La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación de Antonio Brufau, presidente de Repsol, e Isidro Fainé, expresidente de La Caixa, en el marco de la investigación por el espionaje que el expresidente de Sacyr Luis del Rivero sufrió del comisario José Manuel Villarejo. Por estos hechos ya estaban imputados los exresponsables de seguridad de ambas entidades.

Fuentes del caso confirman a Vozpópuli que este viernes el Ministerio Público ha remitido un informe al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el que solicita que ambos sean citados en calidad de investigados al haberse presentado indicios de haber cometido un delito de cohecho.

La decisión ha sido adelantada por El Mundo, según el cual, la Fiscalía incluye en su petición de imputación a los directivos Luis Suárez de Lezo, ex secretario general y del consejo de administración de Repsol, S.A; Juan de Amunategui, ex director corporativo de servicios patrimoniales de Repsol; Joaquín Uris, ex director corporativo de gestión patrimonial de Repsol; y, Antonio Massanell, ex director general de medios de Caixabank.

Este encargo al comisario recibió el nombre de proyecto Wine. Villarejo pidió en 2011 hasta casi un millón de euros por frustrar el intento de Sacyr Vallehermoso de hacerse con el control de un tercio de las acciones de Repsol. Ese era el precio que les presentó a sus clientes de la petrolera española y Caixabank en caso de que lograse el éxito en su operación. Consistía en espiar al presidente de Sacyr, Luis del Rivero, encontrar información confidencial tanto suya como de su entorno familiar y de ese modo apearle de la dirección de su empresa, según creen los investigadores.

En concreto presentó dos opciones de pago antes de comenzar sus servicios, según consta en la documentación en poder de los investigadores, un documento llamado Estudio Económico. La primera propuesta condicionaba el precio final a si conseguía o no sus objetivos. Contemplaba un primer pago de 450.000 euros como “provisión de fondos” que debía ser ingresada en los cinco días posteriores a sellar el acuerdo. En caso de lograr sus fines, tendrían que pagarle otros 475.000 euros adicionales, es decir, un total de 925.000 euros.

La segunda opción, más económica, pasaba por ingresar 375.000 euros iniciales a la que habría que añadir otros 300.000 euros pasados los 30 días de trabajos. En caso de que la misión se alargase por más de 150 días el precio subiría aún más. Este trabajo se investiga en la Audiencia Nacional y corresponde a la pieza 21 de la macrocausa sobre las actividades de Villarejo, en libertad desde hace unas semanas tras su arresto a finales de 2017. El juez del caso, Manuel García Castellón, alzó el mes pasado el secreto de sumario y este martes se han conocido las primeras imputaciones.

Una de las cuestiones centrales del caso Villarejo es esclarecer si al mismo tiempo que ejercía como policía vendía sus servicios como investigador privado a clientes adinerados como en este caso. Para ello, ponía en valor su ascendencia en la Policía para acceder a bases de datos confidenciales y con ello cometían presuntamente cohecho, tanto el polémico mando como quienes le contrataban para estos encargos particulares.