Publicado: 09/09/2015 04:00
Una prima del rey Juan Carlos, un exalcalde socialista de Alcalá de Henares, varios empresarios, un par de matrimonios.... El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, investiga dentro del 'caso Púnica' a doce personas por su supuesta relación con las millonarias transferencias de fondos que entre los años 2000 y 2012 recibieron las cuentas que tenían en Suiza el exdirigente madrileño del PP Francisco Granados y su socio David Marjaliza. Así aparece en un auto dictado por el magistrado, adelantado este martes en exclusiva por Vozpópuli, en el que se solicita al Banco de España información sobre las declaraciones de "apertura, cancelación o movimientos de cuentas bancarias en el exterior" que hicieron todos ellos entre los años 2005 y 2013. Los nombres de seis de ellos ya aparecían en la documentación que a comienzos de 2014 remitieron las autoridades de Berna a la Fiscalía Anticorrupción y que permitieron iniciar la investigación contra la trama de corrupción.
De los doce empresarios investigados ahora por el juez Velasco, seis ya aparecían en un documento que las autoridades suizas enviaron a España en mayo de 2014
Los investigados son Ines de Borbón y Borbón, prima del monarca emérito, además de los empresarios Jesús Roa Baltar, Florencio Campos Corona, Rodrigo Díez de Pichardo, José Miguel López Gutierrez, Tristán Domecq de la Maza, José María Riu Rabetllat, Ricardo Antonio Guindos Latorre, Miguel Trevor Langdon Sharman, María Elisa Usera Cano, José Amadeo Semper Asensi y María del Carmen Ballester Ríos. Uno de ellos, Roa Baltar, falleció en 2012 y así lo recoge el propio auto del juez Velasco, pese a lo cual quiere conocer si es empresario ligado a media docena de sociedades ya extinguidas tuvo cuentas en el país helvético. Del resto destacan Florencio Campos Corona, que fue alcalde por el PSOE de Alcalá de Henares (Madrid) entre 1987 y 1995, y dos matrimonios. Uno lo forman José Amadeo Semper y María del Carmen Ballester. El segundo, por Miguel Trevor Langdon y María Elisa Usera. De esta última pareja se ha incorporado al sumario recientemente un informe de la Agencia Tributaria.
Las pesquisas sobre seis de ellos se iniciaron el 21 de mayo de 2014, hace ya 15 meses. Ese día la Fiscalía Anticorrupción recibió un fax de la Oficina Federal de la Justicia suiza en la que le informaba de la existencia de "varios terceros (personas físicas y jurídicas)" que habían "intervenido activamente" en transferir algo más de 5 millones de euros a las cuentas en el BNP Paribas y el UBS de Ginebra abiertas a nombre de David Marjaliza, Francisco Granados y una empresa 'pantalla' del primero, la costarricense Sheraton Trading SA. En concreto, la documentación remitida por la Justicia suiza hablaba de dos fundaciones 'fantasmas', tres empresas y cuatro empresarios asentados en España.
Transferencias millonarias
Uno de ellos era Díez de Pichardo, al que la Fiscalía señalaba como presunto responsable del ingreso de 1,35 millones de euros en dichas cuentas a través de dos sociedades, Senator Overseas y Extreme Overseas Corp. Por su parte, Trevor Langdon aparecía como titular de la sociedad Rockfish Finance Corp. que transfirió a las cuentas de los cabecillas de la trama 1,28 millones de euros. La Fundación Cotazur, ligada al fallecido Jesús Roa, supuestamente estaba detrás del envío de 1,05 millones de euros. Otra fundación, en este caso Algaba, realizó un ingreso de 341.000 euros. Detrás de la misma está presuntamente el exalcalde socialista Florencio Campos. Finalmente, José Miguel López Gutiérrez y Tristán Domecq de la Maza aparecieron en la documentación helvética como los responsables de la transferencia de 609.000 y 407.000 euros respectivamente a dichos depósitos.
