El Liberal

PIMEC sostiene que la subida del SMI no perjudica la economía

La patronal que representa a las pymes y los autónomos catalanes considera positivo el incremento paulatino del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aunque pide que se acompañe de mesuras que incentiven la productividad empresarial

PIMEC, a favor de un aumento del SMI paulatino, dada la coyuntura de desaceleración económica actual.
PIMEC, a favor de un aumento del SMI paulatino, dada la coyuntura de desaceleración económica actual. Pixabay.com

Tras el acuerdo de ayer entre el Ejecutivo central, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEPYME y CEOE sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), organizaciones como PIMEC han dado a conocer su opinión. La patronal que agrupa a las pymes y los autónomos de Cataluña ha valorado de forma positiva que este aumento siga una tendencia progresiva. Además, han recordado que fueron una de las primeras organizaciones empresariales a favor de subir el SMI, siempre que no perjudicara la competitividad de la economía y las empresas.

Medidas que impulsen a las pymes

El pacto entre gobierno central y agentes sociales y empresariales incrementa un 5,5% el SMI, situándolo en 950 euros. Un porcentaje muy por debajo de la subida acordada el año pasado de un 22,3%. Para PIMEC, este aumento se enmarca dentro de unos márgenes más razonables de evolución de los índices económicos.

PIMEC insta a que el incremento del SMI se acompañe de medidas que contribuyan a mejorar la productividad y competitividad de las PYMES, a fin de no perjudicar a l’economía, dado el contexto de desaceleración actual. Un contexto en el que han aumentado los expedientes de regulación de ocupación, según la patronal.

Para PIMEC, este aumento del SMI se enmarca dentro de unos márgenes más razonables de evolución de los índices económicos.

Este aumento de costes debería repercutir en los contratos públicos y privados que firmen las empresas, sobre todo las pymes. Por ello, la patronal también considera necesaria la revisión de los contratos suscritos por administraciones y órganos públicos, adecuándolos a las nuevas exigencias salariales. 



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