El Senado recurre de urgencia a Iberdrola tras la crisis de su compañía de luz

El Senado también sufre los altos precios de la luz. Aura Energía, la compañía encargada de su suministro de electricidad desde 2019, comunicó en noviembre a los representantes de la Cámara Alta la imposibilidad de cumplir este contrato público por el que cobraba 544.500 euros al año y que debía satisfacer hasta el 31 de diciembre de 2022. Ante este escenario, la institución ha tenido que recurrir de urgencia a Iberdrola para mantener el suministro.

La empresa que preside Ignacio Sánchez Galán recibirá 381.150 euros por realizar este servicio los seis meses. "La adjudicación del contrato se lleva a cabo mediante procedimiento negociado sin publicidad, en base a la imperiosa urgencia resultante de un acontecimiento imprevisible para el órgano de contratación y no imputable al mismo, concretado en la suspensión unilateral de la ejecución del contrato, hasta ahora vigente, por parte de la actual empresa adjudicataria", explica el Senado en su contrato.

Concretamente, el 23 de noviembre de 2021, la compañía catalana Aura Energía comunicó la suspensión del contrato de suministro eléctrico en alta tensión y el traslado de los diferentes puntos de suministro a la correspondiente Compañía Comercializadora de Referencia. Dos días después, la distribuidora de energía eléctrica I-DE (Grupo Iberdrola), en que es la responsable de la distribución de electricidad en la zona de centro de Madrid, avisó al Senado que Curenergía, la comercializadora de último recurso de Iberdrola, se encargaría de forma provisional de este servicio.

Un servicio temporal de las comercializadoras de referencia que recoge la ley para que no se corte el suministro a ningún cliente con los problemas que puedan surgir de su compañía de luz. Aura Energía ha preferido no entrar a valorar esta situación ante la consulta de Vozpópuli. Aunque, según consta en el registro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la comercializadora sufrió entonces la apertura de un expediente sancionador por impago de las tarifas de acceso. Unos impagos que provocó la inhabilitación para dar el servicio.

El Senado convocó a las eléctricas

El Senado ha contratado a Iberdrola porque fue el único en presentar oferta tras un mes con la comercializadora de último recurso de la misma compañía. Según explican desde el organismo, en el mes de diciembre, se invitó a otras empresas como Endesa, Naturgy, EDP y Acciona para que pelearán por dar este servicio público con el precio más bajo. Pero no hubo respuesta. Iberdrola se encargará hasta el 30 de junio de dar este servicio.

Una adjudicación que podrá prorrogar la Mesa del Senado hasta seis meses. Las fuentes consultas hablan de que el Senado ha sido uno de los 15.000 clientes afectados por la morosidad de Aura Energía, una empresa que habría acumulado más de un millón de euros de deuda en de peajes impagados. Una compañía que no ha sido la única. El incremento descontrolado de los precios de la electricidad y el gas ha provocado un seísmo en el negocio de la comercialización de energía.

Sólo entre septiembre y noviembre de 2021, el organismo regulador inició 39 procesos de investigación a comercializadoras de energía. Una actividad que desde enero hasta agosto se limitaba a una veintena. El aumento de sus investigaciones es aún mayor si se compara con 2020 donde, en plena pandemia, la CNMC inició 14 expedientes. Las afectadas por estas investigaciones fueron pequeñas y medianas comercializadoras como Energya VM (Grupo Villar Mir), Gesternova, Aldro Energia, Factorenergía o Cox Energía. El propio Iberdrola Clientes sufrió dos expedientes por parte de la CNMC, uno en abril de 2021 y otro en noviembre de 2020. Naturgy, por su parte, recibió la alerta del organismo regulador a finales del año pasado

El descontrol de los precios ha disparado las investigaciones de aquellas comercializadoras con deudas pendientes con las distribuidoras de energía. También se han iniciado procesos de investigación por el incumplimiento de comunicar los programas de aprovisionamiento, el incumplimiento de la formalización de contratos de suministro, no ejecutar en plazo las comunicaciones en el cambio de suministrador o de mantenimiento de un servicio de atención a las quejas, así como reclamaciones por incumplimiento de las medidas de protección al consumidor.