Por falta de competencia

Anticorrupción se opuso en tres ocasiones a que la Audiencia investigara las hipotecas infladas de la Caja Madrid de Blesa

La fiscal Belén Suárez sostiene que no es competencia de la Audiencia Nacional investigar las hipotecas sobrevaloradas que Caja Madrid concedió entre los años 2003 y 2009 cuando Miguel Blesa presidía la extinta entidad. En tres informes enviados al Juzgado Central Número 5 a lo largo de los años 2014, 2015 y 2016, la Fiscalía se opuso a investigar las hipotecas dadas por dicha entidad en plena 'burbuja inmobiliaria'.

El ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.
El ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. Archivo

El titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, el magistrado José de la Mata,admitió a trámite el pasado 29 de marzo una querella por la concesión sistemática de hipotecas sobrevaloradas en Caja Madrid entre los años 2003 y 2009. De la Mata adoptó esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, organismo que hasta en tres ocasiones se ha opuesto férreamente a que la Audiencia Nacional investigue las hipotecas infladas que concedió, en pleno boom inmobiliario, la entidad que presidía Miguel Blesa en nuestro país.

En tres informes enviados a lo largo de los años 2014, 2015 y 2016, la teniente fiscal de Anticorrupción se opuso a investigar las hipotecas infladas que concedió Caja Madrid en la Audiencia Nacional

En distintos informes remitidos al Juzgado Central Número 5 el 28 de febrero de 2014, el 9 de abril de 2015 y 29 de enero de 2016, a los que ha tenido acceso Vozpópuli, la teniente fiscal de Anticorrupción Belén Suárez defendió que no es competencia de la Audiencia Nacional investigar las citadas hipotecas ya que las defraudaciones que puede investigar este tribunal "deben tener grave repercusión para la economía nacional" lo que requiere "no solamente le criterio cuantitativo sino que estén presentes otros factores de naturaleza social o económica que permitan afirmar que la economía nacional puede verse repercutida o que la propia complejidad de la causa con la implicación de diversas personas físicas y empresas o con operaciones fraudulentas desarrolladas en distintos territorios, nacionales o extranjeros, así lo aconsejen". 

Se da la circunstancia que la denunciante Isabel Menéndez Muñiz interpuso una primera querella en noviembre de 2013 contra el Consejo de Administración de Caja Madrid que retiró 48 horas después de ser registrada. Justo un año después, la misma persona, junto con el afectado Santiago Barroso, presentó una nueva querella por "la práctica sistemática de sobrevalorar inmuebles constituidos en garantías de préstamos hipotecarios y la concesión de préstamos que no debieron haberse concedido" en Caja Madrid.

Una práctica "generalizada" en los bancos

Sin embargo, Anticorrupción criticó duramente los hechos expuestos en dicha querella -que el juez ha admitido a trámite- al considerar que no tenían fundamento. "Sólo constan referencias de mercado sin otro dato que sea objetivamente valorable y la aportación de 100 expedientes de préstamos hipotecarios, no suscritos por los querellantes", explicaba Suárez. La fiscal subrayó, además, que los querellantes hacían referencia en su denuncia a "practicas sistemáticas" y "falseamiento de datos" en Caja Madrid pero hacían estas afirmaciones "sin otros datos que lo apoyen" por lo que las mismas no pueden ser considerada ni como indicios de responsabilidades criminales ni como la causa del rescate de Bankia. La Fiscalía entiende, además, que los hechos denunciados se refieren en parte al periodo de plena expansión de la 'burbuja inmobiliaria' (entre los años 2003 y 2007) siendo una práctica "generalizada" que hacían "prácticamente todas las entidades financieras". 

La Fiscalía defiende que las sobrevaloraciones fueron una práctica muy generalizada prácticamente por todas las entidades financieras en el boom inmobiliario

Antes de admitir a trámite la querella, el juez José de la Mata incorporó un informe de la inspección del Banco de España a la causa donde se concluía indiciariamente que la tasadora de la entidad, Tasaciones Madrid, valoraba de forma sistemática los inmuebles hipotecados por encima del precio de los mismos y hacía tasaciones de baja calidad. Sobre este extremo, el Ministerio Público sostuvo que se trataba de una "diligencia a prevención" que no tienen cabida en el ordenamiento jurídico para perseguir delitos como la estafa, administración desleal o apropiación indebida.

Por último, En el auto de admisión, el magistrado adelantaba que citaría a declarar próximamente al expresidente de la entidad Miguel Blesa, al ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj, al ex gerente de riesgos, Ramon Martínez Vilchez y al ex director general de Tasaciones Madrid, Ignacio de Navascues. De momento, ninguno de ellos ha sido citado por la Audiencia, según explican las distintas fuentes consultadas por este periódico.


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