fenómeno.

El ministerio aprovecha para explicarles que el término genérico de "ocupación de inmuebles" incluye diferentes tipos de delitos del Código Penal. Por un lado, el allanamiento de morada (artículo 202), unos casos ante los que las Fuerzas de Seguridad, remarca, actúan "de forma urgente y perentoria, desalojando las viviendas de inmediato
"siempre que tengan permiso del morador y éste haya presentado denuncia". Por otro lado, reseña, el artículo 245 es el relativo a la usurpación de inmuebles "sea con violencia o no, y sean residenciales o no". Aquí, añade, el proceder de los agentes está sujeto a una orden judicial de desalojo y a la intención manifiesta del propietario de recuperar su propiedad, salvo que puedan intervenir en el momento en el que se está cometiendo el delito, "con violencia o intimidación", en cuyo caso sí pueden hacer desalojos inmediatos.

523 denuncias al día

Tras estas explicaciones, el Gobierno destaca que "las denuncias por 'okupación', sin diferenciar entre allanamiento y usurpación de viviendas han bajado entre un 7 y un 10% en lo que va de 2022". La respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, incluye una tabla de datos de denuncias por provincias diferenciando si las viviendas estaban habitadas o no. En concreto, entre 2021 y julio de 2022, se contabilizan un total de 9.949 denuncias, una media de 523 denuncias al día.

La Comunidad de Madrid figura a la cabeza de denuncias tanto de viviendas habitadas como vacías. Así, se contabilizan en este periodo 972 'okupaciones' de viviendas habitadas y 805 de casas sin habitar, es decir, un total de 1.777, lo que supone más del triple que las cifras registradas en Barcelona, que figura la sexta con más denuncias en el ranking de provincias. Allí, el total de denuncias fue de 524 y, al contrario que en Madrid, fueron más las relativas a viviendas sin habitantes (305) que con ellos (219).