La banca se queda sin aliados políticos para frenar el impuesto. Las entidades se habían encomendado a Vox como única y última opción para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero la formación liderada por Santiago Abascal ha expresado su rechazo a las patronales en una reciente reunión, según fuentes conocedoras consultadas por Vozpópuli.
El recurso ante el Constitucional requeriría de al menos 50 diputados o senadores. Por tanto, sólo PP y Vox estarían en disposición de abanderar este plan, que las entidades eran conscientes de que sería muy difícil de activar por el coste político. La opción del PP hace tiempo que se abandonó y al final tampoco habrá 'coalición verde', como algunas fuentes se referían a la posible alianza entre Vox y la Asociación Española de Banca (AEB) por el color de sus siglas.
La presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, y el director general de la Ceca, José María Méndez, intensificaron los contactos este lunes en la antesala a que el Congreso admitiera a trámite la proposición de ley del Grupo Socialista y Podemos para crear un impuesto extraordinario a la banca y a las energéticas, que rechazaron el PP, Vox y Ciudadanos. Las patronales han trasladado a los partidos su convencimiento de que el nuevo gravamen es inconstitucional porque ya pagan el impuesto de sociedades y además es discriminatorio respecto a otros sectores.
Las entidades se han armado de argumentos para intentar influir en la fase de enmiendas del nuevo impuesto, que gravará el 4,8% de los ingresos típicos y las comisiones. Además, el Gobierno fijará el listón de 800 millones de euros sobre la base de ingresos del ejercicio 2019. Los grandes bancos advierten de que hay entidades pequeñas que son fuertes competidores en algunas zonas geográfica y confían en que este punto se pueda cambiar en la tramitación parlamentaria.
Vox: planea la "inconstitucionalidad"
Pese al rechazo de Vox a la banca, el portavoz del grupo en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, advirtió ayer de que "planea la inconstitucionalidad" sobre el impuesto a la banca y a las energéticas, que se incluyen en el mismo texto de la proposición de ley.
El portavoz de Vox criticó además que se tramite como proposición de ley y no como proyecto, lo que impedirá escuchar la opinión de los bancos. "Lo acabarán pagando los españoles", aseguró Espinosa de los Monteros, que alertó de que la nueva tasa al sector financiero restringirá y encarecerá el crédito a las familias y empresas.
Los bancos dan por hecho que ganarán la batalla judicial que iniciarán a partir de febrero de 2023, cuando está previsto un primer pago fraccionado. El sector impugnaría la nueva tasa en la Audiencia Nacional, con un recurso a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, según fuentes próximas a uno de los grandes bancos del Ibex.
Los avisos de la banca: el impuesto recortará en 50.000 millones el crédito y arriesga hasta 35.000 empleos"
Entre los principales argumentos de los bancos para oponerse al impuesto destacan el impacto negativo que tendrá en la economía. Las entidades estiman que recortará en unos 50.000 millones el crédito disponible, el 4,1% del total del saldo de préstamos del sistema al sector privado. También calculan que por cada 100 euros de recaudación del impuesto, el PIB se reduce en 130 euros, con una pérdida de entre 25.000 y 35.000 empleos.
El Gobierno justifica el impuesto por los "beneficios extraordinarios" de los bancos gracias al cambio de rumbo en la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), que subirá este mes los tipos de interés otro 0,75% y dejará el precio del dinero en el 1,25%. El sector precisamente está a la espera de si el supervisor único emite una opinión sobre el plan del Gobierno.
