La consellera d'Educació se enfrentó este lunes a una comisión parlamentaria complicada. Anna Simó tuvo que rendir cuentas de las múltiples casuísticas que golpean el sistema educativo público de Cataluña como la falta de profesorado, el abandono escolar o la precariedad de la plantilla. Algunas columnas clave, que están quebradas y que sitúan Cataluña a la cola de los resultados Pisa. Entre los 'logros' para hacer frente a los dardos de los grupos parlamentarios, Simó enfatizó que el Departament ha incrementado de forma notable el número de aulas de acogida para alumnos recién llegado: 402 más que el curso pasado. Sobre los resultados de las aulas de acogida acelerada, ha explicado que 134 alumnos matriculados que se han presentado a la prueba de catalán, un 88% ha superado el A1.
El catalán fue de nuevo el tema estrella de su intervención en la comisió de Educació. En el arranque, Simó defendió el modelo de escuela catalana haciendo un repaso a todas las políticas lingüísticas impulsadas, como el plan de fomento de lengua catalana hasta 2028, el decreto de régimen lingüístico, la mejora de la competencia del C2 para los profesores, el lanzamiento de la plataforma de contenidos en catalán para su uso en las aulas e incentivar la formación lingüística de las familias. Este último, con una dotación presupuestaria de 600.000 euros. El aranés, el inglés, así como el francés en el programa escolar de bachibac fueron motivos de los que sacó pecho la consellera.
No lo sacó, sin embargo, cuando la diputada de Ciudadanos, Anna Grau, le preguntó por el caso de Jordi López, uno de los padres que denunció a la UE la situación en los colegios catalanes y la discriminación lingüística al estar luchando 8 años para que su hijo con necesidades especiales pudiera recibir clases de matemáticas en castellano. Un 25% de castellano que recientemente ha ratificado el TSJC para que se imparta al chico en el Instituto Salvador Dalí de El Prat de Llobregat. "Usted se opuso a que la misión de la UE visitara ese instituto", ha dicho Grau, "deberían cortarse en las formas y en el tono. Hay muchos críticos con su política lingüística", ha sentenciado.
La consellera le ha contestado lo siguiente, criticando el criterio de la misión de la UE: "Les hicimos una lista de todas las escuelas del Prat de Llobregat. Escuelas, porque el título de la misión europea era estudiar la inmersión lingüística. Lo primero que me extrañó es que fueran a un centro de atención especial y a un instituto, donde no se hace inmersión lingüística en ninguno de los dos. Hacer clases en catalán no es hacer inmersión lingüística. No mezclemos hacer clases en catalán a hacer inmersión lingüística, no es lo mismo. Estamos hablado de un método respecto de una vehicularidad, por eso les hicimos una lista de todas las escuelas del Prat de Llobregat, porque si quieren ver la inmersión lingüística escojan alguna, que nos lo digan y les hacemos un grupo de control de la escuela del Prat que está aplicando el 25%. Nada de controlar, pero si queréis podéis estudiar inmersión lingüística".
La misión de la UE
Como ya recogió este medio, una delegación de eurodiputados de la UE visitó varios centros de El Prat en diciembre y fue encabezada por la eurodiputada estonia Yana Toom. Tomaron nota escuchando durante varios días testimonios de familiares afectados por el modelo de inmersión lingüística que habían sido señalados por recurrir a la Justicia para pedir un mínimo de clases en castellano para sus hijos. En esta misión se entrometieron cargos del Departament de Educació que aparecieron el mismo día, sin estar en la agenda y coartando la libertad de los eurodiputados para preguntar en los centros que fueron a visitar. La misma Toom explicó a la prensa que había habido "tensión"durante la misión. Como explica Grau, el Govern encaja los casos de exclusión como minoritarios y se escuda en que los centros que vieron los eurodiputados reflejan solo una minoría de la realidad educativa catalana. Lo cierto es que el fenómeno del señalamiento es un factor clave para casos que no se atreven a denunciar por el alto precio a pagar una vez se abra el proceso judicial.
