La causa por las cartas bomba a Sánchez toca a su fin y su autor se aproxima al banquillo

La causa contra el jubilado de 74 años que envió cartas bomba a Moncloa y otros seis órganos oficiales encara su recta final. Los investigadores tienen ya prácticamente culminada esta instrucción que se ha desarrollado en apenas cuatro meses y que se ciñe a la figura de este imputado por presunto delito de terrorismo.

Fuentes jurídicas confirman a Vozpópuli que las pesquisas que arrancaron en diciembre están ya finiquitadas y que, tras ello, se acordará su procesamiento. Al término de la investigación, el magistrado instructor tiene en su mano la posibilidad de archivar las diligencias o, por el contrario, de continuar los trámites contra los imputados. En este caso se opta por el segundo escenario a tenor de los indicios recabados en tiempo récord contra Pompeyo G.P.

La principal dificultad que se encontró la Policía Judicial en este asunto fue la de identificar a este jubilado de Burgos que envió una serie de cartas bomba a diferentes organismos. La primera de la que se tuvo conocimiento es la que se remitió a la embajada de Ucrania a finales de noviembre del año pasado. La Audiencia Nacional abrió diligencias a las horas del suceso ante los indicios de que se trataba de una acción terrorista.

Apenas días después se conoció que no era la primera que enviaba. Con anterioridad, en concreto el 24 de noviembre, se interceptó otro sobre de características similares en Moncloa. Iba dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Como informó este medio, el Ejecutivo no dio aviso de los hechos ni a la Fiscalía ni a la Audiencia Nacional, pero el asunto se derivó a este órgano en cuanto se abrió causa penal por el paquete de la embajada de Ucrania.

Así se cazó al jubilado 'unabomber'

El asunto no quedó ahí. El único imputado propició un envío masivo de paquetes a otros cuatro entes: una empresa de armamento de Zaragoza, el Ministerio de Defensa, la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) y la embajada de Estados Unidos en España. Las primeras diligencias policiales remitidas al Juzgado Central de Instrucción número 4 evidenciaban los elementos en común de todos estos artefactos que, a excepción del de la embajada de Ucrania, se consiguieron neutralizar.

Los investigadores se fijaron como objetivo prioritario identificar el lugar de origen de las cartas bomba, así como a su autor o autores. En apenas semanas la Policía Judicial dio con el único responsable de los hechos; un jubilado de 74 años natural de Miranda de Ebro (Burgos) a quien se le detuvo el 24 de enero. Los agentes lograron dar con él al detectar que todos estos paquetes pirotécnicos se matasellaron en el mismo Centro de Tratamiento de Valladolid.

Explosivos más potentes

Del mismo modo, constataron que los envíos se efectuaron desde diferentes buzones ubicados todos ellos en la localidad de Burgos. También los sobres fueron significativos para apuntar hacia una única autoría. Las características que presentaban condujeron hacia una empresa que los comerciaba online. La Policía requirió información del comprador a esta mercantil y así fue como dieron con Pompeyo. Días antes de la cadena de envíos, el 5 de noviembre, adquirió un total de 25 sobres que pidió enviar a su residencia.

Con todo, la información requerida a esta empresa que comercializa con Amazon puso de manifiesto que, además de los sobres, también adquirió material explosivo durante el verano. Entre junio y julio compró un kilo de nitrato potásico puro, cable con mecha, interruptores y filamentos de cobre y en octubre adquirió toda clase de tornillos y brocas de precisión. Ello llevó a los investigadores a sospechar que el investigado por delito de terrorismo planeaba crear un explosivo mucho más potente que las cartas bomba enviadas.

También el análisis de su teléfono reveló información clave para la Policía: la compra de todo este material se produjo desde una dirección de IP que también registra consultas a las páginas web de los órganos a los que envió las cartas bomba; en concreto, la empresa de Zaragoza y el Ministerio de Presidencia. Finalmente, el material genético analizado de sus bolsas de basura constató con el recogido en los sellos y en los paquetes enviados.

Está fuera de prisión

La Policía advirtió en sus informes de que el jubilado 'unabomber' se instruyó en la creación de material explosivo a través de webs sobre armas y sustancias químicas, llegando a visitar portales especializados en conocimientos químicos y compra de bricolaje. Además, del registro de su domicilio en Miranda de Ebro, la Policía Nacional intervino un dron con un dispositivo de suelta de carga desde donde pretendía lanzar un artefacto de mayor potencia.

Por todo ello se procedió a su detención. El jubilado fue traslado a la Audiencia Nacional, pero se acogió a su derecho a no declarar. El magistrado, con el criterio favorable de la Fiscalía, acordó su ingreso en prisión amparándose principalmente en el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y en la gravedad de los delitos que se le imputan. En concreto, la Fiscalía le atribuyó seis delitos de terrorismo (dos de ellos agravados por ser contra miembros del Gobierno) en concurso medial con un delito de tenencia de material explosivo.

Transcurridos estos meses, la Fiscalía de la Audiencia Nacional interesó en abril su puesta en libertad a cambio de otras medidas menos gravosas como comparecencias en el juzgado y retirada del pasaporte. El juez instructor acordó la solicitud y el pasado 14 de abril le dejó en libertad provisional. El auto, en el que se le prohíbe salir de España, determinó que tras todo este tiempo ya no había riesgo de que destruyera fuentes de prueba o de que fuera a reiterar en el envío de cartas bomba. También influyó a su favor la avanzada edad y su arraigo a Miranda de Ebro.