Caso Deluxe: el equipo de Sálvame denuncia un "ajuste de cuentas" y dice que las víctimas son ahora "inquisidores"

El equipo de Sálvame imputado en el 'caso Deluxe' ha denunciado ante el juzgado que investiga estos hechos que, tras cinco años de investigación penal, no hay indicios reales contra los investigados, entre los que se incluyen los dueños de la productora La Fábrica de la Tele. Del mismo modo entienden que el procedimiento se ha convertido en un "ajuste de cuentas" que nada tiene que ver con la esfera jurídica.

Así se desprende de un escrito remitido al juzgado de instrucción número 4 de Madrid, en el que el equipo investigado explica que las presuntas víctimas de la causa, entre las que se encontraría un nutrido grupo de famosos a los que les habría espiado el policía investigado, se han convertido en "inquisidores generales" que están dirigiendo la causa desde un interés exclusivamente mediático.

Por eso, reclaman al magistrado instructor del conocido como 'caso Deluxe' que ordene este proceso penal abierto por supuestos delitos de revelación de secretos y cohecho. Al hilo, el escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, recrimina al magistrado que todavía no haya respondido sobre la petición de archivo formulada hace más de medio año por Óscar Cornejo y Adrián Madrid, dueños de la productora que emitía el programa Sálvame.

"Ajuste de cuentas" contra Sálvame

De hecho, lamenta que no se haya practicado ninguna diligencia de calado en el último año y medio y que la lentitud en el avance de la causa perjudica de manera directa a la docena de periodistas imputados. Cabe recordar que el procedimiento arrancó en 2018 tras constatarse una presunta filtración de datos de bases policiales que el agente Ángel Fernández Hita habría suministrado durante años al periodista Gustavo González.

El escrito insiste en que no hay indicios de que el colaborador de Sálvame pagara al funcionario policial a cambio de la información confidencial que le fue suministrando sobre diferentes famosos y, tampoco, de que los dueños de la productora abonaran pagos encubiertos a Gustavo González al margen de su nónima para retribuirle por los chivatazos policiales.

Se ha traído al procedimiento a los consejeros delegados de la Fábrica de la Tele cuando no hay ni el más mínimo rastro en esta causa sobre la existencia de un delito de cohecho y, por tanto, una utilización ilegítima de los fondos de la entidad Escrito del equipo de Sálvame

Los imputados del programa que canceló Mediaset el pasado mes de mayo razonan que la intervención de las comunicaciones de este colaborador de Sálvame aboca esta parte de la investigación a la nulidad puesto que se considera una intromisión en su ejercicio profesional. "La realidad es que esta irrupción sin filtro en las herramientas de trabajo de un periodista ha arrojado una multiplicidad de datos heterogéneos a los que el juzgado debe poner orden", alegan.

"Imputaciones generalizadas" en el caso Deluxe

Con todo, además de abogar por la protección del secreto profesional, denuncian que las víctimas personadas en su condición de acusación particular se están permitiendo la licencia de solicitar diligencias que nada tienen que ver con la causa. "De este modo se ha convertido en la vía a través de la cual muchas acusaciones han querido realizar su particular ajuste de cuentas con una productora, sus representantes legales o sus trabajadores y evidenciar sus animadversiones personales", indican.

"Que un determinado funcionario policial haya podido acceder indebidamente a sus registros policiales o que dichos registros hayan terminado en dispositivos electrónicos de uno de los investigados, no constituye por sí sola causa para realizar imputaciones generalizadas. Ni cabe convertir el procedimiento en una causa general contra un espacio de televisión ni es admisible que cada acusación pueda sostener la versión que le dé la gana", alegan.

En estos años de diligencias se han personado como perjudicados personalidades como Rosario Mohedano, Francisco Rivera, Isabel Pantoja, Coto Matamoros u Omar Montes. Este último, de hecho, reveló en un programa que fue víctima de Fernández Hita por haber difundido a periodistas del corazón información falsa sobre su persona.

Los investigadores les ofrecieron personarse en la causa a tenor de las pesquisas realizadas por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que constató que el agente imputado obtuvo información restringida de más de 140 famosos. De esta forma, accedió al sistema de denuncias de la Policía (procedente de la base de datos de Sindepol) a la par que consultó también matrículas de vehículos.

De los pinchazos telefónicos se constató que este agente mantenía conversaciones regulares con Gustavo González, además de reuniones con otros colaboradores como Kike Calleja o Terelu Campos. Así, por ejemplo, figura una solicitud concreta para obtener información de Omar Montes, que en aquel momento era pareja de 'Chabelita' Pantoja. "Míralo a ver, porque creo que tiene marrones y para decírselo a Ángel rápido", le trasladó Gustavo González a Kike Calleja.

Recta final de la causa

Tras aglutinar información de Montes, el colaborador de Sálvame contactó con el policía investigado y le pidió que le suministrara datos suyos porque, al parecer, era un "prenda". "Vale, a ver si sale algo con el nombre", le trasladó el policía ya retirado. Además de Montes, entre los espiados se encuentran Isabel Pantoja, José Fernando Ortega Mohedano, Nicolás 'Colate' Vallejo-Nájera, Fayna Bethencourt, Isabel Pantoja, Purificación Martín (Norma Duval), Mónica Pont, Andrés Pajares, Álvaro Muñoz-Escassi, Kiko Rivera, Ana García Obregón o María José Campanario.

Al respecto el 'caso Deluxe' lleva meses centrado en tratar de constatar los presuntos pagos que según la Policía Judicial habrían efectuado González y otros colaboradores de Sálvame al agente a cambio de su información privilegiada. Sobre ello se pronunció el propio Hita en una entrevista al diario El Confidencial en la que admitió la filtración de estos datos, pero negó que hubiera cobrado por ello. Según dijo, lo hizo por amistad.

Por su parte, los investigados insisten en que no hay prueba alguna sobre el presunto cohecho y denuncian que las víctimas personadas están aprovechándose de la causa penal para cobrarse su particular vendetta por cuestiones puramente personales. Por ello reclaman al magistrado que instruye el 'caso Deluxe' que delimite los hechos que pueden ser objeto de delito de los que no para poder avanzar en esta causa que encara su sexto año.