La Audiencia Nacional investiga bajo secreto de sumario el pelotazo de mascarillas que salpica al que fuera proveedor de confianza de José Luis Ábalos en su etapa como ministro de Transportes. Se trata de unas diligencias que se siguen en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de este órgano y que se coordinan con la Fiscalía Anticorrupción. En el marco de las mismas se ha detenido a un total de 20 personas y se han practicado 26 registros.
Fuentes fiscales confirman a Vozpópuli que estas diligencias derivan de una investigación que nació en Anticorrupción relativa a los contratos a Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, una empresa de Zaragoza que pasó de facturar 0 euros a más de 50 millones de euros en plena pandemia. Se trata de las únicas pesquisas relacionadas con la compra de material sanitario que se mantenían vivas en Anticorrupción, tal y como desveló este medio.
En el marco de esta investigación, que se sigue por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, la Guardia Civil desarrolló este martes diversas actuaciones en varias provincias de España. Entre los detenidos se encuentra el que fuera mano derecha del exministro socialista, Koldo García Izaguirre y su mujer patricia Úriz Iriarte. Esta última trabajó como asesora en el Ministerio de Transportes a cuyo frente se situaba Ábalos.
Declaran en la Audiencia Nacional
Tras el estallido de la operación, los detenidos pasarán a disposición judicial a partir de este jueves, según ha podido saber este medio. Entre la primera tanda de arrestados que desfilarán por el juzgado que dirige el magistrado Ismael Moreno se encuentra Koldo García Izaguirre, el que fuera chófer de José Luis Ábalos. Bajo su mandato como ministro de Transportes Koldo se convirtió en su hombre de absoluta confianza hasta el punto de nombrarle consejero de Renfe en 2019.
Las diligencias ahora judicializadas parten de una investigación que arrancó en la Fiscalía Anticorrupción a raíz de la compra de todo el material sanitario en plena pandemia del coronavirus. Vozpópuli desveló en abril de ese año que el Ministerio de Transportes a través de Puertos del Estado compró 8 millones de mascarillas a esta empresa.
Se trata de una firma sin experiencia en el sector sanitario, radicada en Zaragoza y de apenas cinco trabajadores que se adjudicó tres contratos para la compra de material sanitario valorados en 40,5 millones de euros.
Dos de dichos contrarios fueron para el Ministerio de Transportes y otro para Interior por recomendación del entonces ministro del PSOE. El primero de ellos supuso un desembolso de 24,2 millones de euros, por el segundo se abonaron 12,5 millones a través de Adif y por el contrato con el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se abonaron 3,48 millones de euros.
El proveedor de confianza de Ábalos
Estos contratos que ahora se investigan en la Audiencia Nacional se tradujeron en unos beneficios superiores a los 50 millones para Soluciones de Gestión. La empresa pasó de ganar 0,4 millones en 2018 a unos números rojos de 1,1 millones de euros, tras más de 10 años dando beneficios. En 2020 ingresó 53 millones de euros como consecuencia de todos estos contratos de material sanitario que se firmaron de urgencia con el Gobierno.
Como administrador del proveedor de confianza de Ábalos figuraba la sociedad Purdey Investment S.L., administrada por José Ángel Escorial Senante. Su nombre aparece en la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que investigó los Papeles de Panamá, supuestamente por tener empresas offshore en Malta.
A raíz de estos contratos de mascarillas se publicaron una serie de artículos que el administrador en cuestión llevó ante la Justicia por presunta vulneración del derecho al honor. En los dos casos los tribunales dieron la razón al demandado y avalaron sus artículos en los que hablaba de "chanchullos" por los contratos de las mascarillas.
Pronunciamiento de los tribunales
Así, en el primero de los pronunciamientos, el Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid no solo respaldó el artículo que publicó el abogado Ramiro Grau, sino que calificó de "noticia de indudable interés público" su escrito sobre los millonarios contratos en plena pandemia.
"La empresa de la que era administrador el actor consiguió la adjudicación para la adquisición de un número muy importante de mascarillas con un precio también importante. Ciertamente es noticiable que la adjudicataria de ese contrato fuera una empresa que no tenía relación con el sector y cuya cifra de negocio en el año anterior había sido de 0", recogió el fallo.
En el segundo de ellos, conocido en julio del pasado año, el juzgado de primera instancia número 14 de Zaragoza no solo absolvió a Grau, sino que respaldó la difusión de los escritos. Al respecto, incluso aludió a Ábalos, a quien se refirió como "destacado responsable político".
"Se limita a transmitir hechos publicados en otros medios que se hicieran eco del precio de las mascarillas (el volumen y precio del negocio fue objetivamente importante) y la existencia de partidas defectuosas conteniendo las publicaciones a través de los términos 'chanchullo', 'corrupción' o 'llamativa pareja' en referencia a un destacado responsable político y al administrador de la entidad actora una intención de mera crítica", concluyó entonces el juzgado.
