La Audiencia condena a los cabecillas de Gurtel y al PP por la trama en Boadilla

La Audiencia Nacional ha condenado a un total de 23 personas implicadas en la trama Gurtel, además del Partido Popular como partícipe a título lucrativo por la parte de la red que se impulsó en Boadilla del Monte. Los magistrados condenan a la formación a pagar un total de 204.198 euros por su implicación en estos hechos. Se trata de la tercera condena al PP por beneficiarse de la trama que dirigió Francisco Correa.

Los principales condenados son el líder Francisco Correa; el que fuera número dos Pablo Crespo; el contable de la trama José Luis Izquierdo y el cerebro financiero de la Gürtel, Ramón Blanco Balín. Todos ellos forman parte del total de 17 condenados a los que el tribunal aplica la atenuante de confesión. Lo mismo ocurre con los empresarios Jacobo Gordón (exsocio de Alejandro Agag), José Luis Ulibarri, el leonés José Luis Martínez Parra, Rafael Martínez Molinero y los antiguos empleados de la Gürtel, Isabel Jordán y José Javier Nombela.

Al margen de los acusados que reconocieron los hechos, la Audiencia declara culpables también a los exalcaldes de Boadilla del Monte Arturo González Panero (a quien le impone 36 años de prisión) y Juan Siguero; al exdirector técnico de la Concejalía de Deportes de Boadilla Juan Carlos Rey Rico y a los empresarios Gonzalo Naranjo Villalonga, Carlos Martínez Massa y Rodolfo Benigno. Por contra, absuelve a la administradora Carmen García Moreno, defendida por el abogado Jesús Mandri y contra la que se retiró la acusación en el juicio, y al exconcejal del PP en Boadilla Francisco Pastor.

Tercera condena para el PP

El fallo de los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal supone el tercer varapalo para el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo y que ya suma dos condenas previas por haberse beneficiado de la red de empresas de Francisco Correa. La inicial se dictó en mayo de 2018. Fue la primera sentencia por las actividades de la primera época de la Gürtel y en ella los magistrados condenaron a la formación popular a pagar 245.000 euros de multa también como partícipe a titulo lucrativo.

El fallo, confirmado por el Tribunal Supremo en 2020, propició la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy y la llegada al Ejecutivo de Pedro Sánchez. La segunda condena es más reciente y se dictó el pasado mes de octubre tras el juicio por la reforma de la sede del partido en la calle Génova. En este caso se le impuso una condena como responsable civil subsidiario de 123.669 euros por los pagos del despacho que efectuó la reforma y que se hicieron "al margen de la facturación y la contabilidad oficial". Tampoco se declararon a Hacienda pública”.

Comisiones de la Gurtel

En esta resolución, los magistrados consideran que aquí de nuevo se benefició el PP por las adjudicaciones amañadas a la trama Gürtel. El fallo, de más de 300 páginas, explica que las empresas de la trama se adjudicaron, con los votos favorables del grupo popular en Boadilla del Monte, tres contratos de ejecución de más de 230 viviendas de protección pública que gestionaba la la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV). Los terrenos se adjudicaron a Teconsa (empresa de Martínez Parra) por un precio de 12 millones de euros y alterando para ello los pliegos.

En pago de la adjudicación por estos contratos Martínez Parra abonó 1,8 millones de euros en 2007. De esta cantidad Francisco Correa y Pablo Crespo abonaron 402.000 euros a Alfonso Bosch, 402.000 euros a Tomás Martín Morales, 180.000 euros a Arturo González Panero y 120.000 euros se reservaron para realizar pagos de gastos del Partido Popular. Para ocultar estas partidas se entregó 1 millón en efectivo y 420.000 euros mediante facturas falsas emitidas a Teconsa. La sentencia considera probado que Correa ingresó en su caja B el importe recibido y González Panero, el principal condenado, lo transfirió a Suiza.

En lo que respecta a la entrega al partido Popular, el fallo precisa que se hizo con la colaboración de Isabel Jordán (empleada de las firmas de Correa que declaró voluntariamente contra Esperanza Aguirre en el caso Púnica). Del mismo modo destinó otros 3.000 euros más a la formación que incluyó en una factura de Easy Concept con motivo de la inauguración del nuevo auditorio de Boadilla. En consecuencia a este pago y otras licitaciones al grupo de Correa, el fallo concluye que "el beneficio para el Partido Popular es evidente".

"Comprobada la perpetración de un delito y que parte de lo conseguido por este medio se destinó a abonar gastos, eventos y actos del Partido Popular, encargados no por los componentes del grupo municipal, sino por los responsables del partido en Boadilla del Monte, González Panero y Martín Morales, quienes los abonaban con el dinero procedente del Grupo Correa, así como que estos actos no se pagaron por fondos procedentes del partido, no puede más que concluirse que realizados estos por su propia naturaleza y finalidad que redundaron en su beneficio, debe condenarse a la restitución del importe referido", concluye el fallo.