Aragón deja sólo al nacionalismo catalán en su batalla contra el plan hidrológico del Ebro

El flamante nuevo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró en su discurso de investidura que era "prioritario" actuar contra el "anacrónico" plan hidrológico del Ebro que apenas 48 horas antes había aprobado el Consejo de Ministros. Horas después, el ejército bien engrasado que es la Assemblea Nacional Catalana (ANC) comenzaba a movilizar a sus adeptos para una manifestación que se convocó el pasado viernes y que se llevará a cabo este 7 de febrero en Tortosa (Tarragona). ¿Reedición de la batalla del agua que se vivió en la última legislatura de Aznar a cuenta del trasvase del Ebro? No lo parece. Porque este plan no incluye trasvases a cuencas deficitarias y porque Aragón se ha bajado del carro de las reivindicaciones contra el Gobierno al considerar que "se respeta la reserva hídrica" reservada a la autonomía.

La situación es muy diferente a la que se planteaba con el trasvase en los años 2000, pues ahora aumenta el derecho a obtener agua del río de los regantes de las zonas por las que pasa. Se contemplan 450.000 nuevas hectáreas de regadío (la mitad de todas las que se contemplan en España hasta 2021) y la construcción de nuevos embalses. Por ello los aragoneses pero también los leridanos se han mostrado muy conformes.

Sin embargo, al haber mayores extracciones durante el curso del río quien pagará esa carestía de agua será el Delta del Ebro, la desembocadura que desde hace unos años está aumentando su salinidad: al haber menos agua dulce, el mar está ganando espacio al delta. Ecologistas en Acción ya lo ha denunciado: "Es imposible satisfacer esa demanda con los recursos que actualmente cuenta el río Ebro", dice a este periódico Erika González.

Aún cuando los ecologistas coinciden en criticar el plan del Ebro que aumenta las hectáreas de regadío en un momento de escasez de agua por la sequía, todo apunta a que la de Tortosa será, más que una reivindicación ecológica, un movimiento plenamente político contra el gobierno de Mariano Rajoy.

Per gestionar els nostres propis recursos escoltant el territori. República per decidir-ho tot! #loriuesvida pic.twitter.com/w148rGdwhP

— Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) January 13, 2016

"No sé si se politizará o no, lo importante es que sus reivindicaciones tienen sentido", asegura a este periódico Erika González. Por el momento, el independentismo más radical tendrá que tirar del carro de una nueva guerra del agua.

Agua entre estados

Manejar el agua de un río que cursa por distintos territorios siempre ha sido objeto de polémica. España tiene su caso más obvio con los tratados de Albufeira, acuerdos con los que se trata el reparto del agua de los cinco ríos importantes que ambos países comparten (Miño, Limia, Duero, Tajo y Guadiana). En este caso España es un país agua arriba y Portugal agua abajo, al igual que le ocurre al Delta. 

Estos acuerdos, reflejados en este estudio de la Universidad de Zaragoza, reflejan los caudales mínimos que deben pasar por ciertas zonas del curso del río. Aunque según los ecologistas este convenio "ni se respeta por España ni se exige su respeto por Portugal", la realidad es que establece claramente los caudales que deben pasar por cada zona. En el caso del nuevo plan del Ebro, todo apunta a que el aumento de su explotación curso arriba causará problemas en su desembocadura.