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El regadío en Doñana se convierte en el primer enfrentamiento entre Espadas y Sánchez

La ministra Ribera telefoneó en numerosas ocasiones al líder del PSOE-A para que votaran en contra de una iniciativa de PP, Cs y Vox, sin embargo los socialistas andaluces se abstuvieron

El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, junto al núcleo duro de su grupo parlamentario este jueves en Sevilla. FOTO/ PSOE-A
El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, junto al núcleo duro de su grupo parlamentario este jueves en Sevilla. FOTO/ PSOE-A

"Yo no soy la marca de nadie". La frase, pronunciada este jueves ante los periodistas por el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, considerado hasta ahora como una especie de delegado 'sanchista' en Andalucía, ilustra su forma de marcar territorio propio frente al Gobierno central de Pedro Sánchez. Lo hace en un asunto especialmente sensible como la ampliación de regadíos en pleno Parque Nacional de Doñana, algo que se ha convertido en el primer enfrentamiento entre el sucesor de Susana Díaz en la federación andaluza y Ferraz.

Durante las últimas semanas, hasta este miércoles, día de la sesión plenaria en Sevilla, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, telefoneó en numerosas ocasiones a Espadas para que votaran en contra de una iniciativa de PP, Cs y Vox. Sin embargo, los socialistas andaluces se abstuvieron. Una decisión tildada de "incomprensible" e "injustificable" desde Madrid.

Distintas fuentes socialistas, consultadas por Vozpópuli, han confirmado el enorme malestar hacia Espadas, no sólo de la dirección federal y el Ejecutivo central, sino también en el propio seno del Grupo Parlamentario del PSOE andaluz, cuyos 33 miembros no supieron lo que tenían que votar hasta pocos minutos antes de proceder a una votación plenaria en la que estaba en juego la posibilidad de convertir en terrenos de regadío más de 1.400 hectáreas, una cifra que las organizaciones ecologistas amplían a 1.900. En este punto, la portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, dejó una frase que ilustra la problemática surgida: "No hay agua que haga viable un número mayor de hectáreas de regadío"

La media docena de intervenciones que tuvieron lugar en la reunión a puerta cerrada en el Parlamento, previa al pleno de este miércoles, se orientaron en la línea de votar en contra de la Proposición de Ley de PP, Cs y Vox. El último en tomar la palabra fue el parlamentario onubense Mario Jiménez, uno de los portavoces adjuntos del núcleo duro de Espadas, cuya beligerancia por momentos hizo pensar que el partido votaría en contra. Nada más lejos de la realidad, si se tiene en cuenta que Jiménez, además, ha sido designado por el líder opositor como mediador con los alcaldes afectados, en el marco de la influencia que ejerce sobre el candidato a la Junta, y ocupa un nuevo puesto en el PSOE-A: coordinador de estrategia, adscrito a la vicesecretaria general, Ángeles Férriz.

Las fuentes citadas aseguran también que hasta cuatro alcaldes socialistas de la zona de la corona norte de Doñana, afectada por la posible ampliación de estos regadíos en una zona caracterizada por la gran escasez de agua, se pusieron en contacto con Espadas, la noche anterior, para anunciarle que si el PSOE-A se oponía a la iniciativa de los dos partidos que conforman el Gobierno andaluz y Vox dimitirían de sus cargos públicos en los consistorios que presiden: Moguer, Lucena del Puerto, Bonares y Rociana del Condado.

Lo que no se explican, tanto en Ferraz como en amplios sectores del PSOE andaluz, es cómo Espadas ha cedido a las presiones de lo que le puede reportar "unos cuantos votos" en dicha comarca onubense, desafiando las directrices del propio Gobierno central –que ya advirtió a la Junta de las cuantiosas multas que puede recibir Andalucía desde Bruselas–, la Confederación Hidrográfica del Sur, la Unesco, la Comisión Europea y las organizaciones ecologistas y conservacionistas que confiaban en el no de los socialistas andaluces. De hecho, en Ferraz creen que la línea marcada por el candidato a la presidencia de la Junta les aleja del voto ecologista, una de las banderas que defiende Sánchez, asumida por Espadas cuando presentó su proyecto de "nuevo PSOE-A", frente al modelo anterior de Susana Díaz, durante el congreso regional celebrado en noviembre en Torremolinos que le aupó a la secretaría general.

