El ministro de Justicia, Félix Bolaños, confía en que las negociaciones con Junts para sacar adelante el decreto ley ómnibus que fue rechazado esta semana lleguen a buen puerto, y espera que el partido que lidera el expresidente catalán Carles Puigdemont recupere la confianza en el Gobierno.
"A mí, sinceramente, me cuesta creer que Junts se eche en brazos del Partido Popular y Vox. No creo que sea positivo tampoco para Junts", indica Bolaños en una entrevista en el Diario.es, en la que dice querer ser discreto sobre las conversaciones con los nacionalistas "para que las negociaciones lleguen a buen término".
Según relata el ministro, el decreto ley que decayó el pasado miércoles "había sido trabajado con los grupos parlamentarios" y asegura que en un principio había una mayoría para conseguir su convalidación con el apoyo de los socios de investidura. Sin embargo, explica que después ha habido circunstancias como la de la cuestión de confianza planteada por Junts que han hecho "que cambien de opinión".
"También nos han dicho que han perdido la confianza en el Gobierno, cosa que nos sorprende enormemente porque nosotros cuando llegamos a acuerdos, los cumplimos".
Algunos de esos acuerdos, destaca, ya han sido aprobados y otros "se están negociando y están muy avanzados, y otros están en conversaciones. Como es lógico, en una relación entre grupos parlamentarios todo avanza. Cada día van avanzando las cosas, pero no todas se pueden materializar".
"¿Qué quiere el Partido Popular?"
En cuanto a la posibilidad de trocear el decreto como ha propuesto el PP para apoyar la subida de las pensiones o la subvención al transporte, Bolaños insiste en que se trata de "un todo porque contiene un escudo social esencial en todas sus partes".
"¿Qué quiere el Partido Popular? ¿Que recortemos a los afectados de la dana, pero no a los pensionistas? ¿Que recortemos a los jóvenes, pero no a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital? Los decretos leyes de recortes ya tuvieron su época, que fueron durante el Gobierno del PP, pero desde luego no con este Gobierno progresista",
Lo que pretende el Gobierno, reitera, es "proteger a la totalidad de la sociedad española, que es a la que iba dirigido este decreto ley de escudo social para todos. Desde luego, lo más fundamental puede ser la subida de las pensiones y la reducción del precio del transporte público. Pero también otras cuestiones que están en el decreto ley y que vamos a proteger con el mismo nivel de exigencia".
De este modo, arremete contra el PP porque, según él, "no puede decir que quiere bajar las pensiones aunque lo quiera. Esa es la clave". Para demostrarlo recuerda que el año pasado hubo un decreto ley que se convalidó también en una negociación muy agónica, en el que también iban bonificaciones al transporte público para hacerlo gratuito y reducirlo, además de incrementos de pensiones, y el PP votó en contra.
"No se montó ningún lío porque salió el decreto ley adelante. Pero el PP ya votó que no" porque ellos, señala, "querían su ley, que era subir un 0,25% cada año las pensiones. ¡Un 0,25 de miseria!"
Presupuestos para el 2025
En cuanto a los presupuestos para el 2025, asegura que la "voluntad" del Gobierno es aprobarlos, si bien cree que prorrogados también "son muy positivos", dado que han permitido que España multiplique por cuatro el crecimiento económico de Europa y por tanto "funcionan".
Sobre la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como presunto responsable de la filtración de datos reservados del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Bolaños defiende su continuidad en el cargo: es "un hombre íntegro", que lo que hizo fue "perseguir el delito y contar la verdad".
En cuanto a la cuestión de si se cruzó mensajes con él cuando salió a la luz la investigación al novio de Ayuso, sostiene que supo de esa noticia y del mail, cuya filtración se investiga, por los medios de comunicación.
Respecto a las reformas judiciales que propone su partido, Bolaños defiende la regulación de la acusación popular para evitar que se use "para acosar a personas, no para perseguir delitos".
Una reforma que además, afirma, "no tendría ninguna consecuencia en los procedimientos abiertos porque (...) de entrar en vigor y de aprobarse finalmente por las Cortes Generales, llevará unos meses".
Respecto a la reforma de las oposiciones a la carrera judicial defiende que lo que se pretende es "ampliar la igualdad de oportunidades en nuestro país y, por tanto, un paso adelante en la modernización de nuestra justicia".
