La Justicia cuestiona el arrepentimiento de 33 etarras que ha acercado el Gobierno

La Justicia pone en duda el presunto arrepentimiento de decenas de etarras. En concreto, la Audiencia Nacional advierte contra los escritos que los terroristas llevan años elevando a la administración penitenciaria para mejorar su situación en las prisiones. En lo que va de legislatura, el Ministerio del Interior ha justificado el acercamiento de al menos 33 presos de la banda a cárceles más próximas del País Vasco y Navarra apelando, entre otros motivos, a esas cartas en las que muy pocos internos plasman un perdón a las víctimas.

“Ha presentado escrito reconociendo el daño causado, mostrando su empatía con las víctimas y rechazando la violencia”, “ha presentado escrito de desvinculación de la banda terrorista, en el que rechaza la violencia y reconoce el dolor causado”, “ha presentado escrito en el que asume el dolor causado, rechaza la violencia y reconoce que nunca debió existir”. Estas son algunas de las explicaciones que Instituciones Penitenciarias ha incluido en más de una treintena de casos en los comunicados oficiales con los que periódicamente informa de acercamientos de etarras.

Interior dedica una breve explicación a cada uno de los presos a los que traslada. Destaca argumentos como el tiempo que llevan en prisión, la ausencia de delitos de sangre, el estado de salud o en ocasiones su distanciamiento de la violencia terrorista. Lo incluye a pesar de que no existen requisitos legales sobre el lugar en el que tiene que cumplir condena un preso, decisión exclusiva del Gobierno. Según el recuento realizado por Vozpópuli, son 33 los casos en los que el Gobierno afirma que ese presunto arrepentimiento consta por escrito. No obstante, el Ministerio no facilita los textos originales de los etarras.

Desde la Asociación de Victimas del Terrorismo (AVT) llevan años denunciando el desmantelamiento de la política penitenciaria y la dispersión de presos. A su juicio, "aunque el auto de la Audiencia Nacional no tiene relación directa con los traslados, evidencia la política penitenciaria del Gobierno que está blanqueando los traslados con cartas de supuesto arrepentimiento". "Desde la AVT siempre hemos puesto en duda ese arrepentimiento a través de cartas formularios y hemos denunciado el paripé que había puesto en marcha el Gobierno para justificar esos traslados", dice el colectivo de víctimas.

"No hay verdadero arrepentimiento sin colaboración con la Justicia por lo que nunca hemos dado validez a esas cartas", añade la AVT, que lleva un conteo pormenorizado de los traslados de presos de ETA en lo que va de legislatura. Asciende a un toral de 158 movimientos de los que se han beneficiado 139 etarras. Eso es un alto porcentaje de los que todavía permanecen repartidos por cárceles españolas casi diez años después del cese definitivo de la violencia y casi tres desde su disolución definitiva. 

Alguno de los 33 firmantes presuntos arrepentidos son históricos dirigentes de la banda con un largo recorrido criminal como Javier Arizkurren Ruiz, alias Kantuari. En su caso, Interior dice que “ha remitido escritos en los que renuncia a la violencia y lamenta y reconoce su responsabilidad en el dolor causado a las víctimas”. Uno de los condenados por atentar en la Terminal 4 de Barajas en 2006 es Igor Portu. Cuando Interior decidió trasladarle desde Córdoba a Zaragoza, alegó que “ha presentado escrito de desvinculación de la actividad terrorista”.

Delación y arrepentimiento

Lo cierto es que casi todos estos presos siguen en la listas del llamado Colectivo de Presos de ETA (EPPK por sus siglas en euskera). Este sector siempre fijó como líneas rojas la "delación" (colaborar con la justicia al esclarecimiento de casos sin resolver) y el arrepentimiento para todos sus miembros. Quienes se salieron de esa norma sí fueron expulsados y pasaron a ser considerados unos apestados en el mundo de la izquierda abertzale y el entorno de la banda.

Lo que sí autorizó la banda es asumir la legalidad penitenciaria y buscar todas las posibilidades que contempla la ley para mejorar su situación, como por ejemplo los recursos para progresar de grado penitenciario y acceder a beneficios. Eso es algo que ETA negó siempre a sus internos y que levantó en diciembre de 2013, si bien no ha sido hasta los últimos años cuando se ha puesto en práctica de manera generalizada.

Ahora los jueces han dado la voz de alerta sobre el calado real de esas escritos por medio de un auto adelantado por El Mundo, que aborda el caso de las redenciones de pena del etarra Sebastián Echaniz Alcorta. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha revocado la redención extraordinaria de 45 días de condena para este interno porque, si bien en su escrito para pedir esa redención asumía como propia la necesidad de reconocer el daño causado a las víctimas, "dichas manifestaciones son significativamente idénticas" a las de otros internos de ETA.

Petición expresa de perdón

"No hay petición de perdón expreso a las concretas víctimas de sus acciones terroristas", dice la Sala de lo Penal contra la decisión del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria que aprobaba a su vez la propuesta de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Villabona de octubre de 2019.

La Sala recuerda otros autos anteriores relativos al alcance real de cartas de etarras que plasman una "asunción genérica de responsabilidades" tendente a la obtención de consecuencias penitenciarias. Y subraya que esos escritos "no son equiparables a la petición de expresa e individualizada de perdón a las víctimas concretas, ni con la reparación efectiva del daño, ni con el categórico rechazo de los postulados terroristas".

Y apunta que en el caso concreto de Echániz -que actualmente está en la Sección Abierta de la prisión de San Sebastián- en su carta se vale de manifestaciones ya usadas por otros etarras, que no va acompañada del abono de responsabilidad civil y suma a esto que su labor en el comedor no tiene relación con "ningún programa específico relacionado con sus graves delitos terroristas".