Se mantiene la declaración del delegado de Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y la de una decena de testigos. La juez que instruye la causa del 8-M ha rechazado la petición de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía de suspender los interrogatorios previstos para esta semana. Según consta en la providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel ha considerado pertinente continuar con las diligencias de investigación que incluyen la comparecencia de 12 personas este miércoles y jueves.

La decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid tiene lugar después de que la representación jurídica del Estado y el ministerio público presentaran sendos escritos mostrando su oposición a las actuaciones.

La negativa de la juez también responde a la solicitud del denunciante original de la causa, el abogado Víctor Valladares, quien a través de la Asociación Afectados por la Gestión del Coronavirus pidió retrasar los interrogatorios porque al no haber tenido acceso a todo el contenido del sumario, "no tendrá tiempo material suficiente de instruirse en el contenido de los autos", según publicó Europa Press. La acusación popular Manos Limpias también requirió la suspensión. 

Oposición de Fiscalía y Abogacía

La Fiscalía de Madrid pidió archivar la causa contra el delegado de Gobierno al considerar que "no encuentra apoyo en dato indiciario alguno" de que Franco hubiese podido cometer un delito de prevaricación administrativa. El criterio del ministerio público se dio a conocer tres meses después de que se iniciara el procedimiento y dos días antes de que Franco acuda a declarar como investigado. En el escrito, los fiscales cargaron fuertemente contra las actuaciones de la juez por -según precisaron- incumplir los plazos procesales congelados desde el 14 de marzo por el estado de alarma.

La Abogacía del Estado también criticó a la magistrada por ordenar la redacción de los informes antes de que se reanudaran los plazos procesales. A su juicio, dichas actuaciones perjudican a su defendido, porque "no puede defenderse ni combatir procesalmente esas resoluciones". Según indicó en el recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid, los hechos denunciados por un particular y por los que se ha abierto la investigación no son constitutivos de delito, por lo que la actuación de Rodríguez-Medel "vulnera el derecho de defensa al ordenar una investigación prospectiva".

Investigación contra Franco

La juez Carmen Rodríguez-Medel dirige desde el pasado 23 de marzo una investigación contra Franco por presuntamente desoír las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus y permitir concentraciones multitudinarias "desde que se emitiera el informe sobre la covid-19 de 2 de marzo de 2020 por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades". En la lista destaca la marcha del 8 de marzo por el día Internacional de la Mujer. 

La magistrada intenta determinar si el Departamento de Salvador Illa alertó al equipo del delegado de Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, antes del 8 de marzo. La Policía Judicial sostiene que sí era consciente del peligro. "Se llega a la conclusión de que la Delegación de Gobierno tiene conocimiento [previo al 8-M] de los informes, recomendaciones y documentación que han sido emitidos (...) así como toda la información que el Ministerio de Sanidad emitía diariamente sobre la crisis de la comida en su página web y en diferentes ruedas de prensa", han apuntado los agentes de la Guardia Civil. En este sentido, han concluido que "a partir del 5 de marzo de 2020no se debería haber realizado ninguna manifestación".