Pedro Sánchez cuela a Yolanda Díaz una reforma del impuesto a las energéticas a partir de junio

El Gobierno mantendrá el impuesto a energéticas en 2024 de entrada, como estaba previsto, pero planea suavizarlo en los Presupuestos de 2024, que se estima que entrarán en vigor en junio. Así lo trasladan fuentes próximas al Ejecutivo sobre el futuro de este tributo y ante las negociaciones que se vienen produciendo de cara al Real Decreto-ley de ayudas que el Consejo de Ministros aprueba este miércoles.

Este impuesto se aprobó, junto con el de banca, como temporal para 2023 y 2024. Y aunque el ala socialista del Gobierno ha dado un viraje importante en diciembre y ahora ha trasladado que se abre a "rediseñarlo", no ha quedado claro si sería de cara ya a 2024. Este impuesto grava en 2023 los márgenes de 2022 y en 2024 los de 2023, con lo que quedaría todavía su pago el año que viene, el 50% anticipado en febrero y su declaración en septiembre.

Con todo, la ley que lo crea establece que en el último trimestre de 2023 se evaluaría. Pues bien, es en el marco de este informe en el que se produce la negociación a la que Sumar viene aludiendo y en la que aboga por que sea permanente, como recoge su pacto de gobierno con el PSOE. El que el impuesto siga en enero no es especialmente llamativo ya que es lo que está previsto y en su cambio de postura el PSOE no ha planteado que se vaya a suprimir, sino a "rediseñar".

El pasado 4 de diciembre, la vicepresidenta Teresa Ribera se avino a cambios en el impuesto a energéticas ante la amenaza de Repsol, Iberdrola y Endesa de llevarse inversiones fuera de España, lo que Pedro Sánchez confirmó el 7 de diciembre.

El 12 de diciembre, María Jesús Montero lo ratificó. "El diseño del impuesto era temporal", dijo Montero en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, pero en el acuerdo de investidura [con Sumar] se dice que se hará permanente", explicó, por lo que seguirá, y aclaró que "básicamente se darán incentivos a la inversión para la electrificación en red". Se quiere "mandar un mensaje al sector energético con el fin de que continúen o empiecen inversiones y para acelerar el ritmo". Cabe recordar que la misma Montero planteó en octubre tras firmar el pacto con Sumar que este impuesto no sólo se haría permanente sino que se endurecería.

Fuentes de Hacienda explicaron el 12 de diciembre que en el rediseño del impuesto a energéticas no se prevé reducir la cuota ni calcar el impuesto europeo, que grava beneficios y no márgenes. Se trataría de incentivos a la inversión en línea con enmiendas del PNV y PDeCAT que no se admitieron en la tramitación. Desde el Fisco trasladaban que el impuesto a la banca seguiría sin cambios.

Banca y grandes fortunas

Pues bien, tres días más tarde, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, abrió la puerta en Antena 3 a rediseñar el impuesto a la banca. "Es verdad que el sector no tiene ahora los beneficios que tenía", dijo Calviño preguntada por la revisión del impuesto a energéticas.

Y a continuación señaló que "tampoco los tipos de interés están subiendo ya tan rápido", en clara alusión al impuesto a la banca, que ha planteado que también se va a revisar: "Los dos impuestos se van a evaluar", dijo Calviño. Sin embargo, hay que recordar que estas declaraciones se enmarcaban en un contexto en el que Calviño estaba a las puerta de reunirse con las entidades financieras. 

El presidente del Gobierno ha confirmado este miércoles en la rueda de prensa de cierre de año que el impuesto a energéticas seguirá con un incentivo a la inversión que se habilitará en los Presupuestos de 2024, y ha abierto la puerta a que se haga permanente, mientras que el de la banca no seguiría en 2025. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha informado de que el Real Decreto-ley que ha aprobado el Consejo de Ministros "contempla la futura revisión de ambos gravámenes para su plena integración en el sistema tributario" de cara a 2025.

El impuesto que sí prevé la ley que desaparezca el 31 de diciembre es el de grandes fortunas, ya que entró en vigor en 2022, año que se ha pagado en 2023, y sigue como último ejercicio en 2023, que se pagará en 2024. Montero declaró en septiembre en Bruselas que se haría permanente mientras no se reformara la financiación autonómica.

Como ha desvelado este periódico, fuentes próximas a la ministra trasladaron a Vozpópuli que ahora no preveían que el impuesto siga porque entienden que ya ha cumplido su función: obligar a la Comunidad de Madrid y Andalucía a reactivar el Impuesto de Patrimonio. Si estas comunidades desactivan estas subidas, Hacienda puede recuperar grandes fortunas cuando quiera, según le ha avalado el Tribunal Constitucional. Desde Moncloa han confirmado este miércoles primero esta iniciativa, que luego han corregido: el impuesto se prorroga para 2024 y seguirá mientras no se reforme la financiación autonómica.