Luis es aficionado a la pesca. Aprovecha sus vacaciones de verano para lanzar las cañas en un pueblo de Almería cercano a Murcia. Pese a que tiene su licencia expedida por la Junta de Andalucía, un día en el que no picaban en la playa a la que acude habitualmente, decidió probar suerte en una cercana, pero perteneciente a la Región de Murcia. Cuando ya había lanzado por primera vez su anzuelo, una pareja de la Guardia Civil le pidió la licencia. Sacó su documentación, pero no le servía. Con esos papeles sólo podía pescar en Andalucía.
Lo mismo le hubiera ocurrido en Cataluña, Valencia o en cualquier otra comunidad autónoma. Tras la aprobación de la Constitución, los gobiernos regionales recibieron las competencias en materia de pesca y caza deportiva. Y fue entonces cuando cada una de las 17 comunidades legisló y aprobó su licencia. Una locura para los aficionados.
La caza mueve cada año en España cerca de 3.600 millones de euros
Los extranjeros que vienen a cazar a España, miles, especialmente a pueblos de Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía, no lo entienden. Y tampoco Luis, que ha dejado de viajar a las playas de Murcia para no meterse en líos. Se calcula que en España hay cerca de un millón de licencias de caza y pesca que tienen que tramitar sus permisos en cada uno de los lugares donde van a practicar el deporte.
Desde hace unos años, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha venido trabajando para crear una licencia única que los aficionados pudieran utilizar en toda España. Primero se redactó un protocolo, pero hasta la pasada semana no se ha firmado un convenio para lograr un solo permiso, la vieja aspiración de miles de personas.
Sin embargo, no todos han firmado esta suerte de ‘pacto de Estado’. Diez comunidades autónomas han rechazado la licencia única que pretende simplificar los trámites para que tanto cazadores como pescadores puedan ejercer en cualquier punto de España.
El acuerdo lo rubricó el pasado miércoles la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, con representantes de Asturias, Castilla y León, Extremadura y Madrid. Se adherirán en las próximas semanas Aragón, Comunidad Valenciana y Galicia, que parece necesitan el permiso de sus parlamentos. ¿Y el resto? Uno de los gobiernos, el de Castilla-La Mancha, tenía apalabrada su participación pero se descolgó en el último momento. Parece que el asunto económico ha tenido que ver, ya que esta región es una de las que tiene más actividad cinegética. El resto han preferido seguir mareando a los aficionados.
¿Boicot?
Técnicos independientes que han trabajado en este tema dijeron a este periódico que no entienden que no hayan rubricado este pacto todas las comunidades “pues se trata de dar un servicio y simplificar las cosas a los aficionados”. En el Gobierno y consejerías de Medio Ambiente firmantes del PP se habla de boicot a todo lo que pueda suponer unidad de España.
"Seguro que el 21 de diciembre alguno más querrá adherirse", según un consejero del PP
La nueva licencia única tiene un precio de 70 euros para la caza (que exige un examen propio en cada comunidad) y 25 para la pesca y está abierta a que los gobiernos autonómicos lo puedan firmar en cualquier momento. “Seguro que el 21 de diciembre, cuando hayan pasado las elecciones, alguno más querrá adherirse”, decía un consejero del PP poco después del acto con la ministra.
La caza mueve cada año en España cerca de 3.600 millones de euros, según datos del Ministerio de Agricultura, y crea unos 30.000 puestos de trabajo sobre una base territorial que abarca 43 millones de hectáreas, un 86% del territorio nacional.