Adolfo Prego, ex magistrado del TS: "Los vocales del CGPJ deben ser magistrados jubilados designados por sorteo"

La Justicia española atraviesa una crisis de imagen que se prolonga ya desde hace varios lustros. Una crisis interna que afecta a diferentes estamentos de la Carrera Judicial y que, a ojos de muchos ciudadanos, ha degradado la loable labor de aquellos que dedican su vida al mundo judicial. Sobre la mesa queda mucho trabajo por hacer, como la renovación del CGPJ que lleva ya más de cinco años en funciones. El principal problema, según los expertos, es la injerencia de los poderes políticos.

"La Justicia está enferma, está en su peor momento, hasta el punto de que no la reconozco", así describe el abogado Adolfo Prego, ex magistrado del Tribunal Supremo, la situación que atraviesa la Justicia española en estos últimos tiempos. Con más de tres décadas de experiencia como magistrado, el letrado presenta a Vozpópuli algunas claves que han propiciado el declive de los valores de independencia judicial en España.

En lo referente a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, del cual él formó parte como vocal y al frente de la Comisión de Estudios e Informes, defiende volver al modelo de 1978. No obstante, Prego va más allá y propone implantar un sistema de elección "inédito": designar a los vocales entre magistrados jubilados y que la elección se haga por sorteo, al estilo griego.

"Para designar a magistrados del Tribunal Supremo hace falta no tener ambición, tener mucho pasado y muy poco futuro"

"Estos señores conocen la carrera, tienen la experiencia, saben detectar quiénes son buenos magistrados y quiénes no. Cuando tienen cierta edad, no le deben nada a nadie, porque se lo deben al azar y no van a tener ningún interés político", defiende el ex magistrado. Por ello, lo más coherente -según mantiene Prego- es fomentar que el futuro de la Carrera Judicial "esté formado por gente con vocación y no con ambición".

Durante un desayuno con Adolfo Prego, Adolfo Prego de Oliver Puig de la Bellacasa, socio del despacho, y Javier Prego han defendido que esta es la base de un sistema jurídico justo e independiente, que tiene mucho trabajo de evolución, o mejor dicho, de involución para recuperar los valores de justicia y separación de poderes predominantes en los inicios de la democracia española.

"La jurisdicción penal está en declive, las garantías están desapareciendo... Se han introducido una serie de enfermedades dentro del proceso penal que han ido provocando consecuencias, en cadena, que han acabando deteriorando las garantías"

La causa principal de este problema, defiende el ex magistrado del Tribunal Supremo, es la proliferación de las macrocausas judiciales. El letrado detalla que este tipo de macro-procedimientos "son incompatibles con la jurisdicción penal". Prego explica que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no está diseñada para las macrocausas, sino para que cada infracción o delito tenga un sumario.

Adolfo Prego entiende que "el sumario debe ser un prólogo que sirve para crear una base sobre la que construir racionalmente la posibilidad de formular o no una acusación". En los últimos años, el sumario ha tomado un protagonismo en el proceso judicial que no tenía hace años y que ha provocado, en muchos casos, que los procedimientos se alarguen "de forma innecesaria".

El letrado propone limitar los tiempos de la instrucción, de manera que las defensas tengan garantizado un juicio justo, que arranca "no en instrucción, sino en la vista oral". Por ello, Prego apoya que la instrucción corra a cargo del Ministerio Fiscal, lo que "permitiría que los jueces se dediquen sólo a juzgar".

"La solución es que recuperen su función de juzgar. Juzgar es contemplar, escuchar, razonar, valorar, dudar y decidir"

Prego señala, como solución para preservar las garantías procesales, delimitar el trabajo policial, de Fiscalía y de los jueces por separado. El letrado mantiene que, en los últimos años, los atestados policiales se han convertido en una especie de prueba, con unos supuestos hechos probados, que la Fiscalía recoge como tal en sus escritos. Si finalmente, se le otorga la instrucción de las causas penales al Ministerio Público, "siempre habrá un juez que ponga límites a su labor", como un mecanismo de control para garantizar el perfecto funcionamiento de la Justicia. "Se trata de otorgar a los jueces una función de jueces de garantías para fiscalizar y controlar el papel de la Fiscalía".