Los impuestos a bancos y energéticas no serán los últimos que Pedro Sánchez se sacará de la manga. Queda la traca final: nueve meses, de aquí a las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023, durante los cuales el Gobierno exprimirá a las empresas con la fiscalidad. El objetivo es adelantar a Yolanda Díaz por la izquierda, en un intento desesperado de agitar el granero del voto progresista.
Empresarios y economistas empiezan a asumir que el líder socialista avanzará en la reforma fiscal que reclaman sus socios de coalición. Pero lo hará impregnando su 'sello personal'. El Gobierno aprovechará la recta final del año para desplegar los 'hachazos' impositivos anunciados en el Debate del Estado de la Nación. Paralelamente, los fontaneros económicos de Moncloa irán trabajando en nuevas tasas e impuestos, que serán activados en función de las encuestas electorales.
Es ahí, en el palacio que habita Sánchez, donde se han cocinado las medidas que han hundido esta semana al Ibex. Son significativas 'anécdotas' como la que sigue. El martes, a primera hora de la tarde, el máximo responsable jurídico de un banco español llamó directamente a uno de los funcionarios de mayor rango de Hacienda. Buscaba una mínima explicación sobre el 'impuestazo' que Sánchez había anunciado, por sorpresa, antes de comer en el Congreso de los Diputados. Obtuvo una respuesta rápida e inesperada: "Nosotros lo hemos conocido pocas horas antes de que lo anunciase el presidente".
No le faltaba razón al portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, cuando aseguró este martes, recién concluido el discurso de Sánchez, que las medidas anunciadas eran fruto de un "brainstorming" improvisado. A veces, las decisiones más complejas -como imponer nuevas trabas a la actividad económica- obedecen a las explicaciones más sencillas -la necesidad partidista de reanimar el ánimo de los votantes-.
Nuevos impuestos a la vista
Salvo que el viento de las encuestas sople inesperadamente a favor, Moncloa irá armando una estrategia con distintas fases. La primera es construir un relato. Desde Moncloa se ha ido deslizando hacia los medios la idea de que el impuesto a la banca está más extendido de lo que parece. El objetivo es justificar un hachazo que, en la práctica, sólo tiene un precedente parecido en la Hungría del ultranacionalista Viktor Orban.
Paralelamente, el Ejecutivo está cargando las tintas contra los empresarios, para posicionarlos como merecedores de las nuevas cargas fiscales. “Lo que se llaman beneficios caídos del cielo no caen del cielo: salen del bolsillo de los consumidores”, aseveró el propio Sánchez en su discurso inicial del Debate del Estado de la Nación. Y añadió: "No vamos a consentir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de pocos". El lenguaje del líder socialista no desentonaría en boca de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.
El viraje a la izquierda de Sánchez huele al peronismo más kirchneriano. Por eso no es exagerado pronosticar que, tras los impuestos a las energéticas y los bancos, Hacienda pondrá a otros sectores en el punto de mira. Como contó en Vozpópuli Mercedes Serraller, quedan muchos caladeros en el Ibex donde pescar: desde las constructoras a las telecos, pasando por el sector de la todopoderosa Inditex.
También los hay fuera del parqué bursátil, como recordó hace cinco días Unidas Podemos, cuyos prebostes salivan al imaginar una tasa para gravar a los líderes de la distribución, desde Mercadona a El Corte Inglés, que "se están beneficiando del aumento de la inflación mientras a las familias les cuesta llegar a fin de mes".
"Se llama redistribuir la carga social y que, por tanto, aquellos que más ganan sean los que más aportan a la bolsa común", aseguró este jueves en La Ser la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En sus manos está la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Tendrán una línea argumental básica: la "justicia social y fiscal".
La confianza en que la mano dura contra las empresas generará réditos electorales se traducirá en un refuerzo de los ingresos presupuestarios por la vía impositiva. Más cargas para las empresas de este país, que ya soportan una presión fiscal más elevada que sus competidores europeos. Al acabar 2018, según los últimos datos homogéneos disponibles esa presión ascendía al 11,6%, frente a una media del 9,6% en la UE. El indicador ha ido asciendo. Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), cerró 2021 en el entorno del 12%, agrandando la brecha. Un dato más: las empresas españolas aportan el 31,9% del total de ingresos públicos, muy por encima de la media europea (24,6%).
Habrá más presión fiscal, pero no se espera ningún ajuste del gasto, como viene reclamando desde que aterrizó en Génova Alberto Núñez Feijóo. Hablamos del gasto superfluo, prescindible, sin el cual el engranaje del Estado funcionaría exactamente igual. Nada cambiará en el tramo final de la legislatura para la pléyade de asesores a sueldo de Moncloa, cuyas nóminas sufraga el erario público.
Tampoco se resentirán los miembros del Gobierno habituados a viajar en los asientos mullidos del Falcón, financiado igualmente con el dinero de todos los españoles, desnutridos hoy por culpa de la inflación. No debe resultar fácil renunciar a un jet tan confortable como los que usan en sus desplazamientos intercontinentales los 'popes' del Ibex, como Ignacio Sánchez Galán o Ana Patricia Botín, timoneles de las multinacionales a las que el líder socialista quiere ahora ordeñar.
Pedro Sánchez le cogió el gusto al Falcon en aquel viaje 'iniciático' a Benicàssim, para ver a The Killers en el FIB. Una sensación parecida debió experimentar hace unos días Irene Montero al cruzar el Atlántico en un avión con tan escaso pasaje.
Paradojas de la vida, la ministra de Igualdad acabó envuelta en una polémica como la que protagonizó hace un año Cristina Fernández de Kirchner. La vicepresidenta argentina, toda una referencia para los fundadores de Unidas Podemos, fue investigada el pasado años por usar 21 veces el avión presidencial para viajar a su residencia personal en El Calafate, la misma que visitó Pablo Iglesias en 2018. Es fácil pregonar la "justicia social" desde un púlpito político, pero no tanto incorporarla a los hábitos diarios.
