Anticorrupción pide el archivo de la causa del Popular por la ampliación en el 2012

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el archivo de la causa por la ampliación de capital del Banco Popular en el año 2012. El Ministerio Público se apoya en el dictamen que remitieron a la Audiencia Nacional los peritos del Banco de España y que calificaba de "éxito" la gestión del entonces presidente del banco extinto, Ángel Ron. En paralelo se sigue instruyendo la gran causa contra el Popular por la caída de la entidad en 2017.

El escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Vozpópuli, determina que una vez analizado el informe que remitieron los inspectores del supervisor, consideran que no concurren indicios de delito de administración desleal para Ángel Ron y para el que fuera su 'número dos' Roberto Higueras.

De esta forma solicitan al magistrado Santiago Pedraz que archive las diligencias que incoó el pasado año por posible delito de estafa a inversores y administración desleal, entre otros, con la ampliación del Popular en 2012. La querella interpuesta denunciaba que la información pública suministrada para la operación contenía "omisiones e informaciones sesgadas y tergiversadas" para captar capital que de otra manera no hubieran podido obtener.

Los peritos del BdE

Por ello, y tal y como se actuó también en la gran causa por la quiebra del Banco Popular, el magistrado encargó una pericial a inspectores del Banco de España que determinó que la operación no tuvo taras. El documento concluyó que "fue una buena inversión" y que se produjeron "revalorizaciones importantes" en casi los tres años posteriores. "Que la ampliación de capital fue un éxito es un hecho, ya que se suscribió por completo en el plazo previsto, e incluso hubo sobredemanda de títulos", indicaron.

El Popular decidió cumplir con los requerimientos del banco de España sin recurrir a las ayudas públicas, optando por realizar una ampliación en 2012. Se efectuó conforme a la legislación vigente Fiscalía Anticorrupción

Tras ello, la Fiscalía pide el archivo de las diligencias apelando a los mismos razonamientos de los peritos; esto es: que la ampliación de 2012 se produjo en un contexto grave de crisis económica mundial que conllevó que en España se implementaran medidas estrictas en el sector bancario.

Al respecto los peritos expusieron que la operación estaba "justificada" ya que la decisión se tomó a tenor de la evaluación de Oliver Wyman sobre las necesidades de capital de los bancos españoles. La consultora americana incluyó al Popular entre el grupo de entidades que necesitaría capital adicional en un escenario adverso.

"En el supuesto de Banco Popular se calculó que tenían que obtener 3.223 millones de euros de recursos propios adicionales y el banco decidió cumplir con los requerimientos a través de sus propios medios sin recurrir a las ayudadas públicas, optando por realizar una ampliación de capital en 2012 para cumplir los objetivos requeridos a nivel estatal, la cual se efectuó conforme a la legislación vigente y siendo sometida a los controles pertinentes", indica el escrito de la Fiscalía.

Los inversores del Popular

Al respecto insiste en que la operación siguió el cauce legal establecido y que el banco presentó la información que se le exigía para que los inversores que acudieron a aquella ampliación tuvieran una "imagen fiel de la misma". Sobre las pérdidas, que alcanzaron los 2,3 billones de euros, dice que se reconocieron en la documentación suministrada, al hilo con lo recogido por los peritos del supervisor.

Los expertos incidieron sobre este punto que informaron "claramente" de que el resultado atribuido al grupo previsto para el 2012 era de pérdidas billonarias, aunque trasladaron también que mejoraría el margen de previsiones llegando a alcanzar un resultado positivo de 1,4 millones en 2013.

En lo que respecta a las reclasificaciones a dudoso Anticorrupción dice que no se puede concluir que se excluyeran con la intención de engañar a los posibles compradores. Ello es así, explica, porque en el folleto informativo ya se abordaba la complicada situación de la entidad, sus pérdidas y las importantes reclasificaciones a dudoso que se efectuaron por valor de 9.436 millones de euros brutos.

Del mismo modo recuerda que existía un informe de una auditoría independiente, Deloitte, donde se indicaban que las provisiones a dotar en 2012 eran inferiores a las que señalaba la inspección de Banco de España. Por todo ello concluye que la operación de ampliación del 2012 resultó "beneficiosa" para los inversores que participaron en ella.