La Asociación Profesional de Fiscales (APIF) ha recurrido ante el Tribunal Supremo el nombramiento de Álvaro García Ortiz. La asociación entiende que el fiscal general del Estado -que repite mandato tras la reelección de Pedro Sánchez- no es idóneo para ocupar el escalafón más alto de la institución, especialmente tras la sentencia del alto tribunal en la que se le atribuye "desviación de poder".
La asociación ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso el Real Decreto de 27 de diciembre de 2023 por el que se volvía a nombrar fiscal general de Estado al sucesor de Dolores Delgado. De esta forma, dicen, cumplen con lo acordado en el congreso celebrado el pasado mes de noviembre.
De dicho encuentro concluyeron que el fiscal general se había mostrado "descaradamente parcial" por su apoyo al Gobierno a la par que había omitido cualquier obligación debida a la institución y los fiscales "faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de algunas de sus potestades decisorias". Al hilo, recuerdan también la sentencia del Tribunal Supremo en la que se anuló el ascenso de Dolores Delgado y se concluyó que su sucesor había actuado con "desviación de poder".
El nombramiento de García Ortiz
La APIF argumenta que los magistrados se pronunciaron en unos términos "inusualmente duros" y que la reelección de García Ortiz (que se produjo días después de conocerse el fallo) suponía transmitir a la sociedad una dependencia del Gobierno que, recuerdan, ya se plasmó en la "triste" manifestación de Pedro Sánchez relativa a de quien depende la Fiscalía.
"El Estado de derecho en España ha de mantenerse sobre un Ministerio Fiscal independiente del Gobierno y sometido únicamente al imperio de la ley. Consideramos que el presente Fiscal General no tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un Fiscal General del Estado", reza la asociación de fiscales en una nota.
Consideramos que el presente Fiscal General no tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un Fiscal General del Estado
Al respecto recuerdan que el CGPJ se pronunció sobre su designación concluyendo que era inidóneo para el cargo. Se trató de un pronunciamiento inusual en el órgano que suele avalar, aunque a veces con fisuras, a los candidatos a fiscal general que propone el Ejecutivo. "A nuestro juicio, el Gobierno, al apartarse de este criterio, tan fundamentado, debía haber dado una explicación muy razonable y convincente para mantener la propuesta del candidato elegido", alegan.
Un recurso "urgente y necesario"
Así pues consideran que el varapalo del Tribunal Supremo unido al actual recurso pendiente de resolverse sobre la designación de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática les reafirma en la "urgente y necesaria" interposición del recurso contra su nombramiento ante el Tribunal Supremo.
"Es más, teniendo en cuenta que nuestro Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 29, exige que el candidato debe ser jurista de reconocido prestigio, tal requisito, si bien podría haber concurrido en Álvaro García Ortiz, decae desde el momento que ha sido condenado por el Tribunal Supremo. Por tanto, a nuestro juicio, el nombramiento no es conforme a ley", indican.
El recurso contra García Ortiz se presenta en un momento especialmente convulso dentro de la Fiscalía General. Esta misma semana, los fiscales de Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tumbaron la ponencia del fiscal Álvaro Redondo favorable a no investigar a Carles Puigdemont por terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic. La amplia mayoría del órgano consideró, por contra, que sí hay indicios para que el alto tribunal asuma la investigación que proviene de la Audiencia Nacional.
El asunto ha estado envuelto en polémica puesto que días antes de esta deliberación se conoció que el fiscal ponente preparó un borrador previo en el que sí informaba a favor de investigar al expresidente catalán en el alto tribunal.
Las polémicas de la Fiscalía
El ponente cambió de criterio antes de visitar a García Ortiz para informarle de su escrito; un movimiento que desde algunos sectores de la Fiscalía se entendió como una orden directa del fiscal general. El sucesor de Delgado, por su parte, negó en una nota haber dado instrucción alguna al ponente, quien también lo declinó.
Con todo, esta no es la única polémica en la institución. Fiscales de toda España han afeado a García Ortiz que no haya denunciado con rotundidad los ataques de 'lawfare' que se llevan vertiendo en los últimos meses desde el Gobierno y sus socios contra jueces y fiscales que han intervenido en causas relacionadas con el procés. Las protestas se plasmaron en una carta en la que le acusaron de "ignorar deliberadamente" sus peticiones.
El fiscal general, por su parte, dejó claro que defenderá a los fiscales que se vean "perturbados" en sus funciones tras los ataques de imparcialidad. Con todo, mantiene que de momento no se va a pronunciar sobre la ley de amnistía porque se trata de un texto que no se ha aprobado todavía y del que, por tanto, no se conoce la letra final del mismo.
