Dos meses sin novedad del ultimátum de la UE a Sánchez por la situación de la Cañada Real

La Cañada Real es uno de los grandes quebraderos de cabeza sociales que tiene España, y más en concreto la Comunidad de Madrid, desde hace veinte años. La situación es bastante más compleja de lo que suelen leer en los medios. No hay un solo punto de vista válido. Normalmente, se suele culpar al Gobierno regional de la situación que viven las de 7.000 personas (entre ellas, más de 1.800 niños) que allí tratan de vivir el día a día de la forma más decente posible.

Por poner en contexto, desde el pasado mes de octubre de 2020, una buena parte del sector VI de la Cañada Real se encuentra con el suministro de luz cortado de forma permanente. Esto, sumado a las duras temperaturas de los inviernos, ha provocado serios problemas de salud en muchos de sus habitantes desde entonces. Sin embargo, las razones del corte responden a una situación de ilegalidad permanente en las instalaciones causada por unos pocos, pero que afecta a todos.

Con el asunto embarrado por parte de todas las instituciones y personalidades implicadas, el pasado 15 de diciembre venció el plazo dado por el Comité Europeo de Derechos Sociales a España para dar una respuesta a la reclamación colectiva en la que se denunciaba el incumplimiento de la Carta Social Europea.

Dos meses después, los vecinos y la Comunidad de Madrid siguen sin tener una respuesta por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a este respecto. Y, aunque el Comité es una institución de vigilancia, ajena de la Comisión Europea, es la primera vez que a España la ponen en un aprieto así. Sus resoluciones no son ejecutables, pero sí altamente recomendables.

Esta resolución es fruto de la reclamación colectiva presentada por Comisiones Obreras (CCOO) y varias ONG internacionales presentes en la Plataforma Cívica “Luz Ya para la Cañada Real” en marzo de 2022. Esta petición denunciaba la vulneración de derechos a causa de los cortes de electricidad en este enclave de la Comunidad de Madrid.

Con tantos ingredientes para encender el polvorín, solo faltaba una bajada de las temperaturas que pusiera en riesgo vidas humanas para ver arder todo. Sin noticias del Gobierno central, hemos preguntado a tres de los agentes implicados en este problema que ya tiene tintes históricos. Vemos cómo está la situación, qué soluciones tiene y cuándo pueden producirse.

Habla la Comunidad de Madrid

Para tener el punto de vista de una de las partes claves implicadas en este espinoso asunto, Vozpópuli ha hablado con Markel Gorbea, Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana. A continuación, podrán ver, desde el prisma del gobierno regional, la postura y directrices políticas que está siguiendo el ejecutivo madrileño, especialmente tras la intervención del Comité Europeo de Derechos Sociales.

Pregunta. ¿Ha recibido la Comunidad de Madrid alguna directriz o instrucción por parte del Gobierno de Sánchez a colación de la ordenanza del Comité Europeo de Derechos Sociales?

Respuesta. La Comunidad de Madrid no ha recibido ninguna directriz o instrucción por parte del Gobierno de Sánchez con respecto a nada del Comité Europeo de Derechos Sociales. Lo que hicimos fue atender las peticiones que nos hicieron los abogados del Estado del Ministerio de Defensa para hacer las alegaciones y contestar lo que el Comité les había demandado. Hemos colaborado con la Administración General del Estado como no puede ser de otra manera. 

Sí quisiera destacar que el CEDS se trata de una institución de vigilancia, independiente de la Comisión Europea, a la que España se adhirió. No es una institución judicial al uso porque sus resoluciones no son ejecutables por los tribunales españoles. En cambio, las resoluciones de los tribunales españoles, que han estudiado a fondo el asunto, han resuelto que la Comunidad de Madrid no tiene competencias jurídicas para restablecer el suministro eléctrico.  

P. ¿Cómo está la situación actual?

R. La situación actual en la Cañada Real en los sectores del 1 al 5 es de normalidad, al igual que la sección más al norte del sector 6. El problema de la falta de luz reside en una parte del sector 6 que es el que estamos intentando realojar con prioridad a través de los convenios con el Ayuntamiento de Madrid. 

Fruto del primer convenio, realojamos a 145 familias y hemos despejado ya casi 3 kilómetros por completo de suelo público. Objeto del segundo convenio, que afecta a más de un kilómetro del sector 6, están previstas actuaciones que asciendan a una inversión de 34 millones de euros o el realojo de 160 familias.

P. ¿Cuál es la posición de la Comunidad de Madrid?

R. Seguir la hoja de ruta establecida el año pasado junto con la Delegación de Gobierno y los Ayuntamientos por los que discurre que son Madrid, Coslada y Rivas y que incluye una veintena de actuaciones en este emplazamiento, poniendo especial énfasis en los realojos. El pasado 6 de noviembre el Consejo de Gobierno aprobó un acuerdo marco para recuperar 80.000 metros cuadrados de suelo público del sector 6 de la Cañada Real y convertirlos en espacios verdes.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Vivienda, a través del Comisionado de Cañada Real, ha recuperado hasta el momento más de 10 hectáreas de suelo público en esta zona, procedentes de 145 parcelas del sector 6, que han quedado a disposición tras haber encontrado un nuevo inmueble a las personas que allí vivían. Actualmente, se está actuando sobre otras nueve que suponen recobrar otros 8.000 metros cuadrados de terreno.

