El Gobierno tenía previsto enviar a Bruselas el plan para acceder a los fondos europeos con antelación suficiente para empezar a lanzar las convocatorias a partir de marzo, pero se está demorando en el envío de la versión definitiva.

El día 30 de abril termina oficialmente el plazo que tienen los estados miembros para remitir a la Comisión Europea el plan definitivo, en el que deben figurar todas las reformas e inversiones que tiene previsto hacer el Ejecutivo con cargo a los fondos asociadas a unos hitos concretos para comprobar su cumplimiento.

El director de la Oficina de Asuntos Económicos de Moncloa, Manuel de la Rocha, ha insistido en numerosas ocasiones en que el Ejecutivo tenía previsto enviarlo cuanto antes y que lo haría mucho antes de que terminara el plazo. Primero se marcaron el objetivo de hacerlo en enero, después en febrero y finalmente la fecha final de envío se aproximará bastante con la del término de plazo.

Cuando el Gobierno confiaba en enviarlo en enero, tenía esperanza de que la UE lo aprobara de forma casi inmediata y le concediera al país el anticipo del 13% de los fondos, lo que permitiría que las primeras ayudas llegaran a las empresas en torno a marzo.

Sin embargo, la demora en el envío del plan y de su aprobación pospondrá la salida de las primeras convocatorias.

No dará tiempo a ejecutar los 27.000 millones

Si el Ejecutivo se demora en el envío hasta la fecha límite, la recepción de su plan por parte de las instituciones europeas coincidirá con la del resto de países, lo que podría suponer un retraso también por parte de Bruselas en la aprobación del plan y en la concesión de la prefinanciación.

El Gobierno ha previsto en sus Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 ejecutar a lo largo de este ejercicio 27.436 millones de euros procedentes de los fondos, una cantidad muy elevada para el poco tiempo del que dispone.

Aunque se puede optar a esos fondos con proyectos aprobados de forma retroactiva desde febrero 2020, economistas y expertos consultados por Vozpópuli advierten de que será prácticamente imposible que se ejecute un 100% de lo presupuestado y ven más factible que llegue en torno a la mitad.

El Ejecutivo necesita que la Unión Europea apruebe su plan para recibir el anticipo y tener certeza de que las inversiones y proyectos que quiere poner en marcha cuentan con el visto bueno de Bruselas.

Tendrán que negociar apoyos en el Parlamento

En este plan figurarán las grandes líneas estratégicas a las que quieren destinar el dinero (sin especificar los proyectos concretos), y también las reformas estructurales que se comprometen a sacar adelante para transformar el país, entre las que destacan la laboral y la de pensiones.

Para asegurarse de que cuando envíen el plan definitivo no habrá sorpresas desagradables, el Gobierno mantiene una interlocución fluida con las instituciones europeas y está intercambiando ideas para asegurarse de que son bien recibidas.

El problema está en que, aunque el Ejecutivo se comprometa con Bruselas a sacar adelante estas reformas, luego tendrá que conseguir los apoyos suficientes en el Parlamento para sacarlas adelante, lo que supone un verdadero desafío dada la fragmentación parlamentaria y la polarización política del Congreso.