Desde el entorno de Espadas reconocen en privado que el auge de Vox en la citada zona de Huelva y su influencia en los agricultores de la fresa les preocupa y se ha tenido en cuenta, a la hora de esta abstención que el líder del PSOE-A define como una postura para "iniciar el diálogo" como "punto de partida". Tal tesis no evitó que un numeroso grupo de agricultores de la citada comarca onubense se fotografiaran jubilosos con parlamentarios de la formación a la derecha del PP, al término del pleno de este miércoles.

"Este es el PSOE de Andalucía y no recibe consignas", ha insistido Espadas ante los periodistas durante su comparecencia de este jueves para desmarcarse de la ministra Ribera, después de que los informadores le preguntaran de forma insistente por su abstención. Quien será el mayor rival del actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la próxima campaña electoral, defiende a ultranza que si de la votación plenaria del miércoles "hubiera salido un bloque del sí y otro del no" no habría ahora "una posición para iniciar el diálogo" con las partes afectadas. Ahora, mantiene Espadas, "es el PSOE el bombero capaz de apagar este fuego".

La estrategia de Espadas pasa también por culpar de toda esta polémica a Moreno Bonilla y a sus socios de Ciudadanos, "por una actitud irresponsable de la derecha, apoyada por la extrema derecha de Vox". Frente a las presiones que recibe de Ferraz y del Gobierno central el dirigente socialista sitúa la pelota en el tejado del presidente de la Junta, que incluso recibió una carta de la ministra Ribera para que aparcara la iniciativa sobre Doñana.

La versión de Moreno en los últimos días ha consistido en defender que se trataba de un asunto impulsado "por el Parlamento y no por este Gobierno", al articularse todo mediante sendas proposiciones de PP y Cs y otra de Vox.

Otro de los ejes del discurso del que fuera alcalde de Sevilla hasta el mes de diciembre ha consistido en retrotraerse al año 2014, para invocar la llamada "paz social" que se logró en la citada comarca de Doñana y que, a juicio de Espadas, "permitió calmar la situación", si bien "la hoja de ruta no se ha cumplido en su totalidad". En este punto ha hecho alusión a las infraestructuras relacionadas con el agua pendientes de ejecutar en la zona, por parte del Gobierno central, algo que no deja de ser un quebradero de cabeza para la ministra Ribera en su relación con Espadas.

Así pues, para Espadas el debate de los regadíos sólo pasa por el uso de agua en superficie y las infraestructuras que deben acometerse para no dañar el acuífero existente, de cara a proteger la zona frente a los regadíos ilegales que pueden provocar el rechazo de los productos españoles (frutos rojos) en los mercados europeos.

El Gobierno andaluz aprovecha a su favor el doble discurso del PSOE

Mientras tanto el doble discurso del PSOE, en Madrid y Andalucía, ha servido al Gobierno andaluz para aprovecharlo a su favor. Fuentes cercanas a Moreno Bonilla recuerdan que la Junta y el Parlamento no pueden legalizar pozos en Doñana, ni en ningún punto de la cuenca del Guadalquivir: "eso es competencia del Gobierno y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir".

La Junta recalca que se propone declarar “regable” unas 800 hectáreas de cultivos dentro de las 1.400 hectáreas de la corona norte, "fuera del Parque Nacional de Doñana", a unos 30 kilómetros. Se trata de cultivos donde hay "pozos ilegales que llevan décadas extrayendo aguas subterráneas", apuntan desde San Telmo.

La proposición de ley de PP, Cs y Vox "no pide legalizar los pozos", sino que la zona se declare “regable” para que, si algún día el Gobierno de España construye el trasvase Tinto-Odiel-Piedras, ese agua trasvasada se pueda usar para regar esos cultivos. Cabe recordar que Pedro Sánchez se comprometió en 2018 a construir la citada infraestructura y esta iniciativa parlamentaria "le mete presión", zanjan desde el Gobierno andaluz.

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