La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la causa para Esperanza Aguirre en la trama Púnica. Los magistrados han pronunciado la última palabra sobre la expresidenta de Madrid y tumban el recurso de ADADE que pedía que se le enviara al banquillo en la pieza principal de la causa, relativa a la presunta caja B del PP madrileño.
La resolución, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, confirma de manera íntegra el auto del magistrado Manuel García Castellón del 14 de octubre de 2022 cuando procesó a una decena de personas, entre ellas a Francisco Granados, y dejó fuera de la investigación a más de 70. Dentro de este nutrido grupo se encuentran, entre otros, Aguirre y su sucesor al frente del gobierno madrileño, Ignacio González.
El auto concluye, en lo que respecta a Esperanza Aguirre, que no consta que hubiera utilizado su condición de presidenta de Fundescam (fundación salpicada por la trama) para desviar fondos públicos al PP madrileño. "Por lo que no solo puede concluirse que no hubo un uso indebido de los fondos de la fundación, sino que del contexto de la conversación telefónica se deduce que ignoraba cuáles eran las funciones de la indicada fundación", reza la Sala de lo Penal.
Aguirre no desvió fondos
Se refieren los magistrados a una conversación telefónica incautada por la Policía Judicial en la que la expresidenta regional trasladó a Ignacio González que el partido habría pasado el límite legal para sufragar sus campañas electorales. "Que nos hayamos saltado el límite del dinero electoral para la campaña, pues, puede, pero desde luego Fundescam no ha pagado", le dijo.
Para los magistrados esta conversación, lejos de ser incriminatoria, demostraría que Aguirre estaría al margen del presunto uso de Fundescam para sufragar estos gastos. Al hilo determinan que en la segunda parte de la investigación de la trama Púnica -que transcurre desde la formación de esta pieza novena- no se han podido acreditar los indicios de la Policía Judicial acerca de que el PP desviara fondos públicos.
No consta que Esperanza Aguirre haya utilizado los poderes que tenía adjudicados en su condición de presidenta de Fundescam, por lo que puede concluirse que no hubo uso indebido de los fondos
"La inexistencia de datos incriminatorios sobre un plan institucional liderado por el partido que gobernaba en la fecha de los hechos la Comunidad de Madrid destinado a subvencionar el partido en cuestión desde sus más altas instancias y con la colaboración de las diversas consejerías", concluye la Sala de lo Penal.
Trama del 1%
Del mismo modo también respalda el criterio del instructor, Manuel García Castellón, en cuanto a sacar de la causa a Ignacio González. Aunque el magistrado le mantiene como uno de los principales imputados del caso Lezo, en este asunto sostiene que no hay indicios que le vinculen a la presunta trama del 1% que se habría aplicado a contratistas de obra pública y con la que el Partido Popular de Madrid se habría financiado de manera irregular.
"El auto impugnado no considera que el sobreprecio de un 1% a pagar por el contratista para publicitar las obras en cuestión sea delictivo, razón por la que concluye que no existen indicios del delito de malversación tampoco en relación a José Ignacio González González, al no existir dato alguno incriminatorio del plan confabulador de la élite del partido popular en pro de su financiación", alegan.
Así pues el auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal confirma íntegramente el del magistrado de la trama Púnica quien en 2022, tras más de siete años de investigación, archivó la causa para decenas de personas y centró las actuaciones en una decena de personas, entre las que se encuentran el presunto de cerebro de esta macrocausa Francisco Granados o el que fuera gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez.
