Carles Puigdemont y el resto de líderes implicados en el referéndum ilegal del 1-O tendrán que depositar ante el Tribunal de Cuentas hoy lunes una fianza de 4,1 millones de euros por la organización de la consulta. A pocas horas de que acabara el plazo, la Associació de Foment de la Caixa de Solidaritat intentaba por todos los medios obtener los fondos necesarios para afrontar estas cauciones. Hasta el pasado jueves, esta entidad, presidida por Ernest Benach (ERC) y Nuria de Gispert (JxCat) solo había logrado recaudar 800.000 euros y animaba a los independentistas a seguir aportando fondos hasta lograr el dinero necesario. Si los implicados no pagan, el Tribunal de Cuentas ejecutará los embargos pertinentes.

La Caixa de Solidaritat lanzó a finales del pasado mes de enero la campaña de recaudación, poco después de que el Tribunal de Cuentas emitiera el auto dictando las fianzas y el plazo para abonarlas. El mismo Carles Puigdemont, a través de su cuenta de Twitter, pedía ayuda, apelando a que, de no pagar, serían embargados. "Si votaste el 1-O", animaba Puigdemont, "te necesitamos". También lo han hecho otros como la Associació Catalana pels Drets Civils.

De poco parecen haber servido las invitaciones a la colaboración pues, a pocas horas de que concluya el plazo, no parece que haya sido posible recaudar los algo más de 4 millones de euros reclamados por la Justicia. Diversos medios independentistas se hacían eco de la situación y alertaban de la necesidad de que los separatistas contribuyeran para evitar el embargo de los bienes de, entre otros, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa o el mismo Puigdemont.

Casi 14 millones 

En los últimos años, la Caixa de Solidaritat ha recaudado y pagado fianzas y multas por casi 14 millones de euros, aportados, aparentemente, por personas anónimas. La fianza más elevada pagada con estos fondos ha sido la del ex presidente Artur Mas y el resto de implicados en la organización del referéndum también ilegal del 9 de noviembre de 2014. En este caso, la Caixa de Solidaritat abonó a las arcas públicas cerca de 5 millones de euros