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Cataluña

Serret, la consellera de Exterior, afronta un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa por el 'procés'

Ha evitado este miércoles polemizar con la exconsellera y eurodiputada de JxCat, Clara Ponsatí, aunque sí se ha reafirmado en su "estrategia jurídica" de ponerse a disposición de las autoridades judiciales españolas.

Serret, en el juicio EP

El juicio a la consellera de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, en el que está acusada de presunta desobediencia en la organización y la celebración del referéndum del 1-O en 2017, ha empezado este miércoles a las 10.15 horas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En este juicio, la Fiscalía pide para Serret una condena de un año de inhabilitación y una multa de 12.000 euros por supuestamente intervenir para garantizar el 1-O cuando encabezaba la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. El juicio quedará visto para sentencia supuestamente este mismo miércoles y Serret lo encara después de personarse ante el Tribunal Supremo (TS) en marzo de 2022 al volver de Bélgica, donde se fue a vivir tras el 1-O como hicieron otros consellers del Govern que lideraba el expresidente Carles Puigdemont.

Diferente a Posantí

La consellera catalana de Acción Exterior y Unión Europea ha evitado este miércoles polemizar con la exconsellera y eurodiputada de JxCat, Clara Ponsatí, aunque sí se ha reafirmado en su "estrategia jurídica" de ponerse a disposición de las autoridades judiciales españolas. Arropada por la plana mayor de ERC, incluidos Pere Aragonès y Oriol Junqueras, Serret ha llegado este miércoles a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), donde será juzgada en un proceso en el que la Fiscalía le pide un año de inhabilitación por desobediencia grave, por facilitar el referéndum unilateral del 1-O cuando en 2017 formaba parte del Govern de Carles Puigdemont.

Serret, que estuvo tres años huida en Bruselas tras la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017, regresó a España el 11 de marzo de 2021 para ponerse a disposición del Tribunal Supremo, que la había procesado por los delitos de malversación y desobediencia, igual que a los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, quienes tuvieron un papel similar en el 1-O y acabaron condenados solo por desobediencia. Este martes, tras regresar por sorpresa a Barcelona y minutos antes de ser detenida por los Mossos d'Esquadra, Ponsatí ofreció una rueda de prensa en la que cargó contra Serret por haberse puesto a disposición del Supremo y dificultar la estrategia de confrontación.

En declaraciones ante los medios antes de entrar en la sede del TSJC, Serret ha evitado entrar al choque con Ponsatí y ha asegurado sentirse "muy contenta y muy feliz" por el hecho de que la eurodiputada de Junts "haya podido volver" a Cataluña. "Respeto plenamente las estrategias de defensa de cada uno de los represaliados y represaliadas. Siempre actuaremos con una actitud de solidaridad plena. Estamos confrontando con un mismo Estado represor, una misma voluntad de criminalizar al independentismo", ha razonado.

Eso sí, Serret se ha mostrado "totalmente convencida de la estrategia jurídica" que le permitió volver a España y también está "convencida de la estrategia política" que defiende ERC "para que un conflicto que es político y con raíces democráticas encuentre las soluciones en la negociación, en la política y en soluciones netamente democráticas".

Serret ha asegurado que acude al TSJC con la "conciencia muy tranquila" y con la "voluntad de confrontar con quien está reprimiendo al movimiento independentista y está articulando esta estrategia que quiere criminalizar un proyecto legítimo como el independentista". "Organizar un referéndum no es ningún delito, al contrario", ha insistido Serret, que ha advertido de que "la solución no estará nunca en los juzgados, será siempre política, a través de la negociación y de soluciones democráticas". 

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