P. ¿Ha podido hablar con las eléctricas para ver qué piensan ellas de la situación?

R. En estos momentos, este tema está en los juzgados. La compañía suministradora (Naturgy) tiene instalados reconectadores que saltan cuando se satura la red y actúan como mecanismo de seguridad para proteger a las personas y a las instalaciones. El problema está en los más de 3.000 enganches ilegales que existen en los sectores V y VI, que son un problema de seguridad para los vecinos, y es realmente lo que nos preocupa a las Administraciones.

Además, cualquier familia que nos comunique que tiene algún problema derivado de la falta de suministro de luz o de cualquier otro origen siempre es atendida a través de los servicios sociales municipales o yo mismo, que estoy en Cañada Real, me lo dicen y les proporcionamos un alojamiento temporal o comida. 

Naturgy espera instrucciones

Naturgy es la compañía energética encargada de abastecer de electricidad a la Cañada Real. Un suministro que lleva cortado en el sector 6 desde octubre de 2020. Tras hablar con la entidad, esta nos transmite que ellos son tercera parte y que están a la espera de instrucciones por partes de la Administración para saber cómo proceder. En ningún caso, aseguran, han cortado ellos la luz a nadie motu proprio.

Señalan que la falta principal de suministro está circunscrita al famoso sector 6. La falta de suministro se debe, según ellos, a sobrecargas en la red provocadas por consumos no localizados y el elevado número de conexiones ilegales, así como el uso intensivo e irregular de la línea eléctrica.

La oposición señala a Ayuso

El asunto de la Cañada Real es uno de los grandes temas a tratar en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. No solo interviene el Partido Popular, grupo político que gobierna la región, también los distintos partidos que conforman la oposición. Alejandra Jacinto, diputada y candidata de PODEMOS por la Comunidad de Madrid, atiende a Vozpópuli para compartir la línea de pensamiento de la formación morada con respecto.

P. Como bien sabes, hace dos meses el Comité Europeo de Derechos Sociales instó a España a devolver el acceso a la electricidad, pero a día de hoy sigue sin novedades las personas que viven allí. ¿Sabéis cómo está la situación? ¿Depende únicamente del gobierno de la nación o también del gobierno de Ayuso en la CAM?

R. Lo que está ocurriendo en Cañada Real es una vulneración de los Derechos Humanos que queda fuera de toda discusión. Lo señala así el Defensor del Pueblo, las organizaciones sociales que trabajan sobre el terreno y ahora el Comité DESC del Consejo de Europa. La resolución del Comité DESC se refiere a las administraciones españolas, pero todo el mundo sabe que el corte de la electricidad tienen nombres y apellidos: Isabel Díaz Ayuso y Naturgy.

Por otro lado, negamos que no haya novedades: desde la Plataforma Cívica Luz para Cañada han presentado el diciembre pasado una denuncia a la Comunidad de Madrid por coacciones a los vecinos de la zona sin asfaltar y posible atentado contra el medio ambiente. La novedad es que Markel Gobea, Comisionado para la Cañada Real, ha tomado partido por la especulación inmobiliaria y ha dejado de cumplir el rol institucional asignado como representante del Pacto Regional por la Cañada Real.

P. ¿Qué postura tiene PODEMOS al respecto y cómo mejoraría la situación actual?

R. Mientras haya una sola vecina de Cañada Real que pase frío, la posición de Podemos va a seguir siendo la misma, que es: luz, contratos y mesa de seguimiento para que no se dilate más esta situación. Si quiere, Isabel Díaz Ayuso puede dar la luz mañana mismo. Lo que sucede es que los intereses especulativos son el ADN del plan de negocio que proyecta el PP para los desarrollos del sureste, justamente donde se encuentra la Cañada Real. La mejora de esta vulneración en la Cañada Real para por respetar los Derechos Humanos.

P. ¿Crees que hay vecinos en la Cañada Real, al menos una parte minoritaria, que no desean cambiar su situación actual y ser trasladados a otro sitio?

R. Lo que no desean son los desalojos forzosos y las coacciones a las que se ven sometidos. El Pacto Regional de la Cañada Real debe cumplirse con base a la legalidad y los mecanismos correspondientes, respetando el arraigo de los vecinos, la participación en la toma de decisiones y en relación con la colaboración entre instituciones. Todo esto es papel mojado mientras exista una vulneración de los DDHH con base en el corte de suministro eléctrico.

Como ven, muchas palabras y pocos actos por parte de nadie. Mientras tanto, un puñado de miles paga las indecisiones de la Administración y las trampas del resto de vecinos que viven bien en la situación de ilegalidad para poder seguir adelante con sus vidas y negocios sin tener a nadie detrás de ellos. Ojalá 2023 sea al año que todo se desencalló, pero no tiene buena pinta.