Trabajo incluye a la catalana Pimec en la Comisión Nacional de Convenios aunque lo impide la ley

El Ministerio de Trabajo ha habilitado a Pimec a participar en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC), según ha anunciado la patronal catalana de pymes este martes.

La entidad ha calificado este hecho de "hito histórico". Ha celebrado que las pymes catalanas "estarán representadas con voz propia en el diálogo social estatal por primera vez en la historia de la democracia" y ha lamentado los "agravios que han sufrido".

La Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, que preside el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Jesús Cruz Villalón, es un órgano formado por representantes del Ministerio de Trabajo, de sindicatos y patronales con funciones consultivas sobre convenios y decisorias ante discrepancias sobre su aplicación.

Del lado sindical, está formada por CCOO y UGT y los sindicatos vasco ELA-STV y gallego CIG, y por CEOE y Cepyme del empresarial.

La CCNCC tiene una actuación autónoma en sus funciones, si bien, desde el punto de vista orgánico, está adscrita a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo.

Esta decisión del Gobierno es cuestionada por las fuentes jurídicas que ha consultado Vozpópuli, que apuntan que no cumple con lo que establece el Estatuto de los Trabajadores (ET).

Y es que la Disposición adicional sexta del ET, que regula la representación institucional de los empresarios, establece que se entiende que ostentan representación institucional en defensa de intereses de los empresarios ante las Administraciones Públicas de carácter estatal o de comunidad autónoma las asociaciones empresariales que cuenten con el 10% o más de las empresas y trabajadores en el ámbito estatal.

Asimismo, añade que podrán también estar representadas las asociaciones empresariales de comunidad autónoma que cuenten en ésta con un mínimo del 15% de los empresarios y trabajadores. Sin embargo, estipula que no estarán comprendidas en este supuesto las asociaciones empresariales que estén integradas en federaciones o confederaciones de ámbito estatal.

Este ultimo punto es el que lleva a las fuentes citadas a considerar que Pimec no cumple los requisitos para entrar en la Comisión. Pimec forma parte de Conpymes, una confederación nacional de pymes y autonómos que la propia Pimec impulsó. Su presidente, Antoni Cañete, es vicepresidente de Conpymes.

Pimec, integrada en Conpymes

Cañete ha lamentado este martes "falta de sensibilidad" respecto a las necesidades de las pymes en el proceso legislativo, que ha atribuido a su ausencia en los espacios de negociación, y ha tachado de débil la representación empresarial hasta el momento. Además, ha declarado que Pimec "mantendrá su cooperación" con las organizaciones empresariales de ámbito estatal, y ha señalado a Conpymes.

Fuentes del Ministerio de Trabajo trasladan que Pimec ha aportado certificado de representatividad otorgado por la Autoridad Laboral Catalana y que entienden que puede estar en el Comité por no estarlo Conpymes, lo que califican de decisión "técnica". Pero apuntan que todo es recurrible.

Desde Pimec señalan que su presencia es legal por no estar Conpymes en el Comité.

Auspiciada por Pimec nació Conpymes en 2021, un torpedo en la línea de flotación de Cepyme y de su aparente armonía con CEOE y que ambiciona la representatividad nacional, entrar en el diálogo social. Su presidente, José María Torres, ha conseguido que su inclusión en las mesas del diálogo social aparezca en el pacto de gobierno que suscribieron el PSOE y Sumar.

Conpymes trata de quitarse la vitola de plataforma vinculada al Gobierno del PSOE y Sumar que le acompaña desde que amadrinaran su presentación en mayo de 2021 la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Aseguran que no comparten buena parte de la agenda económica del Ejecutivo de coalición, que invitan a todos los partidos a sus eventos y que su relación con el PP es buena.

Su última victoria, la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el Real Decreto 1027/2022 aprobado por el Gobierno el 20 de diciembre de 2022 que reguló la concesión directa de subvenciones para la digitalización del sector productivo, por un máximo de 30,6 millones de euros sin convocatoria pública a CEOE, Cepyme y UGT, al considerar que ya no se daban las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia o la guerra en Ucrania que lo justificaran.

La lectura que hace José María Torres es que lo que está diciendo el Supremo es que patronales que no pertenecen a CEOE pueden concurrir a convocatorias que hasta ahora les están vetadas. A la espera de que se resuelva el recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio de Trabajo que pende de la Audiencia Nacional en el que reclama ser agente social.