Alegría 'incendia' a las familias que lograron el 25% de castellano en una treintena de colegios

"Arrancamos un curso con completa normalidad y cargados de ganas e ilusión". El mensaje lanzado por la ministra de Educación, Pilar Alegría, este martes desde RTVE ha provocado un enorme malestar entre las familias de Cataluña que luchan para que sus hijos puedan tener un mínimo del 25% de horas lectivas en castellano y entre las que ya lo habían logrado en una treintena de colegios. Los emoticonos de corazones empleados por la titular de Educación en las redes sociales para celebrar que "los niños, docentes, equipos directivos, auxiliares, mantenimiento o limpieza" se incorporaban a clase no ha servido para calmar los ánimos en los padres y madres en torno a la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). La dirigente socialista se refería más a la "normalidad" tras los años de pandemia, pero el mutis en el asunto catalán ha terminado resultando atronador.

"Las palabras de la señora Alegría son una burla. Que diga que el curso empieza con normalidad cuando ahora mismo hay 1.620.000 alumnos que no pueden estudiar en castellano en la lengua oficial y mayoritaria de los catalanes es realmente vergonzoso", denuncia Ana Losada, presidenta de la AEB.

Y no pueden, añade, porque el conseller catalán de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, confirmó la semana pasada que, a partir de este curso, ningún centro educativo tendría que aplicar el 25% del castellano fijado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Tampoco ningún aula concreta. Para ello, el Gobierno catalán se ampara en el decreto que sacó adelante en mayo y en la ley aprobada en el Parlament al mes siguiente.

Josep Gonzàlez-Cambray confirmó que, a partir de este curso, ningún centro educativo tendría que aplicar el 25% del castellano fijado por la sentencia del TSJC

La nueva normativa establece que el catalán es vehicular y dispone que el uso del castellano quede determinado por los centros educativos en sus proyectos lingüísticos, de acuerdo con la situación sociolíngüística del entorno. Se acabó el asunto de los porcentajes. El propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reconoció que ambas normas "determinan la imposibilidad legal" de ejecutar la sentencia del 25% y planteó dudas sobre su constitucionalidad al TC, que deben resolverse.

La asociación presidida por Losada ya ha anunciado ya ha presentado un recurso ante el TSJC contra la decisión de la escuela de Canet de Mar (Barcelona) de dejar de impartir el 25% de la enseñanza en castellano. Fue allí donde una familia se vio acosada después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de ese mismo tribunal decretase cautelarmente que su hijo debía recibir junto a sus compañeros de clase un total de 6,5 horas semanales en castellano. La medida no fue bien recibida por sindicatos, estudiantes y organizaciones afines al independentismo catalán, lo que se tradujo en una manifestación de más de 300 personas en el mismo municipio.

Alegría, en el punto de mira

"A día de hoy, la ministra lleva meses sin pronunciarse sobre la orden del consejero de Educación por la que insta a los centros a no cumplir las resoluciones judiciales. La ministra de Educación de nuestro país no dice nada. Me pregunto qué ocurriría si la señora Díaz Ayuso dijera a los centros educativos de la Comunidad de Madrid que no cumplieran con una resolución judicial. ¿Cuántos microsegundos tardaría la señora Alegría en hacer alguna declaración o en poner un requerimiento al Gobierno de la CAM?", se pregunta Losada.

Según la presidenta de la AEB, que representa a más de 400 familias y sumó más de 40.000 firmas para pedir que se ejecutara de una vez la sentencia. "Pasan los días y la señora Alegría no ha hecho ninguna declaración ni movimiento para proteger a esas familias que están perdiendo sus derechos porque en Cataluña las leyes y las sentencias no se cumplen. Se anuncia que no se cumplen y aquí no pasa nada", critica. Y concluye: "No hay normalidad, lo que hay es un grave riesgo para nuestro estado de derecho por culpa de la irresponsabilidad del Gobierno de España".

Cuántos microsegundos tardaría la señora Alegría en hacer alguna declaración o en poner un requerimiento si es la señora Díaz Ayuso la que ordena a los colegios no cumplir las sentencias?

El silencio de Alegría con respecto al pulso de las autoridades catalanas y la Justicia también ha despertado las críticas de sus adversarios políticos. Cabe recordar que el Gobierno podía haber solicitado la ejecución forzosa de la sentencia del TSJC puesto que la denuncia inicial que originó el fallo partía de la Abogacía del Estado. Eso sí, en tiempos de Rajoy.

Fue un abogado del Estado en Cataluña ya fallecido el que, en 2015, presentó el recurso contra las autoridades catalanas que ahora ha devenido en sentencia firme. Se llamaba Severo Bueno e interpuso el recurso en representación del Ministerio de Educación, entonces en manos del Partido Popular.

La denuncia de Bueno no se resolvió hasta finales de 2020, poco después de que este abogado falleciese. El TSJC le dio la razón y, en una sentencia histórica, obligó por primera vez a la Generalitat a "adoptar las medidas necesarias para garantizar que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante el uso vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen y que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso". A diferencia de otros fallos anteriores, ya no se hablaba de cumplir con la cuota en aulas concretas donde las familias hubiesen solicitado el castellano, sino de todas las aulas sin excepción.

La Generalitat presentó un recurso de casación y el Tribunal Supremo fue el último en pronunciarse. El alto tribunal rechazó el recurso y la sentencia derivó en firme. Sin embargo, la Generalitat amenazó con no ejecutarla y así ha sido. El decreto lingüístico del Govern y la ley del Parlament cambiaron el guion de la historia y las familias que habían conseguido que sus hijos pudiesen recibir horas lectivas en castellano vuelven a la casilla de salida.