Llarena incluye en el "boicot" de los Mossos la ausencia de sanciones a los agentes del 1-O

El auto de procesamiento del juez Pablo Llarena contra los responsables del procés dedica parte de sus 70 folios a analizar la actuación de los Mossos d'Esquadra el 1-O. El magistrado no escatima en adjetivos para describir el papel de la policía autonómica que, según dice, trazó un operativo destinado a "bociotear" la orden judicial de impedir la consulta ilegal. Como ejemplo para respaldar su tesis destaca que, casi medio año después, aún no se ha impuesto ninguna sanción sobre agentes implicados en aquel despliegue.

"Existen importantes elementos que confirman el diseño de un operativo formal o aparente, esto es, orientado a boicotear el cumplimiento de la orden judicial por inacción", dice el auto en el que destaca las declaraciones prestadas como testigo del actual jefe de los Mossos, el comisario Ferrán López y otros mandos del cuerpo el mes pasado. "Muestra que no se ha incoado expediente disciplinario a ninguno de los mossos". Este periódico ya adelantó las declaraciones de López a este respecto.

Recuerda el magistrado que la Guardia Civil aportó en su día 41 vídeos en los que se aprecia cómo los agentes "aparecen desplegando comportamientos incompatibles con el acatamiento de la decisión judicial de clausurar los colegios" y a pesar de tales evidencias "únicamente se han incoado determinados procedimientos informativos".

Según informe de los Mossos al que ha tenido acceso Vozpópuli, la División de Asuntos Internos de la policía catalana investiga a un total de 131 agentes por su actuación durante el referéndum, de los cuales ya se ha tomado declaración a 107 sospechosos de no cumplir las órdenes judiciales. Además, hay otros 27 integrantes del cuerpo a los que todavía no se les ha interrogado, pero que se encuentran incluidos en una Información Reservada, paso previo a la posible apertura de expedientes sancionadores.

Se investiga a un total de 131 agentes por su actuación durante el referéndum

Estos son los principales datos incluidos en el citado informe del cuerpo autonómico. Se trata de un documento de 27 folios elaborado el 9 de febrero por el jefe del Área de Investigación Interna y que ya obra en poder de la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. La magistrada pidió el pasado 18 de enero a los Mossos información sobre las gestiones de esta investigación interna.

“Hasta la fecha de cierre de este informe, se ha tomado declaración a un total de 107 agentes, en relación a su actuación en el centro de votación que tenían asignado el 1 de octubre de 2017, quedando pendientes de citación otros 24 agentes más”, dice el escrito, según el cual también “queda pendiente tomar declaración a algunos mandos operativos para completar la información”.

El documento explica que en este grupo de agentes investigados se ha excluido a seis funcionarios asignados a tres centros de votación. Pese a tener vídeos que hacen dudar de su actuación el 1-O, no han considerado oportuno tomarles declaración porque ya se hallan bajo las pesquisas de diversos Juzgados de instrucción de de Cataluña, concretamente de Amposta, Gandesa y Tortosa. Asuntos Internos esperará al final de estos procesos judiciales antes de incluirles en la Información Reservada.

En concreto se han analizado 79 actuaciones policiales que los investigadores de los Mossos consideran sospechosas, la mayoría de ellas a partir de vídeos registrados en las redes sociales y otras fuentes abiertas. Algunos de esos vídeos se han descartado. Uno de ellos, por ejemplo, correspondía al 29 de septiembre, dos días antes del referéndum.

Buena parte del informe consiste en detallar a la jueza Lamela los nombres de los 79 colegios electorales y puntos de votación en los que se produjeron estas actuaciones que están bajo el foco de Asuntos Internos. También se precisa el número de agentes que han sido interrogados por cada una de ellas y los que aún no han sido citados a declarar. Se trata de la Información reservada 110/2017-IR. Los Mossos concluyen el informe manifestando su compromiso de que “una vez finalizada” la Información reservada, informarán a la jueza “de la incoación de los posibles expedientes disciplinarios que se puedan derivar”.