El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha comunicado al PSOE que de momento dejará en suspenso las relaciones políticas "en cuestiones sectoriales" aunque por ahora no hay una ruptura frontal con el Gobierno de coalición. De este modo, el ultimátum que en las últimas horas había puesto en riesgo la continuidad de la legislatura, se mantiene en vigor, a la espera de una reacción del Gobierno. En la práctica supone que los siete diputados independentistas no votarán ningún real-decreto que el Ejecutivo lleve al Congreso de los Diputados, hasta que la Mesa decida sobre la cuestión de confianza, ni se sentarán a negociar los presupuestos.

Por lo tanto, no hay una ruptura total, solo formal, a los efectos de que Junts pueda renegociar las condiciones con las que alcanzaron un acuerdo con Pedro Sánchez durante la investidura. "Estamos donde estábamos", ha dicho Puigdemont en tono quejoso frente al Ejecutivo de Sánchez porque no se ha tramitado la cuestión de confianza contra Sánchez que el partido independentista había exigido. De hecho, a preguntas de 'Vozpópuli', respecto a que debe cambiar que no se haya podido cambiar en el último mes, desde el primer aplazamiento, se ha remitido al PSOE: "son ellos los que deben moverse, nosotros no lo haremos".

Esta decisión del PSOE de ganar tiempo ha sido aceptada de este modo por Puigdemont, que no obstante ha advertido de que no están "satisfechos con el cumplimiento de los acuerdos políticos". El líder de Junts ha constatado que "la decisión (de la Mesa) fue no tomar ninguna decisión", lo que, a su juicio, significa que el PSOE ha entendido que Junts "va en serio" y que "el riesgo de la ruptura era real", por lo que los socialistas han preferido no dar un "portazo" a la proposición no de ley sobre la cuestión de confianza. 

Especialmente duro contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por rechazar que los Mossos se encarguen del control de las fronteras en la delegación de las competencias en materia de inmigración, Puigdemont también se ha dirigido a Sánchez asegurando que "cualquier demócrata convocaría elecciones si pierde la confianza del Congreso".

Unas semanas de margen

Por ahora, Pedro Sánchez puede respirar tranquilo. Aunque no por mucho tiempo. Junts ha decidido posponer hasta mediados de febrero la decisión de si rompen los acuerdos con el PSOE o los mantienen vigentes. Un movimiento con el que el prófugo quiere evidenciar que tiene el control absoluto sobre el Gobierno de coalición. Que sus órdagos definen los plazos de la política española." La confianza está rota, y es momento de decidir si se puede recuperar esa confianza o hay que romper" ha dicho Puigdemont.

El movimiento de última hora de la Mesa del Congreso, propiciado por Sumar, que este jueves aplazó por segunda vez la decisión sobre la tramitación de la cuestión de confianza que le exigen a Sánchez, ha obligado a Junts a cambiar los planes que tenían para este viernes. Los de Puigdemont lo tenían todo preparado para romper. Pero finalmente, para dar margen a que "el PSOE recapacite en su rechazo a su petición", la ruptura no será, como mínimo, hasta dentro de tres semanas. Mientras los siete diputados de Junts no apoyarán ningún real-decreto que vaya a votación.

Con un debate intenso, que se ha prolongado entre la noche del jueves y la mañana de este viernes, la dirección de Junts se ha decantado por esta actitud conservadora para intentar que en estos días se puedan sustanciar algunos de los acuerdos que siguen sin cerrarse. La delegaciónd de las competencias de inmigración, con el control de fronteras incluído, o la ejecución de los presupuestos anteriores que siguen pendientes de ejecutar, son algunas de las condiciones que reclaman al PSOE para seguir negociando.

Sin presupuestos este 2025

Lo que es seguro, y de eso se ha debatido mucho en las últimas horas en Junts, es que no habrá presupuestos generales del Estado este 2025. Ni tan siquiera habrá negociación. Es una de las consecuencias de la suspensión de las negociaciones sectoriales. Los de Carles Puigdemont no se sentarán en la mesa con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, antes del verano para abordar unos posibles presupuestos. Lo que, de facto, supone que Moncloa renuncia a dar luz verde a unas cuentas públicas para este año en curso y se centrarán en recabar los apoyos, en un contexto de cada vez más tensión con sus socios catalanes, para los de 2026. Si no se produce de por medio la ruptura. La legislatura depende de ello.

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