Trama del 3%: Anticorrupción pone en el foco 168 millones en adjudicaciones de la era Mas

La trama del 3% que se impuso durante todo el gobierno de Artur Mas concedió adjudicaciones por un importe total de 168,7 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción pone el foco en las licitaciones que la administración pública concedió entre 2008 y 2015 ante la red de financiación ilegal que se erigió en aquellos años y con la que Convergencia Democrática de Cataluña canalizó varios millones de euros.

El Ministerio Público actúa contra más de una decena de altos cargos de CDC, así como una veintena de empresarios, por integrar una "organización criminal" con la que se financió de manera irregular. Anticorrupción pide penas que alcanzan hasta los 22 años de cárcel y multa de 3 millones de euros al partido que fundó Jordi Pujol y su heredero, el PDeCAT.

En el "centro neurálgico" de esta estructura sitúa a Andreu Viloca, quien fuera mano derecha de Artur Mas, y también al extesorero Daniel Osacar. Dos personas, que el expresidente catalán definió como intachables en 2017 y que Anticorrupción señala como epicentros de una red que amañó licitaciones millonarias a cambio de jugosas mordidas. Con todo, la Fiscalía también implica en estos hechos a otros hombres de confianza del exmandatario regional, como es el caso del exconsejero de Justicia Germà Gordó y el exsenador Sixte Cambra.

Las fundaciones recibieron en concepto de donación 9,5 millones de euros, de los cuáles 5,7 se trasladaron a Convergencia. De ellos, 1,8 correspondían a pagos ilícitos

"Los acusados se pusieron de acuerdo para defraudar a las entidades públicas catalanas, diseñando e implementando una operación triangular entre directivos y autoridades de Convergencia Democrática de Cataluña. El importe total de las adjudicaciones definitivas asciende a 168,7 millones de euros", reza el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación. El mismo apunta que los integrantes de la conocida como trama del 3% impulsaron un 'sistema de adjudicación de caucho'.

El patrón, que se repitió en más de una veintena de adjudicaciones, fue el siguiente: Viloca, en su condición de tesorero de Convergencia, controlaba las licitaciones públicas que otorgaba la Generalitat, identificaba a las potenciales empresas adjudicatarias, se reunía con altos cargos de estas firmas y comprometía la adjudicación a cambio de pagos y también donaciones.

9,5 millones de euros en donaciones

Estas últimas se canalizaban a través de varias fundaciones ligadas a la formación independentistas. Tanto es así que los investigadores identifican 9,5 millones de euros en donaciones entre los ejercicios 2008 y 2012. El partido se benefició de 5,7 millones, de los cuáles 1,8 provenían de este sistema de pagos irregular a fundaciones como Catdem, Forum, Nous Catalans y Ramón Trías Fargas.

"Así, CDC fue beneficiario de fondos procedentes de estas fundaciones, siendo su origen el 'canon' exigido a las diferentes empresas que resultaran contratistas", explica Anticorrupción. Estos pagos encubiertos se efectuaban, o bien para adjudicarse licitaciones públicas, o bien para mantener "la buena relación con el partido". Los empresarios, conscientes de la posición de dominio de la que gozaba el partido, abonaban estas cuantías con el fin de "ser tomados en cuenta" para futuras adjudicaciones.

Fiscalía Especial contra la... by Vozpópuli

La Fiscalía explica que los acusados afloraron estas millonarias entregas bien a través notas de cargo giradas desde el partido (entre 2009 y 2014 desviaron 1,7 millones) o bien mediante la remisión de fondos. "Con esta maniobra contable se ocultaba del control externo el aumento de recursos económicos del partido", recoge el escrito. Los entes en cuestión formaron parte de su estrategia política en los años en los años que Mas estuvo en el poder hasta el punto de que recibieron ayudas públicas que luego retornaron a las arcas del partido.

Además, la investigación que se ha seguido en la Audiencia Nacional identificó que los flujos de todas estas fundaciones obedecían a la existencia de una gestión bajo el principio de unidad de caja; una prueba más probaría que el control y destino de estas millonarias partidas dependía directamente de Convergencia.

3% también en el PDeCAT

Así las cosas, Anticorrupción pide multa de tres millones de euros para la formación extinta y su sucesora, el PDeCAT incidiendo en la idea de que esta última nació en 2016 no para dar alas a una nueva formación, sino más bien atendiendo a un "cambio de apariencia de la misma realidad". Sostiene el Ministerio Fiscal que el objetivo de los líderes independentistas era mantener el mismo sistema pero con nuevas siglas para "desconectarse" de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido el partido.

Al respecto insiste en que, al margen de las licitaciones discrecionales, en algunas ocasiones incurrieron en irregularidades en la adjudicación ya que otras empresas contaban con más puntuación. En muchos de estos procesos era conocido quién fue el funcionario o los funcionarios comprados (a cambio de suculentos regalos). En otros, se desconoce si fue imposición directa de los responsables económicos de CDC, de los hombres de confianza de Artur Mas o bien de alguna "persona interpuesta".

Entras VIP del fútbol y viajes

Entre los entes empleados para desviar los fondos públicos se encuentran la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), Consorci d'Educació de Barcelona, BIMSA (Barcelona de Infraestructuras Municipales S.A) o GISA. De hecho, Anticorrupción actúa contra exdirectivos de ambos entes públicos para los que pide penas de prisión que alcanzan los 10 años de cárcel, como es el caso José Antonio Rosell (expresidente de GISA).

Algunos de estos empleados públicos fueron sobornados con regalos, entradas VIP del fútbol o viajes, a cambio de facilitar las adjudicaciones a las empresas implicadas. Entre ellas destacan Teyco (a cuyo frente se encuentra el empresario Jordi Sumarroca), Grup Soler Constructora (del empresario Jordi Soler); Oproler Obras y Proyectos (de los empresarios Bassols y Lerma) o el empresario Francesc Xavier Tauler Ferré. Este último se reunió con el exconsejero Germà Gordó para tratar dos adjudicaciones concretas, tal y como se acreditó durante la investigación.