Los agricultores de Doñana, cansados de esperar el acuerdo, piden que se vote la ley de regadíos en el Parlamento

Si en algo coinciden todos los implicados en el acuerdo de Doñana es en la fecha. El 30 de noviembre está marcado en el calendario de los agricultores como fecha para que se lleve a cabo la votación de la ley de regadíos en el Parlamento andaluz. Por otro lado, y con el plazo que dieron el presidente de la Junta, Juanma Moreno y la ministra en funciones, Teresa Ribera, más que cumplido, no dan fecha definitiva y tampoco afirman con rotundidad que exista dicho acuerdo, aunque Ribera ha dejado entrever que le gustaría presentar el acuerdo junto a Pedro Sánchez en el Parque Nacional de Doñana. Aunque Ribera no ha indicado fecha alguna, la investidura hoy y mañana de Pedro Sánchez, y la acumulación de actos en Andalucía durante los próximos días (premios Grammy en Sevilla y debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos autonómicos en el Parlamento, donde también se vivirá una sesión de control) todo parece apuntar al último día de noviembre como fecha tope.

En Vozpopuli hemos consultado a la Junta de Andalucía si existe algún plazo máximo para firmar el acuerdo y en caso de no hacerse retomar la propuesta de ley de de regadíos y la respuesta ha sido negativa. La Junta de Andalucía, pese a lo escenificado en octubre por el presidente Juanma Moreno, no tiene activada ninguna cuenta atrás. La Junta y el Gobierno siguen empeñados en alcanzar un acuerdo que se adapte a los intereses de todas las partes involucradas, aunque como ya es sabido, los agricultores no forman parte de la ecuación para la ministra en funciones.

Juanma Moreno y Teresa Ribera se dieron el 3 de octubre el plazo de un mes para alcanzar un acuerdo, en su responsabilidad de preservar el equilibrio medioambiental de Doñana, buscando establecer limitaciones y regulaciones que aseguren la protección de la biodiversidad y los recursos hídricos. Para ello, se han puesto sobre la mesas propuestas que priorizan la conservación del entorno y que no da opción al regadío, según ha insistido siempre el Gobierno.
Ambas partes reconocen la importancia de llegar a un consenso que permita un desarrollo agrícola sostenible y, a su vez, garantice la preservación del ecosistema de Doñana. Es por esto que se están llevando a cabo reuniones y negociaciones para buscar un punto de equilibrio que satisfaga las necesidades de los agricultores y cumpla con los objetivos medioambientales. Porque de no ser así, si en el acuerdo no está la conformidad de los agricultores, Moreno aseguró que se votaría la ley.

Los agricultores piden que se vote la ley en el Parlamento

Los agricultores, que ya llevan esperando demasiado tiempo una solución y que solicitan a Moreno que cumpla sus promesas, demandan además una legislación clara y actualizada que facilite el acceso de sus tierras al regadío del que fueron expulsados en 2014, de manera arbitraria por el entonces Gobierno socialista de la Junta. Estos agricultores que se han sentado con la mesa de trabajo del acuerdo, se han cansado de esperar y han pedido a través de una nota de prensa que la ley vaya al pleno del Parlamento los días 29 y 30 de noviembre. Julio Díaz, portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, ha asegurado que “ya no esperamos ninguna propuesta encima de la mesa viable, que podamos estudiar. Ya dijimos que el diálogo no podía ser ‘sine die’ y paralizante”. Díaz ha asegurado además que en realidad siempre han tenido sus dudas con respecto a la voluntad del Gobierno de España para que pusiese una solución sobre la mesa que fuese viable.

En una nota de prensa,la plataforma ha indicado que la proposición de ley es una propuesta “respaldada y consensuada” con los agricultores, “que contiene la solución para la corrección de los errores y la reparación del daño a las familias y hacer justicia con la recuperación de sus tierras”. Además, han lamentado “las continuas filtraciones” de la ministra Ribera a los medios, sin que a los agricultores se les esté comunicando nada del proceso, ni trasladado ninguna propuesta “que ya no se espera”. Por todo lo anterior, los agricultores representados en la Plataforma han enviado cartas a los gobiernos de la Junta de Andalucía y de España en las que se recoge esta petición.