El Supremo resuelve tres pleitos entre el Estado y las concesionarias pero deja el más voluminoso en el aire

La avalancha de sentencias relacionadas con distintos pleitos que mantiene el Estado con diferentes concesionarias de autopistas ha sembrado un cierto caos informativo ante la aparición de informaciones que parecían contradictorias. Hasta tres procesos diferentes se han resuelto en las últimas horas, con desenlaces variados. En dos de ellos, el Estado ha salido victorioso, con lo que ha esquivado el pago de compensaciones que suman cerca de 1.500 millones de euros.

En concreto, el Alto Tribunal ha decidido en dos sentencias que el Estado no tiene que abonar a las empresas concesionarias de autopistas Aumar y Ausur cerca de 1.500 millones de euros en concepto de "reequilibrio económico-financiero e indemnización por daños y perjuicios".

Las compañías habían solicitado sendas indemnizaciones, que era de 785 millones de euros en el caso de Aumar, que gestionaba tres tramos de autopistas de peaje, Tarragona-Valencia (AP-7 Norte); Valencia-Alicante (AP-7 Sur) y Sevilla-Cádiz (AP-4). Mientras, Ausur, que desde 1998 explotaba la autopista del Sureste (Alicante-Cartagena), reclamaba 748,9 millones de euros.

En ambos casos, las concesionarias alegaban que se había producido una "ruptura de la ecuación financiera del contrato", después de que se construyera una autovía paralela, funcionalmente equivalente a las que ellos gestionan y libre de peajes, lo que provocó una disminución de sus ingresos, según apunta Efe.

La sala de lo contencioso administrativo considera que "en más de cuarenta años de explotación, la concesionaria no puede pensar ni pretender que las infraestructuras viarias en el entorno de sus 500 kilómetros de autopistas continúen sin desdoblarse y sin cinturones viarios que rodeen las ciudades".

1.800 millones en juego

Por su parte, en la tarde del jueves trascendió que el Supremo había emitido otra sentencia en la que dejaba en el aire su decisión sobre el más voluminoso de los pleitos del Estado contra una concesionaria, el que sostiene con Acesa, filial de Abertis, por la interpretación del convenio firmado en 2006 para la extensión de la concesión de la AP-7. El Alto Tribunal decidió que hasta que no llegara el fin de esta concesión, esto es, el 31 de agosto de 2021, no se pronunciaría sobre dicha interpretación, que pone en juego algo más de 1.800 millones de euros.

En el convenio, el Estado se comprometía a compensar a Acesa en el caso de una hipotética caída del tráfico como consecuencia de los trabajos de ampliación de la autovía que la filial de Abertis llevaría a cabo como contraparte de la extensión de la concesión.

Merced al desplome de los tráficos como consecuencia de la crisis, Abertis reclamó al Estado la correspondiente indemnización, lo que fue rechazado por la Administración central al considerar que el descenso en la afluencia de vehículos no estaba causado por una circunstancia relacionada con la concesión y sí con la coyuntura económica del momento.

Tres sentencias diferentes en unas pocas horas y con distinto signo. Todo un escenario preparado para la confusión.