Fin del caso 'Sálvame Deluxe': el juez le da 6 meses más sin que la Policía pruebe el cohecho

El magistrado que investiga la conocida como 'operación Deluxe' acaba de alargar seis meses más la instrucción con visos a que sean los últimos. El juez, que abrió esta causa en 2018 para rastrear la filtración de datos policiales confidenciales a periodistas del programa Sálvame, ordena la última prórroga sin que los investigadores hayan podido acotar los presuntos pagos de los imputados al 'topo' de la Policía que filtró la información.

Así pues, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, acuerda los últimos seis meses de vida del procedimiento aunque avisa que "la instrucción ha finalizado". En su auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, determina que da este tiempo extra a petición de la Fiscalía y porque todavía quedan recursos pendientes de resolver de diligencias que han ido solicitando los perjudicados en el procedimiento.

Precisamente, el crecimiento exponencial de presuntas víctimas de estos espionajes ha hecho que la causa cobrara en los últimos años otra dimensión y ralentizara las pesquisas. Durante la investigación, la Policía Judicial ha identificado a más de un centenar de famosos que habrían estado bajo el objetivo del Ángel Jesús Fernández Hita, policía jubilado que filtró datos confidenciales al periodista Gustavo González.

5 años de Caso Deluxe

El magistrado ha centrado el caso Deluxe (también conocido como Operación Luna) en un delito de revelación de secretos debido a las continuas filtraciones de datos de famosos que estaban en el radar del periodista imputado. Con todo, la Policía apuntó desde el principio a la presunta comisión de cohecho ante la sospecha de que el funcionario investigado habría facilitado los datos policiales reclamados a cambio de alguna "remuneración".

Aunque la instrucción ha finalizado, habiendo solicitado algunas acusaciones nuevas diligencias y pendiente de algún recurso de apelación, procede la última prórroga Auto del juez

Se trata de una tesis que no se habría materializado en todo este tiempo y que ha llevado a algunos de sus principales imputados a pedir el archivo. Es el caso de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los dueños de La Fábrica de la Tele. En un reciente escrito dirigido al juzgado, su defensa expuso que se les había citado ya en la recta final del procedimiento y que habían pasado una pena de banquillo innecesaria porque son ajenos a la actuación de Gustavo González.

De hecho, expusieron que éste ya tenía como fuente al policía imputado cuando empezó a trabajar en el que fuera programa líder de la parrilla de Telecinco. Por ello se desligaron del funcionario e insistieron en que en su condición de consejeros delegados de la productora, su trabajo nada tiene que ver con el de los colabores del programa. Además, apelaron al secreto profesional del periodista no como un privilegio sino como un derecho.

Así cazaron al 'topo'

Pero Asuntos Internos de la Policía mantiene el foco en una veintena de imputados con especial atención en el policía retirado. Según consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso este medio, el asunto se remonta a abril de 2017, a tenor de la filtración en Sálvame de un atestado policial sobre Fernando José Ortega Mohedano, hijo del torero Ortega Cano y de Rocío Jurado.

Los agentes cotejaron en las bases internas el atestado y confirmaron que los periodistas habían tenido acceso a él, lo que dio pie a la apertura de pesquisas internas dentro de la Unidad de Asuntos Internos ante la sospecha de que la filtración venía de la propia Policía. Tras identificar a los dos funcionarios que accedieron a esta información se comprobó también como hacían "un uso reiterado" de las bases de datos internas.

El patrón solía ser el mismo: información policial secreta de personajes públicos que aparecían en el programa, en su mayoría atestados o denuncias. Así, por ejemplo, se rastreó información de Aída Nízar, Diego Matamoros, Fidel Albiac, un socio de Cayetano Rivera, Lucía Dominguín o incluso de la familia Real. En concreto rastreó información policial con los apellidos Borbón y Grecia (correspondientes a los tres hijos de Juan Carlos I y doña Sofía) aunque no encontró ningún resultado.

Con ese caldo de cultivo solicitaron autorización judicial para intervenir las comunicaciones del policía. El resultado fue el esperado y les permitió identificar a Gustavo González y otros periodistas del programa como receptores de la información. Las llamadas reflejaron cómo le proveía de denuncias y asuntos confidenciales de los famosos arriba mencionados y otros como Anabel Pantoja o Chabelita.

Las víctimas del 'caso Deluxe'

"La mayoría de datos incautados, fechados al menos desde el año 2000, responden a una procedencia estrictamente policial, ya que se trata de datos contenidos en bases policiales de acceso restringido", expuso la Policía en uno de los oficios. Además, a las evidencias telefónicas se suma el material incautado durante los registros tras el estallido del caso. Así, por ejemplo, los agentes encontraron en la casa de González atestados policiales sobre el cantante Omar Montes o de Achraf Benoukiye, concursante de una edición de Gran Hermano.

Todo ello llevó a la Policía a identificar más de un centenar de personas a los que les ofreció personarse como perjudicados. Sin embargo, no todos aceptaron. Fueron muchos los que prefirieron sellar acuerdos de conformidad con el programa fuera de la esfera judicial aunque otros -como es el caso de Omar Montes o Kiko Matamoros- sí litigan como acusación particular.

Al hilo, los agentes también abrieron la veda para investigar un presunto delito de cohecho, pero los indicios no parecen materializarse. El propio Fernández Hita, en entrevista al diario El Confidencial, negó haber recibido pago alguno y dijo que pasó esta información a González por la amistad que les une. Los dueños de la Fábrica de la Tele, por su parte, descartaron categóricamente que en las nóminas al colaborador se incluyera una prestación encubierta al policía.