Dos desapariciones con fatal desenlace ponen en jaque al Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Sevilla

Álvaro Prieto, de 18 años, y José Antonio Hernández, de 23, tienen lastimosamente algo en común, y es que ambos han desparecido en Sevilla y han sido encontrados muertos tras varios días de búsquedas muy criticadas. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional en Sevilla esta en el punto de mira, ya que es el encargado de la resolución de estas desapariciones como ya lo fue en el caso de Marta del Castillo, dónde a día de hoy sigue sin hallarse el cuerpo de la joven. Tanto el caso de Álvaro como el de José Antonio son desapariciones de altísimo riesgo con resultado de muerte y se han producido en a penas tres semanas en la capital andaluza, bajo la atenta mirada de los medios de comunicación.

El caso de Álvaro Prieto, futbolista cordobés de 18 años que fue encontrado gracias a una grabación en directo de un programa de televisión, hizo saltar todas las alarmas. Pese a que la policía, días después justificó el protocolo de búsqueda en un comunicado las redes sociales se incendiaron clamando una respuesta adecuada a este tipo de desapariciones. El caso de José Antonio Hernández, de 23 años guarda algo de similitud en cuanto al desenlace de Prieto, y que justo el día que comenzaba una gran batida en su búsqueda apareció el cuerpo. Aunque su desaparición fue denunciada días después porque la familia del joven sabiendo que tenía una reclamación judicial pendiente, retrasó la denuncia por si le comunicaban que el joven había sido detenido. Lo iban a buscar el mismo día que apareció su cuerpo en unas naves abandonadas en la localidad de Alcalá de Guadaíra. El Grupo de Homicidios vuelve otra vez al punto de mira de la sociedad por estas fatales casualidades o “por incompetencia” como aseguraba en sus redes sociales el tío de Marta del Castillo, los días posteriores a la aparición del cuerpo del joven cordobés.

Estos casos ponen encima de la mesa la reivindicación de colectivos como SOS Desaparecidos de definir un protocolo de búsqueda cuando estas se denuncian. Los desaparecidos suponen una carga de trabajo muy importante para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sólo en la provincia de Sevilla se reciben al año más de medio millar de denuncias, según datos del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES). Por este motivo, los colectivos como SOS Desaparecidos reclaman un cambio que mejore los rastreos, ganando así en eficacia, sin invadir el terreno de la investigación que es competencia exclusiva de la Policía Judicial.

Precisamente el colectivo de SOS Desaparecidos está siendo el más combativo para lograr unas búsquedas eficientes y eficaces. Ha vuelto a solicitar una reunión a la subdelegada del Gobierno en funciones, Isabel Mayo, por segunda vez, y aún no han obtenido una respuesta. Este colectivo ha solicitado la creación de un protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, que diferencie términos y acciones dentro de la investigación y dispositivo de búsquedas con el objetivo de incorporar a “profesionales” acreditados en los rastreos. Esta asociación recuerda que hay personal voluntario capaz de trabajar en los rastreos que pueden aportar los recursos que no tienen los cuerpos policiales. En el caso de la búsqueda de Álvaro Prieto, la Policía Nacional en Sevilla no cuenta con perros adiestrados en la localización de cadáveres y tuvo que echar mano de la UME. En SOS Desaparecidos hay unidades caninas ligadas a equipos de Protección Civil que pueden suplir esas carencias.

Catorce alertas activas de desaparecidos en Sevilla

En estos momentos, SOS Desaparecidos tiene 14 alertas activadas de personas desaparecidas en la provincia de Sevilla, de las cuales tres son relativas a menores. Una de ellas es una denuncia antigua, la de Josué Monge que desapareció junto a su padre en 2006. De esos asuntos con alertas activadas que circulan por redes sociales en busca de algún dato, sólo cinco están incluidas en la base del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), según detallan fuentes de SOS Desaparecidos y es que son los cuerpos policiales los que deciden qué casos se envían al CNDES. Por ejemplo, la denuncia que interpuso la familia de José Antonio Hernández no llegó al centro nacional.