Junts ya tiene la amnistía a su medida, si bien no renuncia a hacer efectiva la independencia de Cataluña. Como ha declarado esta mañana la presidenta de los posconvergentes, Laura Borràs y en la línea de las declaraciones de los dirigentes del partido ayer, "no podemos renunciar a la vía unilateral viendo cómo actúa el Estado que tenemos delante. Los estándares democráticos que buscamos son los europeos, no los españoles que pretenden banalizar el terrorismo. Cuando los jueces hacen política, sale perdiendo la justifica y la democracia", ha afirmado. Las enmiendas pactadas y bendecidas por el PSOE erradican el Código Penal español como marco de referencia para la amnistía y se ampara en el derecho europeo, atando los casos de terrorismo especialmente a aquellos que violan los Derechos Humanos.
Junts no ha tardado ni 24 horas en hablar de la vía continuista del 'procés', la vía unilateral, a pesar de haberse visto eximidos, como ERC, de las cargas procesales contra ellos desde 2011 por, precisamente, iniciar un proceso de independencia con leyes de desconexión. Unas iniciativas que no son cosa del pasado. Actualmente hay una iniciativa legislativa popular (ILP), propulsada por Solidaritat Catalana, para hacer efectiva la declaración de independencia en Cataluña y que fue admitida a trámite el pasado 22 de febrero por la Mesa del Parlament con los votos de ERC, la CUP y Junts, y cuya presidenta Anna Erra, de Junts, validó, incluso en contra el aviso de inconstitucionalidad del letrado del Parlament.
Actualmente ese texto normativo sigue su curso, que necesita 50.000 firmas para llegar finalmente a la cámara catalana y cuenta con financiación pública del Parlament, con pagos de hasta 40.000 euros para la plataforma de la iniciativa. El primer paso, sin embargo, que es admitirla a trámite legislativo, ya se ha dado, por encima del criterio del letrado que expresó su disconformidad en el informe que recibió la Mesa y que explicaba que ese texto normativo, tal y como estaba articulado, vulneraba la Constitución y el Estatut. En su momento, la plataforma nacionalista Solidaritat Catalana, fundada por Joan Laporta, expresó que "un proyecto nacional de esta envergadura merece una voluntad de colaboración que esté a la altura" y que estaban con puentes de comunicación establecidos, a modo de presión, con ANC y Ómnium.
Recurso de amparo al TC
En este contexto, la oposición en el Parlament ya ha tomado medidas. Vox ya ha pedido al TSJC que paralice la tramitación de esta ILP y este viernes, un día después de la amnistía, Ciudadanos ha interpuesto un recurso de amparo contra la Mesa ante el Constitucional en la que expone la cronología de la actuación del órgano rector del Parlament. Incluye su resolución cuando en la Junta de Portavoces se pidió que se reconsiderara la decisión. En ella la Mesa justificó que tiene la facultad de "no admitir a trámite" de manera excepcional cuando hay claras evidencias que contradicen la Constitución o el derecho. "Se trata solamente de una facultad y sólo en el caso de que haya un requerimiento a los miembros de la Mesa o un incumplimiento explícito de una resolución del Tribunal Constitucional".
"La Mesa ha pretendido simplemente no impedir la participación política de los promotores de la iniciativa, sin que de esta decisión se pueda deducir una voluntad de incumplir el ordenamiento jurídico vigente", expresaba. Como defiende Ciudadanos, por su condición de autoridades públicas no es necesario que reciban requerimiento expreso al conocer la ilegalidad de las acciones. Ya hay precedentes análogos en los que el TC y el TSJC se han pronunciado al respecto. Como fuere, la amnistía ya es un hecho si bien, la renuncia a la vía unilateral, no lo es, tal y como refleja la posición de Junts y esta ILP, imparable hasta que intercedan órganos superiores de la Justicia española. Precisamente esos que la amnistía ha obviado.
