La empresa catalana asume el independentismo y exige un pacto fiscal como el vasco por la baja inversión

Las entidades mayoritarias de la empresa catalana han exigido este martes una reforma del sistema de financiación autonómico y han pedido un modelo federal o un pacto fiscal para Cataluña para una mayor autonomía financiera. Las cámaras de comercio, Foment, PIMEC, FemCat, el Colegio de Economistas de Cataluña, el RACC, Barcelona Global y el Cercle han denunciado que el actual sistema de financiación frena el progreso económica "de muchas comunidades autónomas como Cataluña".

Las 20 entidades empresariales proponen corregir la situación a través de un modelo de financiación, que pasa por el federalismo o un pacto fiscal mediante "una profunda reforma del modelo actual", según el comunicado al que ha tenido acceso Vozpópuli. Una reforma que asegurara la autonomía financiera y mejorara la capacidad de gestión y recaudación tributaria. Alertan de que el sistema actual tendría que haberse actualizado hace 10 años.

Ejecución de la inversión: un 16,3%

El tejido empresarial, que sale a dar este paso al frente después de que ayer salieran los datos de la inversión ejecutada en Cataluña los primeros seis meses de 2023, con una cifra del 16,3% y una cantidad total de 370 millones respecto a los 2.276 millones presupuestados. Exigen así que en las comunidades autónomas como Cataluña con una mayor densidad de población y potencial económico "se reciba un volumen de inversiones proporcional a sus necesidades y al peso de su PIB en el conjunto del Estado". Lamentan que el Ejecutivo haya dejado de publicar la distribución territorial de la inversión del sector público estatal y han exigido al Gobierno que lo vuelvan a publicar, así como toda la información para conocer las balanzas fiscales de todas las comunidades autónomas con el Estado.

Modelo de las comunidades forales

Han defendido que un pacto fiscal permitiría avanzar hacia un modelo "más transparente" y que aseguraría la "suficiencia financiera de Cataluña". "La Generalitat administraría y recaudaría todos los tributos generados en el territorio y asumiría un poder normativo sobre estos similares al que asumen las comunidades forales". La reforma del modelo, argumentan, tendría que ser "profunda y amplia", extendiendo de forma sustancial la cesta tributaria y también la capacidad normativa de las Autonomías. Avisan que si no se resuelve este problema se eternizará el debate, perdiendo recursos de manera injusta y generando dinámicas que polarizan a la sociedad.

Finalmente, las entidades del tejido empresarial han criticado que la financiación territorial no es eficiente porque las inversiones no siempre se planifican y se ejecutan "con criterios transparentes de coste-beneficio". "Esto implica que aquellos territorios como Cataluña con una mayor densidad y potencial económico, no reciben un nivel de inversiones proporcional a sus necesidades, ni el volumen de estas inversiones es proporcional al peso que representa el PIB catalán en el conjunto del Estado".