Referéndum de Cataluña La ley de ruptura catalana se aprobará antes del referéndum del 1 de octubre

Puigdemont cede ante la CUP. La ley de ruptura se llamará "Ley de Transitoriedad jurídica y fundacional de la República" y se aprobará antes de la celebración del referéndum.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d), su vicepresidente, Oriol Junqueras (c), y el conseller de Presidencia, Jordi Turull.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d), su vicepresidente, Oriol Junqueras (c), y el conseller de Presidencia, Jordi Turull. EFE

Cambio de nombre y de calendario. La ley de ruptura de Cataluña se llamará oficialmente "Ley de Transitoriedad jurídica y fundacional de la República", según se ha señalado en la presentación oficial de la norma, que habrá de ser aprobada en el Parlamento catalán antes de la celebración del referéndum. Cede pues el PDeCAT ante las presiones de la CUP. La ley de ruptura de Cataluña, presentada este lunes en el Parlamento de Cataluña, tendría carácter de transición desde el referéndum hasta la celebración de las elecciones constituyentes. En el caso de vencer el 'sí', el texto ahora difundido entrará en vigor a modo de 'constitución provisional' hasta la celebración de unas elecciones constituyentes y, posteriormente, de otro referéndum del que emergerá la 'república catalana'

La norma desvelada este lunes consta de 89 artículos, tres disposiciones finales, una suspensiva si gana el 'no', y serán las líneas generales que marcarán la actuación del Gobierno hasta las elecciones constituyentes. Lluís Corominas del PDeCAT, Benet Salellas, de la CUP oficiaron de maestros de ceremonias de la Ley de Transitoriedad definida como la base de la futura república catalana, se adoptará en el momento en el que se sepa el resultado del referéndum. 

La presentación de la ley es una exhortación a la participación de la sociedad en el referéndum, que tendrá un carácter vinculante, "no habrá debate ni dudas" tras la consulta y la ley pone el fin al al periodo 'procesista', según comentó Salellas, de modo que "todos estaremos preparados y sabremos lo que ha de hacerse una vez celebrado el plebiscito". Los ponentes no han querido entrar en detalles sobre el sistema de aprobación de esta ley ni cómo habrá de ser el trámite parlamentario. Tampoco hubo aclaraciones sobre cuándo se aprobará la ley del referéndum, que podría recibir el visto bueno en el pleno del 6 de septiembre. El secretismo de Puigdemont sigue vigente.

La ley 'fundacional' no ha sufrido modificaciones con relación a los borradores hasta ahora conocidos. Todos los españoles empadronados en Cataluña serán catalanes 'de facto' y podrán mantener la doble nacionalidad si así lo disponen. Se prevé una amnistía para los condenados por delitos relacionados con el 'proceso', el idioma oficial será el catalán, en tanto que el castellano y el aranés serán lenguas cooficiales, desaparece la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se transforma en el Tribunal Supremo catalán. El fiscal general será designado por el Parlamento catalán y una comisión mixta, formada por jueces y miembros del Gobierno integrarían una especie de Consejo Superior de Justicia. UN Consejo de Garantias Democrátias haría el papel del Constitucional. El presidente de la Generalitat será investido jefe del Estado, se mantendrán las prestaciones de la Seguridad Social que ahora se dispensan y la adminsitración catalana pasaría a suceder en forma automática a la española en todas sus funciones, compromisos y dependencias. 

Hasta ahora mantenida en secreto, Puigdemont ha desvelado su contenido antes incluso de que se apruebe la ley del Referéndum. El calendario se acelera. La fecha del 1-0 se acerca. Los independentistas pretenden arrancar ahora una campaña de difusión y propaganda del texto de la desconexión, una especie de manual detallado sobre los principales aspectos que asumirá la administración catalana tras la independencia. 

Puigdemont ignora las palabras de Rajoy quien este domingo le exigió que abandone su proyecto de ruptura y le insistió en que el Estado no va a permitir la celebración del referéndum ilegal. Moncloa mantiene prudente silencio respecto a sus líneas de actuación para el momento en el que la Generalitat decida desoír las decisiones de los Tribunales y pretenda sacar las urnas a la calle el próximo 1-0. 



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