Ni en interés de España ni siquiera en interés del PSOE. El humillante inventario de concesiones hechas a los enemigos de la Constitución es simplemente el justiprecio exigido por los independentistas a cambio de que el político que más les ha favorecido conserve el poder. Tras el pésimo resultado obtenido por el secesionismo catalán en las elecciones del 23 de julio, que acentuó la devaluación del procés, el objetivo de un gobernante responsable debería haber sido confirmar el dictamen de las urnas, consolidando por la vía de los hechos el debilitamiento de las opciones políticas más disgregadoras.
Por el contrario, Pedro Sánchez, en lugar de explorar en beneficio del país fórmulas que sacaran de la ecuación de la gobernabilidad el chantaje del nacionalismo más radical, tomó la decisión de pactar con Esquerra Republicana (ERC), Bildu y Junts para así sortear la saludable costumbre de que el encargado de formar gobierno fuera el partido más votado.
Sánchez somete al Estado a un chantaje que sólo será soportable si en paralelo se doma definitivamente al Poder Judicial, última trinchera de la dignidad nacional, y se exacerba la confrontación entre españoles
La consecuencia de esta lógica perversa, sólo concebible desde una ambición que roza la deslealtad, es que los españoles vamos a sufrir las secuelas de un gobierno contranatural que para poder formarse ha comprometido la vigencia de principios tales como la igualdad y la solidaridad, ha sometido a un intolerable acoso al tercer poder del Estado y parece dispuesto a pagar el precio de estar permanentemente subyugado por la extorsión de quienes le van a sostener.
Si el gobierno Frankenstein cometió errores que dejaron un reguero de graves consecuencias y mostró descarnadamente los agujeros de un Ejecutivo de coalición que nunca fue tal sino una componenda de mera conveniencia entre dos, lo que a partir de ahora corremos el riesgo de padecer es a un Poder Ejecutivo que, en lugar de abordar lo esencial, esto es resolver los principales problemas del país, concentre sus energías en promover un nuevo proyecto constituyente que neutralice la Constitución y desarrolle el Estado plurinacional y asimétrico al que aspira el nacionalismo excluyente.
Todo ello como paso previo a ejecutar el derecho a la autodeterminación. Tras las elecciones generales, el líder socialista tomó la decisión de presentarse ante los suyos como el único antídoto posible contra la ultraderecha. Para ello, era necesario realimentar la irresponsable estrategia de confrontación practicada en los últimos años desde el poder y así desacreditar al Partido Popular como legítima alternancia.
Al elegir precisamente como compañeros de viaje a los que atentaron contra nuestras libertades y provocaron la más grave crisis de convivencia que se recuerda en Cataluña, al convalidar como interlocutores a prófugos de la Justicia, a delincuentes convictos, confesos y que han manifestado reiteradamente su intención de reincidir, al banalizar la amnistía, convirtiendo una medida abiertamente anticonstitucional -y de alta significación política y jurídica sólo en ocasiones muy excepcionales y tasadas- en una ficha más que sacrificar en su particular juego de poder, el presidente del Gobierno en funciones ha sembrado la semilla de un generalizado sentimiento ciudadano de injusticia, tensionando de forma insensata la sociedad.
Junto al tremendo daño que la huida hacia delante de Sánchez está ocasionando a la convivencia en el conjunto del país, el pacto sellado por los socialistas va a provocar sin duda otras consecuencias, especialmente onerosas para la estabilidad territorial, económica y jurídica.
Sin ir más lejos, a la indecencia política y moral que supone perdonar sin que medie arrepentimiento a aquellos que desde Cataluña atentaron gravemente contra la democracia y el Estado, hay que añadir, por lo que sabemos, y por obra y gracia del Lawfare, el riesgo de que se beneficien de la medida narcotraficantes y corruptos, gracias a que la norma se pacta para que eludan sus responsabilidades ante la Justicia el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye (encausado por un presunto delito de blanqueo de capitales vinculado con el narcotráfico) y la dirigente de Junts Laura Borrás, condenada por falsedad documental y prevaricación.
Aún más inquietante es la posibilidad de que, tal y como ha advertido la principal asociación de jueces de España, y ha advertido Felipe González, la amnistía favorezca a “quienes pretendieron en otros momentos históricos con la fuerza del terror conseguir la independencia de parte del territorio, o bien malversaron fondos públicos invocando la misma intencionalidad”, puedan exigir en un futuro no muy lejano el mismo trato.
A la vista de los bodrios jurídicos impulsados por el gobierno de coalición, nada tiene de remota a posibilidad de que una vez aprobada la amnistía, mediante una norma que incluya a los acusados de terrorismo sin delitos de sangre, muchos miembros de la banda terrorista ETA que cumplen condena exclusivamente por “colaboración con banda armada” soliciten su excarcelación inmediata.
Pero además de efectos tan sangrantes como el apuntado, demoledores para la salud del Estado de Derecho, las múltiples imposiciones asumidas por Sánchez para conservar el sillón de Moncloa constituyen una enmienda a la totalidad del ideario socialista. Junto a concesiones económicas imposibles de defender desde posiciones progresistas (15.000 millones de deuda condonada, más 1.300 millones en intereses), hay otras que en lugar de reforzarlo diluyen aún más el papel del Estado en Cataluña (fondos para la gestión autónoma de prisiones, investigación o policía autonómica, además de la entrega de una infraestructura estratégica como es el servicio de ferrocarriles regionales y de cercanías).
Se respalda de este modo la estrategia del nacionalismo radical y supremacista, consistente en dar pasos irreversibles hacia una independencia de facto. En el imaginario independentista, los acuerdos firmados con Sánchez son el preámbulo de una legislatura en la que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras -veremos quién dispara primero- van a plantear una consulta sobre la autodeterminación como requisito indispensable para seguir sujetando al frente del Gobierno a este funesto personaje.
Al banalizar la amnistía convirtiendo una medida de alta significación política y jurídica en una ficha más que sacrificar en su particular juego de poder, Sánchez ha sembrado la semilla de un generalizado sentimiento ciudadano de injusticia
Por un interés exclusivamente personal, Pedro Sánchez acepta convertirse, y convertirnos, en una marioneta del nacionalismo más grosero y excluyente. Y lo hace sin el menor asomo de respeto a los ciudadanos, impugnando con insultante descaro sus compromisos electorales y enterrando por largo tiempo la reputación del país. Con esta impúdica capitulación, y con la complicidad de la izquierda más arcaica y estéril de Europa, encabezada por esa vacuidad llamada Yolanda Díaz, Sánchez somete al Estado al cotidiano chantaje de sus más acérrimos enemigos.
Un chantaje que sólo será soportable si en paralelo se somete definitivamente al Poder Judicial, última trinchera de la dignidad nacional, y se exacerba la ya insoportable polarización política y la confrontación entre españoles. Estos van a ser los siguientes objetivos de Sánchez. Frenar al déspota debiera ser la aspiración prioritaria de todos los demócratas.