Cuatro de los empresarios se valieron de dos fundaciones ' fantasma' y tres empresas panameñas para hacer las transferencias a las cuentas de la Púnica
En aquel informe de Anticorrupción, fechado el 11 de junio de 2014, ya se recogía la sospecha de que dichos movimientos de fondos estaban relacionadas con operaciones de blanqueo de capitales "gracias al mecanismo de compensación". Un sistema utilizado, por ejemplo, también por la mafia china presuntamente liderada por Gao Ping para sacar sus fondos de España. Este documento de la Fiscalía llevó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a elaborar un informe sobre los datos relacionados con estos seis empresarios y su posible vinculación con empresas de David Marjaliza. Dicho informe, al que también ha tenido acceso este diario, detalla de Roa Baltar su presencia en los órganos de administración de las mercantiles Ocisa Esys SA, Solyc SA, Invesan SA, Garage Mundial SL, Invermay 3 Sicav SA y Parking Coslada 3 SL, todas ellas extinguidas ya en aquel momento. Los agentes también detallaban que "ninguna de ellas tiene relación con los hechos investigados ni se encuentra dentro del entorno empresarial" del cabecilla de la Púnica.
Sobre el alcalde socialista de Alcalá de Henares, la UCO sólo reseñaba que fue consejero de la Empresa Municipal de la Vivienda de este municipio madrileño, el tercero más grande de la comunidad, y que tampoco constaba relaciones con el socio de Granados. A Trevor Langdon lo vincula únicamente con la empresa Estándar Colina Investments Limited, ya disuelta, de la que fue "director" desde 1991 a 2007. También con una sola mercantil se relacionaba a Rodrigo Díez de Pichardo. En su caso, con la Compañía de Navegación Santa Ponsa SL. No obstante, de éste la Guardia Civil también refleja que en 2007 se le abrió un expediente en la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de Baleares por "no depositar armas a la caducidad de la licencia". José Miguel López Gutiérrez aparecía relacionado con la sociedad Turismo Sierra de Gata SL y con dos denuncias en 2009 por "infracción a la normativa sobre hospedaje". Finalmente, de Tristan Domecq destaba su participación en los órganos de administración de cuatro empresas: Pie de Rey SL, Domarco Import Export SA, Bahía Torre del Tajo SL y Gourmet Domecq Selección SL.
Empresas panameñas
La Guardia Civil también intentó rastrear datos sobre las fundaciones Algaba y Cotazur, y las empresas Rockfish Finance Corp., Senator Overseas y Extreme Overseas Corp. a través de las cuales cuatro de estos empresarios realizaron las transferencias bajo sospecha. Sin embargo, en aquel momento la UCO no encontró en el Registro Mercantil Central ni en otras bases de datos "ninguna información" sobre ellas. Finalmente se supo que al menos las tres mercantiles tenían su sede social en un paraíso fiscal: Panamá.
Un reciente informe de la AEAT destaca que una de las investigadas se acogió a la polémica amnistía fiscal y transfirió 277.000 euros desde Suiza a España
El sumario incluye, además, un informe de la Agencia Tributaria del pasado mes de marzo referido a uno de estos empresarios: Trevor Langdon. En el mismo, los expertos de Hacienda detallan la situación económica y financiera del mismo, y también su vinculación con otra de las personas que figura en la lista remitida ahora por el juez Velasco al Banco de España. Se trata de María Elisa Usera Cano, quien según los archivos de la AEAT figura como su esposa y titular de varias sociedades.
De hecho, el informe le dedica un amplio espacio y, más en concreto, a sus movimientos de fondos con Suiza. Así, detalla que en diciembre de 2012 esta empresaria traspasó a una cuenta en España del Banco de Santander 277.000 euros procedentes de una cuenta en el BNP Paribas de Ginebra, la misma entidad donde tenían abiertos sus depósitos Granados y su socio. También destaca que ese mismo año se acogió a la polémica amnistía fiscal para aflorar una cartera de valores en esta misma entidad. Una declaración Tributaria Especial que fue presentada por otro de los ahora investigados: el asesor fiscal Ricardo Antonio de Guindos Latorre. Ahora el juez Velasco quiere saber si todos ellos tuvieron cuentas en Suiza.
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