Publicado: 17/07/2018 05:15
Banco Santander limita el riesgo de demandas del Popular a 1.100 millones. Esta cifra, que hasta ahora se había negado a facilitar la entidad, figura en las presentaciones previas a la adquisición de junio del año pasado, a las que ha tenido acceso Vozpópuli.
En las mismas, la entidad presidida por Ana Botín deja clara cuál es su perspectiva legal para los próximos años: tiene riesgo de tener que devolver todo el tramo de pequeños inversores (minorista) de la ampliación de 2016; no tendrá que hacerlo con consejeros e inversores institucionales; y el riesgo de que se amplíe la causa a la ampliación de 2012 "es reducida".
Esto es lo que se desprende de la documentación, que como mucha otra enviada por el banco a la Audiencia Nacional tiene páginas censuradas. Principalmente algunas referentes a las alianzas de Popular con Allianz, Värde y Crédit Mutuel, entre otras.
Máximo coste
El riesgo de demandas es uno de los principales de la operación para Santander, como se refleja en todas las presentaciones hechas durante el mes de mayo de 2017. En una de ellas, del 8 de mayo, se llega a elevar la potencial factura hasta 1.500 millones. Aunque esa cifra no vuelve a surgir en el resto del estudio de la operación.
Por su parte, el informe de resolución de Deloitte sí que advierte de un potencial coste mucho mayor, de entre 2.000 y 3.000 millones de euros en el peor de los escenarios. La auditora incluía demandas por la ampliación de 2012.
Santander usará en defensa de la ampliación de 2012 de Popular que la acción subió más de un 100% tras la operación
Lejos de ello, Santander consideraba "a primera vista reducido riesgo potencial". Según la presentación, Popular captó los 2.500 millones a un precio de 2,05 euros por acción y en los años siguientes llegó a alcanzar los 5 euros por título.
De los 2.500 millones, 1.000 millones los pusieron inversores institucionales; 1.025 millones minoristas; y 475 millones representantes del consejo de administración.
Ampliación de 2016
Respecto a la ampliación más reciente, Santander calcula que 425 millones los puso el consejo; 1.000 millones los institucionales y 1.075 millones los minoristas. Es esta cifra la que ve como potencial impacto.
La entidad ya compensó a parte de los minoristas con el bono fidelización que aceptaron los titulares de unos 700 millones. De los otros 400 millones, hay buena parte acudiendo a los tribunales.
Santander también contemplaba antes de la compra del Popular otra potencial por los bonos convertibles, de 17 millones.
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