El Tribunal Supremo envía la causa de Anna Gabriel a la Audiencia de Barcelona

El Tribunal Supremo ha enviado la causa de la exdiputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel, procesada por un presunto delito de desobediencia por su supuesta participación en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña, a la Audiencia Provincial de Barcelona al considerar que es el órgano competente dado que la dirigente ya no goza de la condición de aforada.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal ha confirmado el auto de conclusión de sumario y ha declinado su competencia para seguir con el procedimiento, por lo que ha acordado remitirlo a Cataluña.

La decisión tiene lugar después de que el pasado septiembre el magistrado instructor Pablo Llarena concluyera el sumario respecto Gabriel tras tomarle declaración. El proceso relativo a la exdiputada de la CUP se reactivó en julio del año pasado, cuando la dirigente compareció voluntariamente ante el Supremo tras volver de Suiza, donde se encontraba huida tras procesada en 2018.

En su declaración en sede judicial, Gabriel negó haber cometido un presunto delito de desobediencia por su supuesta implicación en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña. A su salida, dijo a los medios que esperaba que la causa se archivase o se enviase a un juzgado en Barcelona.

Anna Gabriel declaró durante poco menos de media hora ante el juez Llarena, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular que ejerce Vox.

Según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio consultadas por Europa Press, Gabriel declaró durante poco menos de media hora ante el juez Llarena, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular que ejerce Vox. La dirigente rechazó contestar a las preguntas de los servicios jurídicos del Estado y a las de la formación liderada por Santiago Abascal.

Causa de Anna Gabriel

Las mismas fuentes precisaron que el Ministerio Público preguntó a la exdiputada si en 2017 recibió requerimiento alguno del Tribunal Constitucional en el que se le advirtiese de que no podía impulsar una iniciativa parlamentaria que conllevase la independencia de Cataluña. Gabriel dijo que no, que no recibió notificación alguna y que, por ende, no habría cometido el delito de desobediencia que se le atribuye.