La factura que preocupa a Moody's: las pensiones subirán cerca del 3,8% el próximo año

Hace unos días, la agencia de calificación crediticia Moody's, una de las más importantes del mundo, realizó una advertencia a España acerca de la necesidad de realizar nuevos ajustes en el sistema público de pensiones, que no pongan en riesgo el actual rating de la deuda a finales de esta década.

A Moody's le preocupa el creciente déficit de la Seguridad Social, el envejecimiento de la población  (en la actualidad, hay un pensionista por cada cinco habitantes y, en algunas comunidades, uno por cada cuatro) y la vinculación, por ley, de la revalorización anual de las pensiones al aumento del Índice de Precios de Consumo. Todas estas circunstancias, dice, pueden dejar en papel mojado la última reforma del sistema público de pensiones realizada por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá en los próximos años.

Aunque la agencia estadounidense no relaciona de ninguna manera la advertencia con la posibilidad de que en el futuro más inmediato vaya a rebajar la actual calificación crediticia de España, sí deja meridianamente claros los problemas de sostenibilidad del sistema público que pueden aparecer en los próximos años y las próximas décadas. Y es que el pago de las pensiones se llevaran este año el 39,2% de todo el gasto del presupuesto consolidado, tras incrementarse en un 11,4%, de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado para el año en curso.

En 2023, las pensiones se revalorizaron por primera vez de acuerdo al incremento del IPC. La ley 21/2021, de 28 de diciembre, “de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones” modificó el artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para, en su punto segundo, asegurar que “las pensiones de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual del Índice de Precios de Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior”.

La factura de 2023

La subida para 2023 fue del 8,5%, lo que elevará el gasto total desde los 171.140 millones de euros a los 190.687 millones que recogen como estimación los Presupuestos en vigor. Y es que 2022 fue un año excepcional en lo que se refiere a inflación. Empezó con una subida media del 6,1% en el mes de enero y acabó con un aumento del 5,7% en diciembre, con tres meses por encima del 10%: junio, julio y agosto. Entre los meses de enero y agosto, la Seguridad Social ha desembolsado a los 9,1 millones de pensionistas un total de 107.757 millones de euros, incluyendo la paga extraordinaria del mes de junio.

Para el próximo ejercicio, los datos del Índice de Precios Consumo registran en los nueve primeros meses que computarán a efectos de la revalorización (los que va entre diciembre de 2022 y agosto pasado) un incremento medio del 3,87% considerando definitivo el dato adelantado del IPC del mes pasado, el 2,6%, que publicó de forma provisional el INE recientemente.

Faltan aún tres meses para conocer cuál será el valor medio de las tasas de variación interanual del IPC, pero todo apunta en que se situará entre el 3,6%; si la inflación se mantiene en el nivel en el que cerró agosto, y el 3,8%, si el IPC entre los meses de septiembre y noviembre se acerca más al 3,5% en tasa interanual.

Parece muy difícil que en septiembre no vuelva a subir algo la tasa interanual, teniendo en cuenta que la variación mensual del IPC en ese mes, en 2002, fue del -0,7%. La tendencia alcista podría repetirse en noviembre (-0,1% en 2022). Otra cosa será en octubre, porque en ese mes, el pasado año, los precios subieron ya un 0,3%.

Considerando una inflación media en los doce meses anteriores a diciembre de 2023 de entre el 3,6% y el 3,8%, la que a día de hoy está confirmada, el aumento del gasto anual en pensiones estaría entre los 6.900 y 7.250 millones de euros el año próximo y la nómina mensual, que en agosto fue de 12.039 millones de euros, pasaría a ser de entre 12.475 y 12.500 millones, sin tener en cuenta el aumento del número de pensionistas que se produce anualmente por razones vegetativas. 

El temor de Moody's

El temor de la agencia Moody's está ahí, en los casi 27.000 millones de euros de incremento de la factura que habrá costado en dos años vincular al IPC la revalorización de las pensiones. La contrapartida del aumento de las cotizaciones sociales y la creación del denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional cubrirán una mínima parte de este aumento.

Aunque, de momento, la calificación crediticia de España no parece estar en duda tal y como ha asegurado Moody's, su advertencia pondrá en guardia al sistema financiero internacional. La deuda de las Administraciones Públicas era, a cierre de junio pasado, de 1,569 billones de euros, un 113,1% del Producto Interior Bruto, casi el doble del porcentaje recomendado por la Unión Económica y Monetaria.

En octubre de 2010, Moody's fue la última agencia de calificación crediticia que quitó a España la triple A que le quedaba. Antes lo habían hecho Standard & Poor's y Fitch. La agencia dejó la deuda española con una nota “Aa1”, un escalón por debajo de la matrícula de honor. Desde entonces, la agencia ha rebajado en otros cuatro escalones la nota hasta “Baa3”. En febrero de 2014 elevó el rating un peldaño, hasta “Baa2”, y en 2018, otro, a “Baa1”, simplemente aprobado en la traducción de la jerga que utilizan las agencias.